Aunque ha pasado de agache, la elección de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ) va a ser clave para el futuro de esa rama y de los millones de usuarios del sistema judicial colombiano. Es una elección tanto o más importante que la de registrador nacional o la de magistrado de la Corte Constitucional, ya que esta entidad, creada en reemplazo de la Sala Administrativa del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, se va a encargar de todo el tejemaneje de la Rama y de su presupuesto, que asciende a $3,5 billones.
Se trata de un organismo nuevo y, sin embargo, ya hay denuncias de supuestos asuntos turbios. Esto preocupa, si se tiene en cuenta que el Consejo de Gobierno fue creado para darle transparencia al manejo de la Rama Judicial, cuya imagen se ha visto seriamente afectada por escándalos de corrupción.
Por ley, el Consejo de Gobierno Judicial lo conforman los presidentes de las tres altas cortes (Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia), un representante de los jueces y magistrados, otro de los empleados de la Rama, tres expertos (elegidos por los magistrados y los representantes de jueces y empleados) y un gerente, que va a ser elegido por los otros ocho miembros. Todo para que en el Consejo tengan asiento todos los sectores de la Rama. El representante de los jueces y la de los empleados ya fueron elegidos: el magistrado Vicente de Santis y Marta Lía Herrera Gaviria, respectivamente. Ahora faltan los tres expertos y el gerente. No obstante, el proceso ya ha tenido varios cuestionamientos.
Por ejemplo, de acuerdo con el cronograma, la lista de los 15 candidatos a estas tres plazas fue revelada apenas anoche, pese a que nunca se dieron a conocer las hojas de vida de los 95 inscritos a la convocatoria. Y eso que, según el acuerdo, la ciudadanía iba a tener tres días para conocer a los candidatos y pronunciarse al respecto. Igualmente, hubo un cambio en los requisitos para ser elegido. En la ley se señalaba como requisito tener, por lo menos, diez años de experiencia en administración pública.
No obstante, en un documento firmado por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Leonidas Bustos, se estableció que se extendía la convocatoria a especialistas en tecnologías de la información y profesionales con experiencia en el sistema judicial. Todo, según él, para “garantizar la diversidad profesional y académica” del Consejo de Gobierno.
Este cambio permitió que funcionarios de la Fiscalía y de la administración judicial que no contaban con experiencia en administración pública se inscribieran a la convocatoria. De acuerdo con un informe de La Silla Vacía, por lo menos la tercera parte de los 95 inscritos se beneficiaron de alguna forma con este cambio, entre ellos algunos de los 15 preseleccionados, como Carlos Galindo Castro, director de informática del Consejo Superior de la Judicatura, o Carlos Useda, jefe de informática de la Fiscalía (fue interventor del primero de los cuestionados contratos entre el ente investigador y la analista Natalia Springer) y varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Otra persona cercana a Montealegre y que hace parte de la lista es la exauditora Laura Marulanda, recordada por sus encontronazos con la excontralora Sandra Morelli y quien es hoy fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín. Valga recordar que, a diferencia de lo que ocurría con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el fiscal general no tiene asiento en el Consejo de Gobierno. No se puede descartar que el jefe del ente investigador quiera tener a un aliado suyo en esa nueva entidad. En la lista hay, igualmente, directores departamentales de administración judicial, como Pablo Huertas Porras, de Boyacá.
Hay, igualmente, varias personas cercanas a la actual directora administrativa de la Rama Judicial, Celinea Orostegui, quien es cercana al Consejo Superior de la Judicatura. Orostegui fue multada por tratar de dilatar la salida del exmagistrado Francisco Ricaurte de la Sala Administrativa, después de que su elección fuera anulada por el Consejo de Estado. Y eso que la inscripción de Orostegui como candidata fue rechazada, mediante el Acuerdo 002 del 19 de octubre de este año, por superar la edad permitida para el cargo.
