Una masacre en el olvido

Por los asesinatos colectivos ocurridos en zona rural de Riohacha (La Guajira) hace casi ocho años, una fiscal especializada de Derechos Humanos de Barranquilla ordenó la detención de dos ex integrantes del bloque Resistencia Tayrona: Comando 25 y Comando 45. Ninguno de los dos pertenece al programa de Justicia y Paz, sin embargo, el ente considera que estos dos hombres, llamados Carlos Alberto Sosa Castro —o Zuley de Jesús Sosa Castro, tiene doble identificación en la Registraduría— y Rosendo León Galeano guardan la información necesaria para esclarecer uno de los más cruentos episodios de violencia de los que fue víctima la comunidad indígena wiwa. Y que, además, deben responder por ello.

Conocida como la masacre de El Limón, poco o nada se ha establecido sobre este macabro hecho desde septiembre de 2002, cuando la incursión del frente Contrainsurgencia Wayuú abandonó esta región de la Costa Atlántica dejando tras su paso al menos ocho muertos o desaparecidos, según el conteo de la Fiscalía. El primero en sucumbir ante las balas de los paramilitares fue Jaime Elías Mendoza Loperena, asesinado el 29 de agosto de ese año. Mendoza fue visto por última vez al salir de su finca, situada en el resguardo indígena wiwa. Su hijo, Luis Antonio Mendoza Montaño, salió a buscarlo y en el camino fue interceptado por ‘paras’ y de su suerte nunca más se supo. La Fiscalía dice que su cadáver fue desaparecido.

El hijo de Luis Antonio alcanzó a ocultarse cuando los miembros de las autodefensas retuvieron a su padre, pero su abuela, Rosa María Loperena, corrió el mismo destino que Jaime Elías y Luis Antonio. Hombres armados llegaron a su hogar, la mataron y dejaron su cuerpo ahí mismo, al tiempo que saquearon e incendiaron algunas viviendas, centros educativos, puestos de salud y tiendas comunitarias en la localidad. El 1° de septiembre, el frente arribó a la finca Las Mercedes. En el camino dieron con tres menores de edad, Juan Manuel Cataño y Édgar y Jamilson Radillo Redondo. Después de tres días de búsqueda, familiares y vecinos encontraron sus cadáveres decapitados.

Las últimas víctimas registradas por el ente investigativo fueron un hombre conocido como Chapuco y su hermano, Felipe Sarmiento. Los asesinatos ocurrieron en Las Sabanas de Manuela, pero sus cuerpos nunca aparecieron. Una vez los paramilitares del bloque norte se fueron, tal como lo anotó el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la comunidad de El Limón se convirtió en un pueblo fantasma. Alrededor de 150 personas fueron obligadas a desplazarse. Según esta entidad, la confrontación armada entre guerrillas y paramilitares sobre territorio wiwa tuvo serias repercusiones en los indígenas, “quienes se convirtieron en blanco de los señalamientos de los grupos armados irregulares, al ser tildados de colaborar o pertenecer a los bandos contrarios”.

Las versiones de algunos ex ‘paras’ han ayudado a esclarecer lo sucedido. Jaiber Rodríguez, alias Tribilín, relató por ejemplo que lo más probable era que a Jaime Elías Mendoza lo hubieran descuartizado. De acuerdo con un informe del CTI, la masacre pudo haber ocurrido como retaliación a los enfrentamientos que se habían producido entre ‘paras’ e integrantes del frente 59 de las Farc días antes. A la fecha la Fiscalía ha recogido múltiples testimonios de habitantes de la zona, militares y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pero el organismo espera que estas capturas recién ordenadas ayuden a que el proceso siga su curso.

Por los asesinatos colectivos ocurridos en zona rural de Riohacha (La Guajira) hace casi ocho años, una fiscal especializada de Derechos Humanos de Barranquilla ordenó la detención de dos ex integrantes del bloque Resistencia Tayrona: Comando 25 y Comando 45. Ninguno de los dos pertenece al programa de Justicia y Paz, sin embargo, el ente considera que estos dos hombres, llamados Carlos Alberto Sosa Castro —o Zuley de Jesús Sosa Castro, tiene doble identificación en la Registraduría— y Rosendo León Galeano guardan la información necesaria para esclarecer uno de los más cruentos episodios de violencia de los que fue víctima la comunidad indígena wiwa. Y que, además, deben responder por ello.

Conocida como la masacre de El Limón, poco o nada se ha establecido sobre este macabro hecho desde septiembre de 2002, cuando la incursión del frente Contrainsurgencia Wayuú abandonó esta región de la Costa Atlántica dejando tras su paso al menos ocho muertos o desaparecidos, según el conteo de la Fiscalía. El primero en sucumbir ante las balas de los paramilitares fue Jaime Elías Mendoza Loperena, asesinado el 29 de agosto de ese año. Mendoza fue visto por última vez al salir de su finca, situada en el resguardo indígena wiwa. Su hijo, Luis Antonio Mendoza Montaño, salió a buscarlo y en el camino fue interceptado por ‘paras’ y de su suerte nunca más se supo. La Fiscalía dice que su cadáver fue desaparecido.

El hijo de Luis Antonio alcanzó a ocultarse cuando los miembros de las autodefensas retuvieron a su padre, pero su abuela, Rosa María Loperena, corrió el mismo destino que Jaime Elías y Luis Antonio. Hombres armados llegaron a su hogar, la mataron y dejaron su cuerpo ahí mismo, al tiempo que saquearon e incendiaron algunas viviendas, centros educativos, puestos de salud y tiendas comunitarias en la localidad. El 1° de septiembre, el frente arribó a la finca Las Mercedes. En el camino dieron con tres menores de edad, Juan Manuel Cataño y Édgar y Jamilson Radillo Redondo. Después de tres días de búsqueda, familiares y vecinos encontraron sus cadáveres decapitados.

Las últimas víctimas registradas por el ente investigativo fueron un hombre conocido como Chapuco y su hermano, Felipe Sarmiento. Los asesinatos ocurrieron en Las Sabanas de Manuela, pero sus cuerpos nunca aparecieron. Una vez los paramilitares del bloque norte se fueron, tal como lo anotó el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la comunidad de El Limón se convirtió en un pueblo fantasma. Alrededor de 150 personas fueron obligadas a desplazarse. Según esta entidad, la confrontación armada entre guerrillas y paramilitares sobre territorio wiwa tuvo serias repercusiones en los indígenas, “quienes se convirtieron en blanco de los señalamientos de los grupos armados irregulares, al ser tildados de colaborar o pertenecer a los bandos contrarios”.

Las versiones de algunos ex ‘paras’ han ayudado a esclarecer lo sucedido. Jaiber Rodríguez, alias Tribilín, relató por ejemplo que lo más probable era que a Jaime Elías Mendoza lo hubieran descuartizado. De acuerdo con un informe del CTI, la masacre pudo haber ocurrido como retaliación a los enfrentamientos que se habían producido entre ‘paras’ e integrantes del frente 59 de las Farc días antes. A la fecha la Fiscalía ha recogido múltiples testimonios de habitantes de la zona, militares y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pero el organismo espera que estas capturas recién ordenadas ayuden a que el proceso siga su curso.