"Un país que no respeta la ley será un Estado fallido"

Luis Alberto Álvarez es el nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El magistrado de la Sala Laboral es graduado de la Universidad Santo Tomás y su carrera comenzó en el Meta, de donde es oriundo. En ese departamento fue personero municipal de Cumaral y de Villavicencio, director seccional de la Contraloría, y magistrado del Tribunal Administrativo de ese departamento. Más tarde se desempeñó como delegado departamental de la Registraduría en Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta.

En entrevista con El Espectador, el magistrado habló sobre los retos que asume, y sobre las graves consecuencias que la negligencia de los funcionarios públicos le trae a las arcas estatales.

¿Cuáles son los retos que asumen en su presidencia?

Para nadie es un secreto que la justicia atraviesa por una crisis de credibilidad y legitimidad. Luego un presidente debe ser un ejemplo y, además, debe velar porque los fallos sean oportunos, adecuados y motivados por el bien de la ciudadanía.

¿Qué piensa hacer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para mejorar la imagen que tiene la ciudadanía de la Rama Judicial?

He tratado de emprender una serie de acciones que mejoren la eficiencia del Tribunal a través del uso de equipos tecnológicos para que la comunicación de las decisiones sea más rápida y tener una actitud de aproximación a los ciudadanos para que conozcan nuestra función. En esta presidencia tenemos el claro interés en que haya una interlocución fluida de cara a la sociedad.

En ese sentido, organizamos el Seminario Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, que ya realizamos en Bogotá y que tenemos programado en Leticia (Amazonas) para el próximo 6 de mayo, en aras de acercar a la comunidad.

¿Cuales son esos hechos por los cuales se condenan más al Estado?

Hay un gran impacto cuando se retiran empleados nombrados en provisionalidad sin motivación de este acto. Es decir, cuando un alcalde llega y retira, sin justa razón, a quienes trabajan en las entidades que no son funcionarios de carrera. Se ha advertido también que gran parte de los problemas en la contratación se dan en el trámite previo a la misma. Bien sea porque no se dan los estudios adecuados, no hay estudios técnicos que generan sobrecostos posteriores o no hay un diseño de condiciones que respeten la imparcialidad y la transparencia, sino que son hechos a la medida de algún contratista que se quiere favorecer. Los pliegos de condiciones (es decir, las ‘reglas de juego’) en la contratación pública suelen estar dirigidas.

Más allá de amañar los pliegos de cargos, ¿cuáles otras condenas contra el Estado se emiten normalmente por irregularidades en la contratación?

Hemos visto que se ejecutan obras y servicios por fuera de lo establecido en los contratos. Hay una especie de cultura en la que las autoridades ordenan hacer obras o prestar servicios por fuera del contrato y, una vez finalizadas, pretenden legalizarlas a través de pagos posteriores a la ejecución. La jurisprudencia ha señalado que esto no se puede hacer, pues se crearía una cultura en la que las autoridades no necesitan un contrato para prestar un servicio.

¿Cuáles son las consecuencias más graves de los fallos y demandas de los que ustedes se ocupan?

Primero, el impacto en las finanzas públicas. Las condenas al Estado repercuten en las arcas públicas, y dinero que debería destinarse a inversión social, se ve diezmado porque estamos pagando por las equivocaciones estatales. Pero también se ven otro tipo de repercusiones, como la propagación de una cultura de la ilegalidad. Un país que no respeta la ley está llamado a ser un estado fallido. Que hayan tan la cantidad de condenas simplemente es una muestra de una cultura generalizada de la ilegalidad.

¿Cómo se manifiesta esta cultura de la ilegalidad en casos concretos?

Mire: el 87% de los contratos que se ejecutan en alcaldías y gobernaciones, son contratados tras un proceso en el que se presenta un único licitante. Eso es una fuente importante de ilegalidad y corrupción, es una especie de vena rota para que los recursos desfilen hacia intereses particulares.

¿Qué opina sobre el apartamiento o enfrentamiento que se ha presentado entre los fallos de las distintas cortes sobre los mismos asuntos?

Las cortes actúan como órganos de cierre. A veces esos enfrentamientos que se genera entre la Corte Constitucional y las demás cortes son producto de un diseño constitucional. Eso es un síntoma de que por lo menos habrá que hacer algo para que las cortes trabajen en armonía y que por una dislocación del aparato judicial no se genere un desazón al ciudadano que se queda sin saber cuál es el fallo que debe acatar. Ahí hay, por lo menos, un punto para reflexionar.

