Un día triste para la justicia, se conmemora muerte de Lara Bonilla y Enrique Low Murtra

El primer funcionario del Gobierno colombiano en denunciar públicamente las andanzas ilegales de Pablo Escobar Gaviria, fue el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Y el primero en firmar una orden de captura con fines de extradición en su contra, fue el también ministro Enrique Low Murtra. Ambas figuras son hoy mártires de la guerra desatada por las mafias del narcotráfico que en los años 80 aterrorizó a Colombia. Lo paradójico es que, además de su vehemente posición para atacar y acabar con los capos de la droga, los dos fueron asesinados un día 30 de abril como el de hoy.

El primero en caer baleado fue Lara Bonilla, en 1984. Dos sicarios lo atacaron mientras se movilizaba en un vehículo oficial a la altura de la calle 127 con carrera 41, en el norte de Bogotá. El sicario que disparó contra Lara murió cuadras más adelante, durante la persecución de los escoltas del ministro. Siete años después, pero sin la protección de ninguna autoridad del Estado y ya terminado su tiempo como ministro, Enrique Low Murtra fue baleado por dos sicarios que con cuatro disparos acabaron con su vida al frente de la Universidad de La Salle en Bogotá.

La primera orden de captura con fines de narcotráfico que se firmó en contra de Pablo Escobar Gaviria, tuvo la firma del entonces ministro de Justicia Enrique Low Murtra. Lo hizo el 5 de enero de 1988 mediante un auto en el que además incluyó los nombres de Fabio Ochoa, Juan David Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, cuatro narcotraficantes quienes, junto a Escobar, se convirtieron en el terror de Colombia en los años 80. Extraditar a los capos se convirtió en una de las primeras medidas contundentes que el gobierno tomó en la lucha entre el Estado y las mafias del narcotráfico. Pero lo que Low Murtra quizás no estimó, fue que también estaba firmando su sentencia de muerte.

Hoy hace 25 años, el exministro fue asesinado. Tras escuchar cuatro disparos, cientos de estudiantes vieron caer al decano de Economía. No tenía ninguna clase de protección o acompañamiento por parte del Estado, a pesar de las amenazas y de las alarmas que el mismo Low Murtra y varios amigos y familiares habían advertido. Ellos y varios agentes del Estado sabían que Pablo Escobar estaba detrás del exministro que lo había mandado a extraditar.

Aunque hay siete años de diferencia entre los dos magnicidios, son muchas las semejanzas entre los dos casos. Ambos sabían, por ejemplo, que si en su trabajo se empeñaban en desarmar el negocio del narcotráfico y de tumbar a sus máximos alfiles, la probabilidad de morir en el intento eran muy altas. “Le había dicho que dejara el Ministerio. Las amenazas eran terribles y perdimos la tranquilidad, pero Rodrigo nunca me hablaba de ese tema. Ya no confiaba en nadie”, explicó hace algunos años Nancy Restrepo de Lara, esposa del ministro, en el aniversario número 25 de la muerte de su marido.

Tan grave era la situación, que el entonces presidente Belisario Betancur le había ofrecido la embajada en República Checa por la gravedad de las amenazas. Las balas no les dejaron siquiera empacar las maletas. En cambio, los asesinos de Enrique Low Murtra sí lo dejaron instalar y desempacar su equipaje después de una larga estadía en Suiza, en donde se refugió junto a su familia, por las mismas amenazas en contra de su vida que su colega Lara había recibido hacía siete años. Esperaron, precisamente, que se instalara de nuevo en Bogotá para ejecutar el asesinato que Pablo Escobar había arreglado con miembros del grupo terrorista Eta para que se realizara en Europa.

En la lista de elementos en común, en donde ya están anotados la fecha del asesinato, el verdugo, la ferviente lucha en contra del narcotráfico, el tiempo se ha encargado de escribir otra coincidencia: la impunidad. Aunque en 2011 la Fiscalía declaró que se trataba de dos casos de lesa humanidad, son pocos los avances en la investigación para castigar a los culpables materiales de los magnicidios. En lo que tiene que ver con el proceso de Lara Bonilla, el ente investigador exhumó su cadáver el pasado 15 de abril como una medida para resolver las dudas sobre la muerte.

En el caso de Low Murtra, en cambio, los avances investigativos son nulos. En 1992 la Procuraduría absolvió a todos los sospechosos, incluido el canciller Luis Fernando Jaramillo, quien estaba siendo investigado disciplinariamente por no haber protegido al exministro cuando regresó de Suiza. Sin embargo, el Consejo de Estado, en junio de 1997, condenó al Estado precisamente por no haber proporcionado siquiera un carro blindado para proteger a Low Murtra. “Si se arriesga la vida para enfrentar una lucha que corresponde al Estado, tal acto debe ser compensado al menos con la protección de la vida”, increpó el alto tribunal en su sentencia.

Del castigo a quienes dispararon el gatillo y de quienes le dieron la orden de hacerlo poco se sabe. Después de 32 años, para el caso de Lara, y 25 para Low Murtra, el pedido de sus familias, y de quienes no olvidan el sacrificio de los ministros, es que se sepa, de una vez por todas, la verdad de lo que pasó el 30 de abril de 1984 y el 30 de abril de 1991, días en que la violencia de la lucha contra el narcotráfico se ensañó con los defensores de la justicia en el país.