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Desde antes de asumir como presidente en agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez tenía claro que el capítulo crucial de su anunciada ofensiva contra las Farc iban a ser las zonas de frontera. A dos semanas de su posesión, lo advirtió en una gira por los países vecinos, al demandar apoyo regional a su causa antiterrorista para enfrentar una amenaza que ya desbordaba los límites territoriales de Colombia.
Con más promesas que hechos, los mandatarios vecinos anunciaron su ayuda. El presidente Hugo Chávez, quien ya iba por su tercer año de gobierno en Venezuela y tres meses antes había superado una intentona golpista, refrendó su tesis de la neutralidad ante el conflicto colombiano. Los presidentes de Ecuador, Gustavo Noboa; del Perú, Alejandro Toledo, y del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, capotearon diplomáticamente la propuesta sin comprar la pelea.
En un año, el ajedrez político regional comenzó a cambiar. En enero de 2003 asumió como presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, quien apoyó de inmediato a Uribe en su alianza contra las Farc. Un mes más tarde, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, lideró una declaración de países centroamericanos para cerrarle el paso política y militarmente a la guerrilla. En Brasil llegó Luiz Inácio Lula da Silva y persistió la ayuda, pero tomando distancia de la guerra.
El presidente Uribe ya había desplegado en Colombia su ofensiva del Plan Patriota, con una fuerza de 18.000 hombres empeñados en desterrar a las Farc de sus zonas de retaguardia en el sur del país. La presión militar comenzó a sentirse con mucha fuerza en las fronteras y apenas empezando 2004, el gobierno Uribe concretó su primer golpe a la guerrilla: con el apoyo directo del gobierno ecuatoriano, el 2 de enero fue capturado en Quito el jefe de las Farc Simón Trinidad.
La alianza fronteriza demostró su eficacia y los 586 kilómetros de límites territoriales entre Ecuador y Colombia se tornaron inseguros para las Farc. Sin embargo, en un año la situación volvió a cambiar porque, presionado por las protestas y acorralado por la oposición, en abril de 2005 el mandatario Lucio Gutiérrez abandonó la Presidencia y se asiló en Brasil. Su sucesor, Alfredo Palacio, recobró el escenario de la diplomacia sin comprometerse en la guerra colombiana.
El objetivo trasnacional de Uribe en su lucha antiterrorista quedó en suspenso en el capítulo Ecuador, en momentos en que Colombia empezaba a vivir una grave crisis en sus relaciones con Venezuela, precisamente por una operación contra las Farc que se hizo a espaldas del gobierno de Hugo Chávez. El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2004, cuando agentes de inteligencia de Colombia, con el apoyo de funcionarios venezolanos, capturaron al denominado ‘canciller’ de las Farc, Rodrigo Granda.
Después se supo que el jefe guerrillero fue detenido en una cafetería de Caracas, llevado secretamente hasta la frontera y formalizada su captura en Cúcuta. Con su acostumbrado verbo, en enero de 2005 el presidente de Venezuela retiró a su embajador en Bogotá, anunció la parálisis de todo acuerdo y negocio con Colombia y precipitó una compleja crisis diplomática que hizo necesaria la intervención de varios mandatarios de América Latina para zanjar una disputa sin vencedores ni vencidos.
La crisis le dejó claro al gobierno Uribe que en su ofensiva antiterrorista, sin el apoyo tácito de los estados vecinos, debía ser muy cuidadoso con la soberanía ajena. Sin embargo, el 25 de junio de 2005 el ejército colombiano sufrió el más duro revés de la era Uribe y una vez más quedó en evidencia que el talón de Aquiles de su política de seguridad era la zona de frontera. La acción tuvo lugar en los límites territoriales entre Ecuador y Colombia, donde perdieron la vida 22 soldados.
En el punto conocido como Teteyé, a orillas del río Putumayo, un destacamento de guerrilleros atacó una base del Batallón Plan Especial Energético y Vial 11 del Ejército y, después de causar la muerte de los uniformados, se internó en territorio ecuatoriano por aguas del río San Miguel. El tema volvió a agitar el debate fronterizo y puso en evidencia, nuevamente, lo que denunció en pocas palabras el entonces alcalde de Puerto Asís (Putumayo), Jorge Coral: “la guerrilla delinque en Colombia y se oculta en Ecuador”.
El hecho suscitó un nuevo pulso diplomático, esta vez con Ecuador, que empezaba a vivir su debate electoral para cambio de presidente, dejando ver que uno de los temas determinantes de la campaña era precisamente la frontera con Colombia. Todos los candidatos tomaron distancia del Plan Colombia y se mostraron muy cautos frente a la lucha antiterrorista del gobierno Uribe. Finalmente se impuso Rafael Correa, el más cercano a Hugo Chávez y el más escéptico frente a la alianza fronteriza contra las Farc.
