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“El miedo no era al COVID, sino encontrarse con la Policía al salir”. Esta frase se volvió común en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá, durante la pandemia. En toda Colombia se le entregó la responsabilidad a la Policía de vigilar que los ciudadanos cumplieran con las medidas de aislamiento y en ese sector de la capital del país estas facultades adicionales se sumaron a una relación ya tensionante con la fuerza pública. La bomba de tiempo estalló el 9 de septiembre de 2020, en una jornada de protestas que dejó trece muertos en toda la ciudad, tres de ellos en Verbenal. Un informe de la ONG Temblores reconstruye lo que sucedió en ese barrio y otros de Suba.
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Según el informe “Ni un minuto de silencio: 9S sin olvido”, esa creciente tensión que había entre ciudadanos y Policía se debe a lo que Temblores llama un “poder extralimitado”. El coordinador de la investigación, Alejandro Rodríguez, lo explica a El Espectador con un ejemplo: “Antes, la Policía molestaba a alguien que se vestía de determinada manera, pero con la pandemia y las cuarentenas, la Policía estaba legitimada para expulsar del espacio público a cualquier persona”. En ese sentido, la organización encontró que entre marzo y octubre de 2020 se disparó la imposición de comparendos por la figura de irrespeto a la autoridad.
En febrero de 2020, antes de las primeras medidas de aislamiento, se impusieron cerca de 2.000 comparendos por esta causa, que se refiere directamente a la relación entre ciudadanos y Policía, pero en mayo hubo más de 55.000 por la misma razón. Laura Rozo, quien ha liderado la Mesa de Diálogo de Verbenal tras lo ocurrido el 9S, se refirió así en entrevista con este diario: “En medio de la pandemia, los policías se volvieron reyes y señores del barrio. Parecía que estuvieran arreando ganado cuando mandaban a todo el mundo a la casa según su parecer. Incluso, una vez me cuestionaron por mi tapabocas, por ejemplo”. Entonces, cuando dos policías mataron a Javier Ordóñez, estudiante de Derecho, el rechazo no dio espera.
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“Luego de lo que ocurrió con Javier Ordóñez, como muchos habíamos sido sometidos a estos poderes extraordinarios que le dieron a la Policía por simplemente estar en el parque o salir de la casa a cierta hora, todo el mundo salió a decir: ¡no más!”, recordó Rozo. En varios puntos de Bogotá y Soacha, las protestas se tornaron violentas y los ciudadanos se tomaron varios CAI. “Se sabe que en algunos barrios hubo saqueos, pero, por ejemplo, en Verbenal no hubo y en cambio sí hubo tres muertos”, comentó Alejandro Rodríguez. Esa noche, Jaider Fonseca, de 17 años; Andrés Felipe Rodríguez, de 23, y Cristian Hernández, de 26, fallecieron, al parecer, por balas de la Policía.
Se supone que desde un Puesto de Mando Unificado en la sala de crisis de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) se ordenaba cómo proceder. Por lo menos eso fue lo que les contestó la fuerza pública a Temblores cuando pidieron registros de todas las órdenes dadas en las noches del 8, 9 y 10 de septiembre; pero la entidad agregó que no podía entregar una relación de las órdenes, pues “no se tienen antecedentes de actas del PMU teniendo en cuenta que las órdenes se emiten de manera radial”.
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Aunque la ONG también pidió relación de quiénes estuvieron al mando de algunas estaciones y CAI en puntos neurálgicos de la capital esa noche, la entidad se negó a entregarla. Según la Policía, es “información sensible que, por estar inmersa en expedientes disciplinarios y penales, está amparada por reserva”. Para Rodríguez, coordinador del informe de Temblores, esta negativa de entregar la información los lleva a dos hipótesis: “Por un lado, o se rompió la cadena de mando y los policías en la calle comenzaron a actuar según su parecer y dispararon por decisión propia o, en efecto, se dio la orden de disparar contra los manifestantes”.
Otro elemento que reprocha Temblores es que, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre “no se enmarcaron en actividades propias de una protesta social, sino que fueron registrados por la MEBOG como hechos violentos”. La respuesta es extraída de un documento que la propia entidad entregó al Concejo de Bogotá cuando se increpó al exsecretario Hugo Acero por lo sucedido. “Precisamente al no reconocerlo como protesta social no se le dio el trato correspondiente”, aseguró Rodríguez, y “esto muestra que hubo negligencia, que no estaban preparados para lo que podía seguir a la muerte de Javier Ordóñez”.
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En Verbenal, la Policía todavía tiene el respaldo de las juntas de acción comunal, lo que ha generado roces con organizaciones como la Mesa de Diálogo, que tienen una postura más crítica y, mes a mes, han organizado eventos de conmemoración de lo sucedido. “Quienes fundaron Verbenal eran campesinos, muchos de ellos desplazados. En su momento, salieron a marchar para que les pusieran el acueducto, pero hoy no aceptan que nosotros marchemos por la vida”, comentó Rozo, quien añadió: “Esperamos que por medio de este informe y, ahora que se cumple un año, se pueda esclarecer lo que ocurrió aquí, porque no haber tomado cartas en el asunto con el 9S influyó en la brutalidad policial que vimos en el paro nacional de este 2021”.