“Tuve conocimiento de que había numerosos desaparecidos”

El ex presidente Belisario Betancourt dijo en declaración juramentada ante el Juez 30 Penal de Instrucción Criminal, Alfonso Triana Rincón, que conocía de varias desapariciones que habían tenido ocasión durante los hechos que se produjeron en el holocausto del Palacio de Justicia, lo que según algunas de las víctimas se constituye en una de las verdades inexploradas de la tragedia.

“No solamente de los empleados de la cafetería sino que tuve conocimiento de que había numerosos desaparecidos. Como lo expresé hace algunos instantes al señor Fiscal, entonces a través del ministro de Justicia, doctor Parejo, dispuse la iniciación  de todas las investigaciones que fueren necesarias, siguiendo las huellas mínimas que pudieran percibirse de cualesquiera desaparecidos y en efecto se abrieron numerosas investigaciones, entre ellas la de los empleados de la cafetería”, dijo el ex mandatario en diligencia efectuada el 5 de marzo de 1987.

Para René Guarín, hermano de una de las desaparecidas, el hecho más sorprendente lo constituye el que el propio jefe del Gobierno de la época haya sido quien ordenara la conformación de la comisión para que indagara sobre unos hechos que tienen que ver con la actuación de una institución que él mismo, como Presidente, dirigía en calidad Comandante Supremo. Asegura que es imposible creer en la imparcialidad con la que actúen unos operadores judiciales de esa naturaleza.

“Trascurrido un mes de la tragedia ocurrió un hecho casi que inusual en el mundo, diría yo, y es que el Presidente, es decir, el máximo Comandante de las Fuerzas Militares, crea un  tribunal para que investigue los hechos del holocausto (…) Es decir, crea un ente que investigue las actuaciones de la institución de la cual es el máximo Comandante”, indicó.

Agregó que su padre, José Guarín, notó que el Juez de Instrucción Criminal asignado al caso no buscaba esclarecer las condiciones de la desaparición de su hija Cristina, sino que se empecinaba en desentrañar los supuestos vínculos que, al parecer, creía que poseía la mujer con el M-19.

“Mi papá, cuando salía de ese juzgado decía – Carajo, yo estoy es averiguando por una hija que está desaparecida y me estoy encontrando es con unos jueces que están tratando de decir: mi hija pertenecía al comando guerrillero”, precisó.

Por su parte, Cecilia Cabrera, quien fuera la esposa del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, recordó que fueron los mismos militares los que expresaron su intención de no judicializar a ninguno de los sospechosos detenidos en la retoma, lo que a su juicio es la confesión tácita de que el propósito era matarlos a todos.

En la agenda que abrió días después para registrar cada paso de su búsqueda por la verdad, tomó nota de una visita a la Escuela de Caballería efectuada el 14 de enero de 1986, en la que el Mayor Gómez le dijo que no iban a permitir que quedaran libres los guerrilleros detenidos, como ocurrió tras el robo de 5 mil armas del Cantón Norte que protagonizó el M-19 el primero de enero de 1979.

Según Cecilia Cabrera, el Oficial respondió: “tengan la seguridad que si hubiera algún detenido guerrillero no lo entregaríamos a la  Justicia, porque no vamos a permitir que pase lo que pasó con el robo de las armas en el Cantón Norte, donde hubo 150 detenidos y a los cuatro días no había ningún preso. Lo que nos quisieron decir tácitamente fue ‘no detuvimos a nadie, porque simplemente los matamos a todos’”.

A su turno, el hijo del magistrado Manuel Gaona, quien conserva su mismo nombre, asegura que cada vez son más claros los indicios acerca de la responsabilidad de la Fuerza Pública en el asesinato del alto jurista.

Agregó que fotografías que adquirió el año anterior demuestran que la información recogida en la necropsia parece haber sido manipulada, pues no coincide con la verdadera trayectoria de la bala, ni con el aspecto físico que tenía el togado, ni con la hora en la que realmente pereció.

