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El juez Carlos Arturo Cuellar, del juzgado segundo administrativa de Pasto, falló a favor de las autoridades colombianas una acción de desacato que había sido elevada por comunidades afro, indígenas y campesinas en la cual se denunciaba que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, no habían cumplido con una acción de tutela que protege sus derechos de participación integral en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato -PECIG-.
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“El Juzgado concluye que la conducta desplegada por los funcionarios responsables del acatamiento del fallo de primera instancia modificado en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Nariño, está apegada al principio fundamental de buena fe que debe observase en toda actuación y se han desarrollado actuaciones tendientes al obedecimiento de las órdenes emanadas en la tutela”, consideró el juez Carlos Arturo Cuellar, en el documento conocido por El Espectador.
Rosa María Mateus Parra, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, el cual ha representado a las comunidades desde la primera instancia, denunció ante el juzgado que las autoridades accionadas pretenden organizar una nueva audiencia pública virtual sin que estén dadas las condiciones y “garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general”. De acuerdo con Mateus, la socialización del programa de aspersión no contará con la participación masiva de la población.
Las comunidades ya habían ganado el pleito en dos instancias y, ahora, afrontan su primer obstáculo en la justicia. La última vez, el pasado 27 de mayo, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó los derechos fundamentales de los accionantes a la consulta previa, a la participación y al acceso a la información, dado que serían objeto de amenaza y vulneración en el desarrollo del proceso ambiental con el cual el Gobierno pretender erradicar cultivos ilícitos, lo que significaría, para las autoridades, un golpe a las finanzas de los grupos armados ilegales de distintas zonas del país.
Para el CAJAR, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia por Covid-19, no es viable reiniciar los debates en torno a la aspersión aérea con glifosato. “A pesar de que la Policía Nacional tiene los elementos tecnológicos para realizar las reuniones informativas y la audiencia de manera virtual, debe garantizar que los receptores de la Audiencia, es decir la comunidad, tenga acceso real a estos mecanismos, pero en este caso no ocurre, pues las comunidades no tienen acceso a medios tecnológicos (conexión a internet) ni electricidad”, argumentó ante el juez.
En sintonía con el colectivo de abogados, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas le advirtió al juez que la reanudación de las actividades solo permitirá un aforo del 35%, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la pandemia, lo que significaría una vulneración a sus derechos y una contradicción con lo conseguido en primera y segunda instancia. El ciudadano Adolfo León López, quien representa al municipio de Policarpa, Nariño, también indicó que “no se está garantizando una participación real de la comunidad”.
Por su parte, la ANLA se defendió asegurando que ha cumplido con todo lo ordenado por la acción de tutela. En el auto conocido por este diario, la autoridad ambiental anexó un total de 78 documentos, en los cuales, según su criterio, “se destaca la participación masiva de la comunidad y la amplia difusión de la información previa a la realización de las reuniones informativas”. Entre los elementos se encuentran planillas de registro de socialización y actas de entrega de cartillas a la comunidad, en diferentes territorios donde se podría llevar a cabo la estrategia de aspersión.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía, de acuerdo con el documento, “ha sido respetuosa de los mecanismos de participación ciudadana, la población civil y comunidades étnicas, no solo han tenido conocimiento del procedimiento administrativo y han manifestado sus consideraciones y dudas, las cuales han sido atendidas, al mismo tiempo que se ejecuta el procedimiento reglado y especial de participación ciudadana”. Para demostrar esto, según el juez, la institución anexó un total de 53 archivos, entre los cuales se encuentran respuestas a derechos de petición y diferentes comunicados a la población.
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El juez Carlos Arturo Cuellar, quien finalmente resolvió que las autoridades no habían incurrido en desacato, consideró que el actuar de la ANLA, la Policía Antinarcóticos y el despacho del Ministerio del Interior, está fundamentado en el “convencimiento invencible de que se ha venido haciendo lo correcto”. De hecho, el funcionario decretó que las instituciones han realizado grandes esfuerzos para sortear la situación por Covid-19 que vive el país. “El Juez es consciente que la puesta en marcha de logística para que se pueda materializar en tan poco tiempo los derechos de acceso a la tecnología a estas comunidades es muy ardua y requiere la armonización de varias entidades que componen la estructura estatal”, afirmó.
“De igual forma es importante para el Despacho expresar que el flagelo del narcotráfico es una cuestión que nos atañe a todos, y que como cada colombiano se espera que dicha situación sea solucionada por el Estado colombiano, sin embargo, dicha solución debe darse dentro del marco del sistema normativo jurídico positivo, para el caso de la tutela respetando los derechos fundamentales de la comunidad”, concluyó el juez Cuellar. Por su parte, el nuevo ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que la aspersión aérea con glifosato se reanudará lo más pronto posible.