Tutela contra el caricaturista Matador: libertad de expresión en época electoral

En manos de la justicia quedó una tarea importante: determinar si se admite o no la tutela que el abogado uribista —él mismo se define así— José Luis Reyes Villamizar presentó en contra del caricaturista de El Tiempo Julio César González Quiceno, a quien todos conocen como Matador, y contra el periódico mismo. Todo a raíz de una caricatura que fue publicada el 25 de febrero de este año, titulada “Duque, reflexiona”, en la cual el precandidato presidencial del Centro Democrático, el senador Iván Duque, corresponde al dibujo de un cerdo con cara de preocupado que dice: “¡Ay, no! Soy el único uribista que no está ‘cochino’”.

“Es claro que la caricatura mencionada está orientada a denigrar públicamente a los seguidores del expresidente Uribe (o uribistas), incluyendo allí a los candidatos del movimiento a corporaciones públicas”, argumentó Reyes Villamizar, quien agregó que la consecuencia era entonces influir “de manera arbitraria, y con el pretexto de realizar una manifestación humorística o jocosa, en la libertad de conciencia de los colombianos y en su derecho a ejercer su facultad de elegir sin interferencias, manipulaciones o presiones de los medios de comunicación”.

Según Reyes Villamizar, la caricatura de Matador amenaza “con dañar la imagen de los candidatos del referido partido político”, y por eso le pide a un juez que, por una parte, le ordene a Matador “pedir excusas pública e incondicionalmente a los lectores” y, por otra, proteger “los derechos fundamentales al buen nombre, libertad de conciencia y la libertad de elegir de los militantes del partido Centro Democrático (llamados ‘uribistas’) y de los electores colombianos en general”. “Quieren censurar mi libertad de expresión”, fue la respuesta de Matador por Twitter.

(En contexto: Con tutela, exigen que "Matador" se disculpe por una caricatura)

“Todo este asunto entraña un tema político y no podemos interferir de ninguna manera. Pero la caricatura es periodismo de sátira, y las personalidades políticas son objeto de ello siempre. No es posible que las campañas políticas se muevan a través de los jueces. Tiene razón Matador cuando dice que se busca un tipo de censura. Por supuesto que cualquier pieza de periodismo tiene la capacidad de mover a la opinión, de eso se trata: que la gente tenga elementos de juicio alrededor de los hechos. Pero el juez lo único que puede hacer es amparar la libertad de expresión y no permitir esta forma de censura”, le dijo a este diario Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

El Centro Democrático lucha, dicen sus líderes políticos, para que Colombia no se vuelva Venezuela. Por esa referencia, esta tutela no deja de ser paradójica, pues el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también la ha emprendido contra las caricaturas. Lo hizo, por ejemplo, en 2015, cuando el caricaturista Vladdo de la revista Semana elaboró el “nuevo escudo” de Venezuela en el cual reemplazó los símbolos con dibujos que representaban la escasez que azota a ese país, como un caballo famélico. “Repudio la campaña de manipulación, mentiras y odio que hay en Colombia contra Venezuela”, dijo entonces Maduro.

En 2014, Ecuador se enganchó en un debate similar. “Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas”, salió a decir el entonces presidente Rafael Correa luego de la publicación de una viñeta de Bonil, quien resultó sancionado por el órgano de control de la información que creó el propio Correa en su gobierno. “Si uno está en lo público, tendría que aceptar por la democracia una mayor exposición a la crítica. Le corren la cerca a la libertad de expresión”, señala Julio Gaitán, director del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario.

(Le puede interesar: Margarita Ariza, blanco de la censura familiar)

En Colombia también hay precedentes sobre el debate alrededor de la libertad de expresión. Uno de ellos es la tutela que contra la artista Margarita Ariza presentaron miembros de su misma familia, luego de que ella hiciera pública su exposición “Blanco porcelana” para reflexionar sobre el racismo. Sus parientes pidieron protección a su intimidad personal y familiar, y al buen nombre. “Cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la libertad de expresión se presume inconstitucional, y por tanto debe ser sometida a un control constitucional estricto”, recordó en 2015 la Corte Constitucional cuando el caso llegó a sus manos.

Ese alto tribunal ya ha discutido en varias ocasiones el tema de la libertad de expresión y ha concluido que “el juez constitucional no podría exigirles a los autores de las obras literarias ni de otras expresiones artísticas, modificar las técnicas o los contenidos que los autores decidieran incluir en su obra”. En el caso de la tutela contra Matador, dice el filósofo Richard Tamayo, “decir que se interfiere con la libertad de conciencia es un juicio subjetivo, una suposición; es algo hipotético y en esa medida no viola ningún derecho fundamental. Lo mismo se podría decir de una encuesta. No veo posibilidad de que un juez se tome en serio esos argumentos, pero en este país uno nunca sabe”.