Luis Alberto Álvarez es el nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El magistrado de la Sala Laboral es graduado de la Universidad Santo Tomás y su carrera comenzó en el Meta, de donde es oriundo. En ese departamento fue personero municipal de Cumaral y de Villavicencio, director seccional de la Contraloría, y magistrado del Tribunal Administrativo de ese departamento. Más tarde se desempeñó como delegado departamental de la Registraduría en Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta.

En entrevista con El Espectador, el magistrado habló sobre los retos que asume, y sobre las graves consecuencias que la negligencia de los funcionarios públicos le trae a las arcas estatales.

¿Cuáles son los retos que asumen en su presidencia?

Para nadie es un secreto que la justicia atraviesa por una crisis de credibilidad y legitimidad. Luego un presidente debe ser un ejemplo y, además, debe velar porque los fallos sean oportunos, adecuados y motivados por el bien de la ciudadanía.

¿Qué piensa hacer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para mejorar la imagen que tiene la ciudadanía de la Rama Judicial?

He tratado de emprender una serie de acciones que mejoren la eficiencia del Tribunal a través del uso de equipos tecnológicos para que la comunicación de las decisiones sea más rápida y tener una actitud de aproximación a los ciudadanos para que conozcan nuestra función. En esta presidencia tenemos el claro interés en que haya una interlocución fluida de cara a la sociedad.

En ese sentido, organizamos el Seminario Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, que ya realizamos en Bogotá y que tenemos programado en Leticia (Amazonas) para el próximo 6 de mayo, en aras de acercar a la comunidad.

¿Cuales son esos hechos por los cuales se condenan más al Estado?

Hay un gran impacto cuando se retiran empleados nombrados en provisionalidad sin motivación de este acto. Es decir, cuando un alcalde llega y retira, sin justa razón, a quienes trabajan en las entidades que no son funcionarios de carrera. Se ha advertido también que gran parte de los problemas en la contratación se dan en el trámite previo a la misma. Bien sea porque no se dan los estudios adecuados, no hay estudios técnicos que generan sobrecostos posteriores o no hay un diseño de condiciones que respeten la imparcialidad y la transparencia, sino que son hechos a la medida de algún contratista que se quiere favorecer. Los pliegos de condiciones (es decir, las ‘reglas de juego’) en la contratación pública suelen estar dirigidas.

Más allá de amañar los pliegos de cargos, ¿cuáles otras condenas contra el Estado se emiten normalmente por irregularidades en la contratación?

Hemos visto que se ejecutan obras y servicios por fuera de lo establecido en los contratos. Hay una especie de cultura en la que las autoridades ordenan hacer obras o prestar servicios por fuera del contrato y, una vez finalizadas, pretenden legalizarlas a través de pagos posteriores a la ejecución. La jurisprudencia ha señalado que esto no se puede hacer, pues se crearía una cultura en la que las autoridades no necesitan un contrato para prestar un servicio.

¿Cuáles son las consecuencias más graves de los fallos y demandas de los que ustedes se ocupan?

Primero, el impacto en las finanzas públicas. Las condenas al Estado repercuten en las arcas públicas, y dinero que debería destinarse a inversión social, se ve diezmado porque estamos pagando por las equivocaciones estatales. Pero también se ven otro tipo de repercusiones, como la propagación de una cultura de la ilegalidad. Un país que no respeta la ley está llamado a ser un estado fallido. Que hayan tan la cantidad de condenas simplemente es una muestra de una cultura generalizada de la ilegalidad.

¿Cómo se manifiesta esta cultura de la ilegalidad en casos concretos?

Mire: el 87% de los contratos que se ejecutan en alcaldías y gobernaciones, son contratados tras un proceso en el que se presenta un único licitante. Eso es una fuente importante de ilegalidad y corrupción, es una especie de vena rota para que los recursos desfilen hacia intereses particulares.

¿Qué opina sobre el apartamiento o enfrentamiento que se ha presentado entre los fallos de las distintas cortes sobre los mismos asuntos?

Las cortes actúan como órganos de cierre. A veces esos enfrentamientos que se genera entre la Corte Constitucional y las demás cortes son producto de un diseño constitucional. Eso es un síntoma de que por lo menos habrá que hacer algo para que las cortes trabajen en armonía y que por una dislocación del aparato judicial no se genere un desazón al ciudadano que se queda sin saber cuál es el fallo que debe acatar. Ahí hay, por lo menos, un punto para reflexionar.