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“Un fragmento sin fecha”: defensa de Petro tras video publicado por Deicy Jiménez

Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente obtener servicios sexuales a través de contratos públicos, publicó un video en el que se le vería junto al exmandatario. Ahora, la defensa de este último señala que se trata de un video sin contexto y que no constituye una prueba de sus acusaciones.

El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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En las últimas horas, Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos del Estado, hizo público en su cuenta de Instagram un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación. En la publicación, agregó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

En contexto: Defensoría pide investigar denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro

En respuesta, la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, emitió un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”.

Aunque el comunicado no negó directamente que la persona que aparece en el video publicado por Jiménez sea Petro, remarcó, en línea con lo que ha sostenido el propio expresidente, que este “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”.

En ese sentido, Carranza aseguró que Petro “responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”.

La defensa se mantuvo firme en que no discutirá “en público lo que corresponde resolver a los jueces”. Asimismo, manifestó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, en referencia a las denuncias de Deicy Jiménez contra el exmandatario.

Carranza también hizo un recuento de las últimas actuaciones de este proceso, que ya es investigado por la Fiscalía desde el pasado 23 de octubre. Tres días después, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.

“La diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció (alegando motivos de seguridad) y, al día siguiente, aparece en redes un material para alimentar un juicio mediático. Si detrás de esa secuencia hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo, y la defensa aportará lo que conozca”, sostuvo la defensa.

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Finalmente, aseguró que no anticiparía conclusiones sobre el video ni discutiría en público la vida privada de ninguna persona. “Respaldamos que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección que requieran la testigo y quienes intervienen en esta actuación, y rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga”, concluyó el comunicado.

El expresidente Gustavo Petro también se pronunció en redes sociales sobre el video publicado por Jiménez. En su cuenta de X sostuvo que “desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”.

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También, volvió a defender su inocencia frente a las denuncias por presuntamente pagar servicios sexuales a través de recursos del Estado. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

En línea con los argumentos de su abogado, Carranza, el exmandatario agregó que el video que “hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”. Concluyó que “lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”.

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La denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro

Todo comenzó con una entrevista de Deicy Jiménez en Semana, publicada el pasado 25 de octubre. Allí aseguró que, durante el gobierno del exmandatario, funcionó una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos con el Estado, con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. También afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

Al día siguiente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría que priorizaran las investigaciones. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

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Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para Jiménez. El comunicado señala: “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”.

El relato de Jiménez se conecta con los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades del gobierno anterior, entre ellas, fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño.

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La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre abrió una noticia criminal por las posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades públicas durante el gobierno anterior. Fuentes del ente investigador explicaron: “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”. El caso quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, con el apoyo de un equipo especializado.

La entidad precisó, además, un asunto de competencia. Según explicó, los hechos atribuidos a Petro como presidente solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que las denuncias por hechos ocurridos cuando era senador corresponden a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

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El vicefiscal Gilberto Guerrero indicó que Jiménez será citada en calidad de testigo. Explicó: “Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas en las que incluso se están incriminando a sí mismas. En ese caso, no debemos llamarlas a entrevistas juradas, sino que tenemos que citarlas a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta, porque tienen derecho a guardar silencio”.

Ese mismo 26 de octubre, el Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La investigación se centra en presuntas conductas de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.

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El objetivo es individualizar a los posibles responsables disciplinarios y precisar las conductas investigadas. Para ello, la Procuraduría pidió a las entidades información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.

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