En manos de la justicia quedó una tarea importante: determinar si se admite o no la tutela que el abogado uribista —él mismo se define así— José Luis Reyes Villamizar presentó en contra del caricaturista de El Tiempo Julio César González Quiceno, a quien todos conocen como Matador, y contra el periódico mismo. Todo a raíz de una caricatura que fue publicada el 25 de febrero de este año, titulada “Duque, reflexiona”, en la cual el precandidato presidencial del Centro Democrático, el senador Iván Duque, corresponde al dibujo de un cerdo con cara de preocupado que dice: “¡Ay, no! Soy el único uribista que no está ‘cochino’”.

“Es claro que la caricatura mencionada está orientada a denigrar públicamente a los seguidores del expresidente Uribe (o uribistas), incluyendo allí a los candidatos del movimiento a corporaciones públicas”, argumentó Reyes Villamizar, quien agregó que la consecuencia era entonces influir “de manera arbitraria, y con el pretexto de realizar una manifestación humorística o jocosa, en la libertad de conciencia de los colombianos y en su derecho a ejercer su facultad de elegir sin interferencias, manipulaciones o presiones de los medios de comunicación”.

Según Reyes Villamizar, la caricatura de Matador amenaza “con dañar la imagen de los candidatos del referido partido político”, y por eso le pide a un juez que, por una parte, le ordene a Matador “pedir excusas pública e incondicionalmente a los lectores” y, por otra, proteger “los derechos fundamentales al buen nombre, libertad de conciencia y la libertad de elegir de los militantes del partido Centro Democrático (llamados ‘uribistas’) y de los electores colombianos en general”. “Quieren censurar mi libertad de expresión”, fue la respuesta de Matador por Twitter.

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“Todo este asunto entraña un tema político y no podemos interferir de ninguna manera. Pero la caricatura es periodismo de sátira, y las personalidades políticas son objeto de ello siempre. No es posible que las campañas políticas se muevan a través de los jueces. Tiene razón Matador cuando dice que se busca un tipo de censura. Por supuesto que cualquier pieza de periodismo tiene la capacidad de mover a la opinión, de eso se trata: que la gente tenga elementos de juicio alrededor de los hechos. Pero el juez lo único que puede hacer es amparar la libertad de expresión y no permitir esta forma de censura”, le dijo a este diario Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

El Centro Democrático lucha, dicen sus líderes políticos, para que Colombia no se vuelva Venezuela. Por esa referencia, esta tutela no deja de ser paradójica, pues el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también la ha emprendido contra las caricaturas. Lo hizo, por ejemplo, en 2015, cuando el caricaturista Vladdo de la revista Semana elaboró el “nuevo escudo” de Venezuela en el cual reemplazó los símbolos con dibujos que representaban la escasez que azota a ese país, como un caballo famélico. “Repudio la campaña de manipulación, mentiras y odio que hay en Colombia contra Venezuela”, dijo entonces Maduro.

En 2014, Ecuador se enganchó en un debate similar. “Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas”, salió a decir el entonces presidente Rafael Correa luego de la publicación de una viñeta de Bonil, quien resultó sancionado por el órgano de control de la información que creó el propio Correa en su gobierno. “Si uno está en lo público, tendría que aceptar por la democracia una mayor exposición a la crítica. Le corren la cerca a la libertad de expresión”, señala Julio Gaitán, director del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario.

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En Colombia también hay precedentes sobre el debate alrededor de la libertad de expresión. Uno de ellos es la tutela que contra la artista Margarita Ariza presentaron miembros de su misma familia, luego de que ella hiciera pública su exposición “Blanco porcelana” para reflexionar sobre el racismo. Sus parientes pidieron protección a su intimidad personal y familiar, y al buen nombre. “Cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la libertad de expresión se presume inconstitucional, y por tanto debe ser sometida a un control constitucional estricto”, recordó en 2015 la Corte Constitucional cuando el caso llegó a sus manos.

Ese alto tribunal ya ha discutido en varias ocasiones el tema de la libertad de expresión y ha concluido que “el juez constitucional no podría exigirles a los autores de las obras literarias ni de otras expresiones artísticas, modificar las técnicas o los contenidos que los autores decidieran incluir en su obra”. En el caso de la tutela contra Matador, dice el filósofo Richard Tamayo, “decir que se interfiere con la libertad de conciencia es un juicio subjetivo, una suposición; es algo hipotético y en esa medida no viola ningún derecho fundamental. Lo mismo se podría decir de una encuesta. No veo posibilidad de que un juez se tome en serio esos argumentos, pero en este país uno nunca sabe”.