¿Una Corte inhibida ante el Equilibrio de Poderes?

“Esta reforma no soluciona los problemas estructurales de la justicia. Es una desilusión más para los colombianos, puesto que en nada beneficia al ciudadano de a pie”. Estas fueron las palabras del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Rafael Vergara, durante la audiencia convocada por la Corte Constitucional para discutir dos demandas contra la reforma al Equilibrio de Poderes. Vergara fue una de las pocas voces distintas en un espacio en el cual tendencia fue pedirle a la Corte Constitucional que evite mostrar una postura frente a las demandas. 

Pese a que, durante el trámite de esta reforma en el Congreso de la República, hubo varios rifirrafes entre las tres ramas del poder por cuenta de este acto legislativo que el fiscal general Eduardo Montealegre llegó a calificar como una nueva toma del Palacio de Justicia, ayer casi que hubo consenso entre personajes tan disímiles como el procurador Alejandro Ordóñez y la senadora Claudia López. 

Como si se hubieran puesto de acuerdo, en un curioso equilibrio de poderes, el jefe del Ministerio Público, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Leonidas Bustos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la senadora Claudia López le pidieron a la Corte Constitucional que se declare inhibida. Mejor dicho: que la Corte se abstenga de referirse, de fondo, ante esta reforma que acabó con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y con la reelección presidencial. 

Aunque con argumentos distintos, todos concluyeron que es mejor que la Corte no se pronuncie respecto a estas dos demandas porque, de acuerdo con ellos, no cuentan con los requisitos suficientes para ser aceptadas. Y, mientras tanto, la reforma sigue andando. Un buen ejemplo de ello lo dio la misma Corte, que no invitó a este debate a ningún representante del ya caduco Consejo Superior de la Judicatura. El mensaje por el lado del Gobierno fue claro: que la Corte se “inhiba para pronunciarse de fondo porque la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el trámite constitucional”. 

No obstante, Cristo sostuvo que, en el caso de que las demandas sean aceptadas, “hemos pedido que declare la exequibilidad de la norma porque sin duda el Congreso cumplió con sus funciones”. El jefe de la cartera del Interior lo dijo vehemente: “Vengo a defender la actuación del Gobierno y especialmente la del Congreso, órgano que no solo cumplió a cabalidad con sus deberes, sino que lo hizo de forma abierta, promovió un amplio debate, se preocupó por oír a todos los que quisieron intervenir”. 

Aunque el procurador Alejandro Ordóñez y el Gobierno han estado en orillas opuestas en reiteradas ocasiones, esta vez estuvieron del mismo lado. Ordóñez también le pidió a la Corte que se declarara inhibida, aunque con otro argumento: que, en su criterio, el alto tribunal no era competente para estudiar el fondo de estos actos legislativos, que su competencia se limitaba a analizar posibles vicios de procedimiento. Y ya.

Hizo, sin embargo, la misma salvedad que el Gobierno: que si la Corte aceptaba estas dos demandas, declarara constitucional la reforma. Según Ordóñez, esta reforma no sustituye la Constitución, pese a algunas “inconveniencias”, como que se le haya dado a la Corte Constitucional la potestad de definir sobre conflictos de competencia y que, en virtud de este acto legislativo, la Rama Judicial será la única rama “cuyo control disciplinario es ejercido exclusivamente por ella misma, pero sin ni siquiera la posibilidad de que el superior jerárquico discipline a sus empleados”. 

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien estuvo al lado de Ordóñez durante casi toda la audiencia pública, solicitó lo mismo que la mayoría: la inhibición. El argumento fue muy similar al del Gobierno: que las demandas no contaban con los requisitos necesarios para su estudio. No obstante, usando el que pareciera ser el lema de la audiencia, Perdomo dijo que si se aceptaban estas demandas, era necesario que la Corte declarara inconstitucional la reforma. A renglón seguido recordó que el fiscal general Eduardo Montealegre interpuso una demanda distinta a las analizadas en este encuentro, a la que Perdomo hizo referencia durante toda su ponencia. 