En enero de 2007, Rafael Correa asumió la Presidencia de Ecuador y en menos de un mes ya había llamado a consultas a su embajador en Bogotá. La razón: el impacto de la guerra colombiana en la zona limítrofe. Sólo en mayo volvió el embajador ecuatoriano Alejandro Suárez, manifestando que el gobierno Uribe había asumido una actitud más abierta y comprensiva con los reclamos de Ecuador. El acuerdo fue regular territorialmente la fumigación de cultivos ilícitos en la frontera, para no afectar a los campesinos ecuatorianos.
Pero el pulso entre Colombia y Ecuador no quedó saldado y el canciller ecuatoriano volvió a alborotar el avispero en noviembre de 2007, cuando afirmó que su país no limitaba al norte con Colombia sino con las Farc. La situación no pasó a mayores, quizás porque el gobierno Uribe empezaba a vivir otro dolor de cabeza fronterizo. Después de autorizarlo, el presidente Uribe le quitó al mandatario venezolano Hugo Chávez la mediación con las Farc para la liberación de los secuestrados políticos.
Desde entonces, y a pesar de que a través del presidente Chávez en enero y febrero la guerrilla liberó a seis secuestrados, con Venezuela el ambiente venía caldeado. Y acabó de agrietarse en la mañana del pasado primero de marzo, cuando se produjo el bombardeo de un campamento permanente de la guerrilla en la zona fronteriza con Ecuador, a 1.800 metros del límite entre los dos países. En la acción murieron el miembro del Secretariado Raúl Reyes y 20 guerrilleros más. Lo demás es historia reciente.
Hoy, Colombia afronta la más difícil crisis diplomática de toda su historia. Venezuela y Ecuador rompieron relaciones con el gobierno Uribe. Después lo hizo Nicaragua, con la que Colombia mantiene una disputa limítrofe en el Tribunal de La Haya. Aunque la OEA no sancionó al país y Estados Unidos respaldó al presidente Uribe, la situación ha volcado los ojos del mundo hacia Colombia. La estabilidad de la región pasa hoy por la esquina noroccidental de América Latina.
No obstante, más allá de las soluciones que puedan evitar un conflicto mayor, los 6.342 kilómetros de fronteras terrestres de Colombia con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá seguirán siendo un reto permanente de seguridad por la presencia de las Farc. El comandante de la Brigada 27 del Ejército (ubicada en Putumayo), general Javier Fernández, asegura que las Farc “atraviesan el río y nos colocan explosivos para evitar que les quitemos la droga”.
El frente 48 de las Farc, encargado de las finanzas y logística para el Bloque Sur de la guerrilla, es el principal dolor de cabeza en la frontera colombo-ecuatoriana. Pero no sólo la muerte de Raúl Reyes lo ha debilitado. La Fuerza de Tarea Conjunta, que trabaja en Nariño y Putumayo, ha tenido durante los últimos años la labor de cercar este frente. Las Fuerzas Militares aseguran que han logrado debilitarlo. Sin embargo, el 1º de marzo las Farc atentaron contra el oleoducto que pasa por Orito (Putumayo) y semanas atrás habían atentado contra el oleoducto trasandino, en Nariño.
En lo que respecta a la frontera colombo-venezolana, las Farc y el Eln contribuyen a la jaqueca gubernamental. En Arauca los esfuerzos se han concentrado en la infraestructura de vías y se espera que en abril se inaugure la vía entre Arauca y Tame para que Venezuela tenga una salida al Pacífico, en la que se invirtieron unos $116.000 millones. Aún así, las confrontaciones entre las Farc y el Eln no han mermado. Los pobladores están consternados por los seis muertos que, en promedio, aparecen cada fin de semana en las veredas, pero la Fuerza Pública está segura de que son ‘elenos’ o ‘farianos’ que caen por la disputa territorial en la que están inmersos desde 2005.
En La Guajira, Cesar y Norte de Santander, la presencia de las Farc, el Eln y bandas emergentes también preocupa. Fuentes del Ejército sostienen que el Bloque Caribe de las Farc, por ejemplo, pasó de tener 700 hombres en 2002 a 230 en 2007. Pero el Catatumbo (Norte de Santander), zona neurálgica del conflicto nacional, es una muestra de que aún falta mucho por hacer. La lucha antiterrorista dejó de ser un asunto exclusivo de Colombia, y eso lo sabía Álvaro Uribe Vélez desde antes de asumir la Presidencia. Los eventos ocurridos en estos últimos años demuestran que sin el apoyo de los estados vecinos, esta guerra no la pierde Colombia: la pierden todos.
La lucha en Putumayo
Éste fue uno de los departamentos bandera del Plan Colombia, y hace parte de la ofensiva del Plan Patriota, pero la recuperación del orden público en la zona ha sido una labor bastante compleja para la Fuerza Pública. El pasado 21 de febrero, en Piñoñanegro (Puerto Leguízamo), la captura de 15 personas expuso, una vez más, una de las mayores fortalezas de las Farc: que miembros de sus frentes son civiles y trabajan clandestinamente.
En este campo fronterizo las Fuerzas Armadas cuentan con unos 4.000 hombres, que hasta antes de la crisis diplomática actual habían operado con ayuda de la división amazónica del Ecuador.
Por El Espectador