“Yo logré recopilar pruebas contundentes que, por los menos en el caso de mi padre, evidencian que él fue ultimado por la Fuerza Pública (…) En las fotografías donde sale el cuerpo de mi padre se observa claramente el orificio de entrada de bala en su sien derecha, es decir, un tiro de gracia, un tiro de ejecución en la sien”, indicó Gaona, quien recordó que periodistas y alumnos de su papá dijeron haberlo visto salir con vida del Palacio.

Precisó que la Comisión de la Verdad desconoció fehacientemente la dimensión de estos elementos documentales, pues al ser aportados por él, no les dio el valor probatorio que en realidad tenían.

Frente a las versiones que surgieron en los años posteriores al inicio de la investigación y que en un momento dado parecieron erigirse en verdades plenamente verificables, el abogado Germán Romero, quien representó a la parte civil en los procesos judiciales que cursan en la actualidad, desestimó que fuera el narcotráfico el financiador de la toma por parte del M-19.

“Está demostrado judicialmente que no;  en cambio, sí se probó que la Brigada 13 y unidades de Inteligencia del Ejército para 1985 eran la escolta y protección de  Rodríguez Gacha, además del papel de Plazas Vega en la Dirección Nacional de Estupefacientes ¿Por qué hoy se determina como un nicho de corrupción esa entidad?” cuestionó el jurista.

Agregó que es evidente que la retoma del Palacio fue una acción preparada con la suficiente ante sala por parte de las fuerzas del orden que, teniendo plena conciencia de los planes de los insurgentes, alertaron a todas sus unidades y, sin embargo, retiraron la seguridad con la que cobijaron inicialmente el máximo escenario de la Justicia colombiana.

“Total, no lo dicen quienes reclaman Justicia, lo dice el marconigrama del E2, el Plan Tricolor, el Manual de Operaciones del B2 de la Brigada 13 ¿Por qué se retiró la vigilancia del Palacio? Esa pregunta hay que hacérsela a la Policía, incluyendo a Naranjo ¿Por qué Plazas Vega fue con el traje de gala al combate? ¿Por qué se ordenó la operación rastrillo, la adecuación existente y ya cotidiana de las caballerizas como centros de detención y tortura?”, dijo.

Mientras tanto, Yesid Reyes, hijo del inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época Alfonso Reyes Echandía, aseguró que, por desgracia, aún hoy hay quienes persisten en integrar ese pacto que ha silenciado la verdad durante un cuarto de siglo.

“Yo creo que sigue habiendo un pacto de silencio; el Presidente Betancourt no ha dado muchas explicaciones y, de todas formas, pues hubo un indulto y amnistía al M-19 que paralizó el proceso contra ellos durante 25 años y procesos como el de los desaparecidos apenas comienzan”, manifestó.

Alejandro Medellín, quien también recibió el saludo de la orfandad en esta tragedia con el deceso de su padre, el magistrado Carlos Medellín, sostuvo que tanto los guerrilleros como la institucionalidad incurrieron en el mismo grado de irracionalidad.

“Para nosotros no hay ninguna distinción entre la locura  del M-19, la locura del Ejército y la del Presidente de la República”, precisó.

Finalmente, el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, sembró nuevamente dudas respecto a la responsabilidad que se le debe cobrar a los desmovilizados del M-19 por el holocausto, al asegurar que no puede adecuarse a amnistías ni prescripciones, por tratarse de un delito de lesa humanidad.

Jorge Franco, hermano de la desparecida guerrillera Irma Franco, señaló que la figura no puede acoger a los insurgentes, pues se trataba de una acción de rebeldía, que aunque tuviera excesos, no tenía actuaciones contempladas por el Estatuto de Roma.

Luis Alberto Gil, desmovilizado de la organización rebelde y hoy vinculado al escándalo de la parapolítica, no sólo dijo estar de acuerdo con la declaratoria como delito de lesa humanidad promovida hace dos meses por el Tribunal Superior de Bogotá para mantener viva la acción penal contra los guerrilleros; también señaló estar dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponda frente al holocausto y pidió perdón por la ejecución de la toma.

Rafael Barrios, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se mostró de acuerdo con la tipificación y recordó la determinación del Tribunal en contra del Eme, aún cuando se abstuvo de manifestar si avala o no acciones en contra de los ex alzados en armas.