El vicefiscal dijo, en primer lugar, que el debate alrededor de la reforma al Equilibrio de Poderes no fue democrático, pues en la segunda ronda de debates se incluyeron en la discusión temáticas que no habían sido abordadas en la primera ronda. Y se incluyeron “beneficios personalísimos”, aseguró Perdomo, como la extensión de los periodos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que hagan parte momentánea del Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Perdomo dijo que, sumados a estos vicios procedimentales, “el Congreso desbordó sus competencias” e, igualmente, los congresistas incluyeron en esta reforma asuntos muy distintos que no tenían nada que ver con la reforma a la justicia o el esquema democrático de pesos y contrapesos. En resumen: un sancocho inconstitucional. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, hizo referencia sobre todo a por qué la Corte debería declararse inhibida de estudiar estas demandas, pero se quedó sin explicar en detalle por qué, si estas eran aceptadas, la reforma al Equilibrio de Podres debía declararse inconstitucional. Pocas personas se mostraron abiertamente a favor de que la Corte asuma el debate, no se declare inhibida y, en cambio, declare inconstitucional esta reforma. 

Al igual que el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Vergara, los senadores de oposición Jorge Robledo, del Polo Democrático, y Jaime Amín, del Centro Democrático, señalaron que esta reforma no arreglaba sino que perjudicaba a la Rama Judicial. Robledo dijo que esta reforma era inconstitucional y que no le hacía frente ni a la corrupción ni al clientelismo. Sostuvo, igualmente,que esta reforma era a favor de intereses particulares. Amín, por su parte, sostuvo que esta reforma fortalecía al Ejecutivo en desmedro de las otras ramas. 

El magistrado Mauricio González Cuervo, quien convocó la mencionada audiencia, dijo que para el 18 de septiembre ya va a haber una ponencia para que la Corte estudie el futuro de las demandas contra la reforma al Equilibrio de Poderes. Falta ver si el alto tribunal acoge o no la solicitud del gobierno, los organismos de control y algunos sectores del Congreso. La reforma sigue andanddo, aunque para algunos la verdadera reforma a la justicia sigue sin hacerse realidad.

“Esta reforma no soluciona los problemas estructurales de la justicia. Es una desilusión más para los colombianos, puesto que en nada beneficia al ciudadano de a pie”. Estas fueron las palabras del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Rafael Vergara, durante la audiencia convocada por la Corte Constitucional para discutir dos demandas contra la reforma al Equilibrio de Poderes. Vergara fue una de las pocas voces distintas en un espacio en el cual tendencia fue pedirle a la Corte Constitucional que evite mostrar una postura frente a las demandas. 

Pese a que, durante el trámite de esta reforma en el Congreso de la República, hubo varios rifirrafes entre las tres ramas del poder por cuenta de este acto legislativo que el fiscal general Eduardo Montealegre llegó a calificar como una nueva toma del Palacio de Justicia, ayer casi que hubo consenso entre personajes tan disímiles como el procurador Alejandro Ordóñez y la senadora Claudia López. 

Como si se hubieran puesto de acuerdo, en un curioso equilibrio de poderes, el jefe del Ministerio Público, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Leonidas Bustos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la senadora Claudia López le pidieron a la Corte Constitucional que se declare inhibida. Mejor dicho: que la Corte se abstenga de referirse, de fondo, ante esta reforma que acabó con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y con la reelección presidencial. 

Aunque con argumentos distintos, todos concluyeron que es mejor que la Corte no se pronuncie respecto a estas dos demandas porque, de acuerdo con ellos, no cuentan con los requisitos suficientes para ser aceptadas. Y, mientras tanto, la reforma sigue andando. Un buen ejemplo de ello lo dio la misma Corte, que no invitó a este debate a ningún representante del ya caduco Consejo Superior de la Judicatura. El mensaje por el lado del Gobierno fue claro: que la Corte se “inhiba para pronunciarse de fondo porque la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el trámite constitucional”. 

