Al considerar que el proyecto de reforma a la justicia privatiza el sistema y no incluye ninguna modificación sustancial para garantizarles a las personas a la rama judicial, el Tribunal Superior de Bogotá pidió retirar el proyecto que se debate en la actualidad en el Congreso.
El presidente el Tribunal, Marco Antonio Álvarez aseguró que dicho proyecto no tiene ninguna propuesta para que los colombianos “accedan a una administración de justicia de manera autónoma, calificada e independiente”.
Para el magistrado esta reforma afecta la división entre el poder legislativo y ejecutivo. “De ello son evidencia el énfasis que se hace en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades administrativas, sobre las cuales se ejerce un control jerárquico y que tienen una evidente connotación política”.
Igualmente se cuestiona el hecho de permitir a las autoridades administrativas “imponer arrestos” y vigilar y controlar el sistema al mismo tiempo. “No es posible que quien haya sido cuestionado por sus demoras e ineficientes en el ejercicio de algunas tareas administrativas sea llamado ahora a fungir como juez para que solucione los problemas de la justicia”; precisó el presidente del tribunal.
Así mismo, se considera que el proyecto que busca una reforma constitucional “privatizaría la justicia”, puesto que se amplía el espectro de las personas que puedan emitir justicia a “particulares, notarios, centros de conciliación y funcionarios de la Rama Ejecutiva”.
"En un Estado Social de Derecho y en una democracia, las partes tienen el derecho a que un Juez del Estado pueda resolver los conflictos jurídicos. No podemos aceptar la promoción de una justicia en la que el ciudadano, que ya pagó impuestoas, tiene que remunerar a quien le debe dirimir el litigio", precisa en uno de los apartes del comunicado de 5 puntos que leyó el magistrado.