Un controvertido recurso de hábeas corpus le devolvió por pocos minutos la libertad al narcotraficante Marlon Valencia Portocarrero, alias Ketty, señalado enlace de los hermanos Comba, y pedido en extradición por Estados Unidos. Segundos después de que saliera de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, fue recapturado por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Esta novela judicial comenzó el pasado 6 de enero, cuando el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de San Andrés de Tumaco (Nariño) “revocó la orden de captura proferida en su contra por el Fiscal General” en virtud de la cual el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición.
El insólito fallo causó roncha en la Fiscalía. Ocho días después, debido a que aún no se otorgaba la libertad al señalado capo, su abogado insistió ante el Juzgado 23 de Familia de Bogotá. Según el juez, Rafael Barrera, como una jueza de Tumaco había borrado de un plumazo la orden de captura internacional, debía otorgársele la libertad a Marlon Valencia e investigar por qué no se dio cumplimiento ese 6 de enero de la decisión de la jueza de Tumaco. Fuentes de la Unidad Antimafia consultadas por El Espectador se declararon indignadas, refirieron que denunciarán en las próximas horas a la jueza de Tumaco por el delito de prevaricato y que existen pruebas para mantener privado de la libertad a Ketty.
Es que no se trata de un ‘narco’ cualquiera. Durante años el agente especial de la DEA, Alberico Crespo, rastreó los pasos de una red de traficantes liderada por Ketty, Silvio Montaño y otros seis colaboradores más, incluido el ex fiscal Ramiro Antury Larrahondo. Todos fueron detenidos el 9 de febrero de 2010 luego de que se recolectaran más de 300 mil conversaciones y documentos que evidenciaron sus redes criminales. Según el indicment (la ‘acusación’) de la justicia de EE.UU., Marlon Valencia, alias Ketty, inició un soborno continuado al fiscal Antury para obtener detalles de la investigación que se adelantaba contra de organización.
Antury fungía entonces como fiscal delegado ante las Fuerzas Militares y de acuerdo con la declaración del agente de la DEA, recibió dineros de la mafia. Según el indicment, Antury entregó a los ‘narcos’ papeles sobre agencias norteamericanas que los investigaban. Un testigo protegido de la DEA contó que alias Ketty hizo negociaciones para transferirle US$45 millones en ganancias del narcotráfico para que fueran lavados. La agencia antidrogas rastreó esta transacción y las interceptaciones telefónicas refrendan estos movimientos.
También se constató que este cartel tenía conexiones en Costa Rica, Panamá, Honduras y México y en los últimos dos años, según la Fiscalía, cuatro lanchas con casi ocho toneladas de droga que contenían logotipos alusivos a caricaturas de Piolín y Silvestre —el sello de la organización— fueron decomisadas. Como si las evidencias ya no fueran tantas, otro informante de la DEA y un agente encubierto pactó negocios con Ketty para pagarle US$1.000 por kilo transportado. Uno de esos pagos se realizó por US$1 millón. El objetivo era sacar entre tres y cinco toneladas de droga mensuales.
La relación entre Ketty y el fiscal Antury hizo que por primera vez en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia Estados Unidos pidiera en extradición a un fiscal en ejercicio. Grabaciones publicadas por este diario (ver facsímiles) entre el fiscal y Ketty pusieron en evidencia cómo el extraditado funcionario, con 23 años como investigador criminal, les filtraba a los ‘capos’ documentos reservados. No obstante, en una larga entrevista concedida en septiembre del año pasado a El Espectador, Antury dijo ser inocente.
Más allá de esta historia, quedó en evidencia cómo el señalado ‘narco’ ha intentado conseguir su libertad a toda costa. Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura le dijeron a este diario que van a evaluar con lupa el controvertido fallo emitido por la jueza de Tumaco. “Ketty, señalado de corromper a un fiscal ya extraditado, por poco regresa a sus andanzas por las vías legales”, dijo un investigador.
Por Redacción Judicial
