En el amplio expediente judicial por el escándalo del llamado carrusel de la contratación de Bogotá les llegó el turno a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Ambos están citados este jueves a audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.
Ricardo González, fiscal delegado ante la Corte Suprema, quien quedó al frente de la investigación, dice tener suficientes evidencias para llevar a juicio a estos empresarios por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, interés indebido de contratos y peculado.
Y es que en contra de estos contratistas del Distrito existen múltiples señalamientos dentro del proceso, por lo que muchos esperaban que también la justicia los llamara a rendir cuentas, porque supuestamente influyeron en la contratación del Distrito e, incluso, supuestamente cobraron comisiones a contratistas a nombre del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas.
Los señalan de haber sido intermediarios entre la administración distrital y el polémico Grupo Nule, en el desarrollo de la construcción de la Fase III de Transmilenio y obras de la malla vial de Bogotá. Pero, quizá, los hechos donde estarían más involucrados son los contratos 071 y 072 de malla vial, donde los empresarios tuvieron participación. La Fiscalía considera que los excontratistas pudieron haber actuado irregularmente frente a la celebración de estos convenios.
De Tapia, además, investigan su posible apoyo financiero a la campaña del suspendido alcalde Samuel Moreno, con un posible aporte de $5.000 millones. Esto estaría complementado por las declaraciones del exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien señaló a estos contratistas como las personas detrás del poder en la administración de Moreno Rojas.
Tras la decisión de Meléndez de colaborar con la justicia, en escenarios como la Procuraduría y la Fiscalía han señalado que el poder de Tapia y Gómez llegó a tal punto de ser quienes ponían y quitaban funcionarios en el Distrito. Su mayor interés estuvo en el IDU, donde se firmaban los principales contratos de obra para la capital del país.
Con el llamado de Tapia y Gómez sube la lista a 13 personas procesadas por este escándalo. A ellos se suman Miguel, Guido y Manuel Nule, así como su socio Mauricio Galofre, quienes aceptaron el delito de peculado y están pendientes de juicio por cuatro cargos más.
También la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona y el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, quienes están en etapa de juicio; el exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien negoció con la Fiscalía; el excongresista Germán Olano y el senador Iván Moreno, en proceso ante la Corte Suprema.
Finalmente, el abogado Álvaro Dávila, que estará en imputación el 31 de agosto, y el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en imputación el 29 de agosto.