No obstante, Cristo sostuvo que, en el caso de que las demandas sean aceptadas, “hemos pedido que declare la exequibilidad de la norma porque sin duda el Congreso cumplió con sus funciones”. El jefe de la cartera del Interior lo dijo vehemente: “Vengo a defender la actuación del Gobierno y especialmente la del Congreso, órgano que no solo cumplió a cabalidad con sus deberes, sino que lo hizo de forma abierta, promovió un amplio debate, se preocupó por oír a todos los que quisieron intervenir”. 

Aunque el procurador Alejandro Ordóñez y el Gobierno han estado en orillas opuestas en reiteradas ocasiones, esta vez estuvieron del mismo lado. Ordóñez también le pidió a la Corte que se declarara inhibida, aunque con otro argumento: que, en su criterio, el alto tribunal no era competente para estudiar el fondo de estos actos legislativos, que su competencia se limitaba a analizar posibles vicios de procedimiento. Y ya.

Hizo, sin embargo, la misma salvedad que el Gobierno: que si la Corte aceptaba estas dos demandas, declarara constitucional la reforma. Según Ordóñez, esta reforma no sustituye la Constitución, pese a algunas “inconveniencias”, como que se le haya dado a la Corte Constitucional la potestad de definir sobre conflictos de competencia y que, en virtud de este acto legislativo, la Rama Judicial será la única rama “cuyo control disciplinario es ejercido exclusivamente por ella misma, pero sin ni siquiera la posibilidad de que el superior jerárquico discipline a sus empleados”. 

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien estuvo al lado de Ordóñez durante casi toda la audiencia pública, solicitó lo mismo que la mayoría: la inhibición. El argumento fue muy similar al del Gobierno: que las demandas no contaban con los requisitos necesarios para su estudio. No obstante, usando el que pareciera ser el lema de la audiencia, Perdomo dijo que si se aceptaban estas demandas, era necesario que la Corte declarara inconstitucional la reforma. A renglón seguido recordó que el fiscal general Eduardo Montealegre interpuso una demanda distinta a las analizadas en este encuentro, a la que Perdomo hizo referencia durante toda su ponencia. 

El vicefiscal dijo, en primer lugar, que el debate alrededor de la reforma al Equilibrio de Poderes no fue democrático, pues en la segunda ronda de debates se incluyeron en la discusión temáticas que no habían sido abordadas en la primera ronda. Y se incluyeron “beneficios personalísimos”, aseguró Perdomo, como la extensión de los periodos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que hagan parte momentánea del Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Perdomo dijo que, sumados a estos vicios procedimentales, “el Congreso desbordó sus competencias” e, igualmente, los congresistas incluyeron en esta reforma asuntos muy distintos que no tenían nada que ver con la reforma a la justicia o el esquema democrático de pesos y contrapesos. En resumen: un sancocho inconstitucional. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, hizo referencia sobre todo a por qué la Corte debería declararse inhibida de estudiar estas demandas, pero se quedó sin explicar en detalle por qué, si estas eran aceptadas, la reforma al Equilibrio de Podres debía declararse inconstitucional. Pocas personas se mostraron abiertamente a favor de que la Corte asuma el debate, no se declare inhibida y, en cambio, declare inconstitucional esta reforma. 

Al igual que el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Vergara, los senadores de oposición Jorge Robledo, del Polo Democrático, y Jaime Amín, del Centro Democrático, señalaron que esta reforma no arreglaba sino que perjudicaba a la Rama Judicial. Robledo dijo que esta reforma era inconstitucional y que no le hacía frente ni a la corrupción ni al clientelismo. Sostuvo, igualmente,que esta reforma era a favor de intereses particulares. Amín, por su parte, sostuvo que esta reforma fortalecía al Ejecutivo en desmedro de las otras ramas. 

El magistrado Mauricio González Cuervo, quien convocó la mencionada audiencia, dijo que para el 18 de septiembre ya va a haber una ponencia para que la Corte estudie el futuro de las demandas contra la reforma al Equilibrio de Poderes. Falta ver si el alto tribunal acoge o no la solicitud del gobierno, los organismos de control y algunos sectores del Congreso. La reforma sigue andanddo, aunque para algunos la verdadera reforma a la justicia sigue sin hacerse realidad.