El proceso ha sido muy desordenado. Prueba de ello el Acuerdo 003 del 22 de octubre, firmado por el magistrado Bustos, y en el que se ordena corregir un yerro espantoso en otro acuerdo en el que se le dio plazo a los candidatos para inscribirse hasta el 19 de octubre, cuando la convocatoria indicaba que era hasta el 13 de octubre. Fue un “error de digitación”, se explicó en el documento. Pero esos errores pueden ser costosos si se tiene en cuenta todo lo que está en juego en esta elección: quien cuente con la mayor cantidad de votos puede, sencillamente, tener la Rama Judicial en sus manos.
Tales irregularidades han llevado a que entidades como DeJusticia (ver columna) y Elección Visible hayan cuestionado seriamente este proceso. “Si no se introducen correctivos inmediatos, el nuevo CGJ estaría arrancando muy mal”, sostuvo recientemente el abogado y columnista de este diario Rodrigo Uprimny. Pero las irregularidades no se reducen a la elección de los tres expertos: vienen de vieja data, incluso desde la elección de los representantes de jueces y empleados.
En una demanda conocida por este diario, un abogado, William Castellanos, le solicitó al Consejo de Estado que se suspendiera la elección de los tres expertos que van a hacer parte de esta entidad y que se anulara la elección de los representantes de jueces, el magistrado del Tribunal de Barranquilla Vicente de Santis Caballero, y de empleados, Marta Lía Herrera Gaviria, celebrada en septiembre pasado.
“De todo el cúmulo de irregularidades, lo (que menos) se observa en la precitada elección es el ejercicio democrático, participativo y libre”, sostuvo Castellanos en su demanda de 49 páginas. En ella denunció que aunque se había dicho que se iba a habilitar el voto electrónico para todos los funcionarios, sólo fue posible en unos pocos casos. Igualmente, siete departamentos se quedaron sin votar: Vichada, Guaviare, Amazonas, Casanare, Guainía, Vaupés y Putumayo. Y los votos de Cundinamarca no fueron contabilizados, de acuerdo con las propias actas. De la misma forma, hay irregularidades en el conteo de 318 mesas de votación, es decir, el 26 % del total.
A los participantes, igualmente, no se les informó de forma adecuada sobre un cambio en el cronograma, que fue ordenado por el Consejo de Estado y que amplió el plazo para la inscripción de candidatos hasta el 27 de agosto y dejó la elección para el 1° de septiembre. Apenas hubo un aviso de prensa en El Espectador y una propaganda en el Canal Institucional para informar al respecto. En la página de la Rama Judicial no se informó sobre el cambio sino hasta el 31 de agosto, cuando ya no había nada que hacer. Tales irregularidades llevaron a que la ONG Elección Visible pidiera, en un comunicado, un pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Pero no hubo.
Y, lo que es peor, hay denuncias de presuntas presiones por parte de magistrados de altas cortes a favor de Vicente de Santis. En entrevista con este diario, el juez y dirigente sindical Fredy Machado sostuvo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo en una reunión en la que se decidió que todos los jueces de la Costa Caribe iban a apoyar a De Santis. Aunque Bustos no se refirió a la elección, para Machado, el hecho de que hubiera estado en un evento privado deja mucho que desear. “¿Por qué no fue al resto de reuniones? –pregunta Machado–. Las roscas en la justicia solo benefician a los mediocres. Si queremos una buena justicia, hay que acabar con las roscas”.
La presencia de Bustos en ese encuentro fue corroborada por el mismo De Santis en entrevista con el diario El Tiempo. Dijo, no obstante, que Bustos sólo se refirió a la importancia de votar en esas elecciones. Eso mismo le dijo Bustos a ese diario. “Jamás hice ninguna propuesta para que se votase por algún candidato. Sencillamente aproveché la reunión para decir que era muy importante que esas elecciones fueran multitudinarias y que no se debía quedar ningún empleado sin votar”. El Espectador intentó comunicarse con él a través de la oficina de prensa de la Corte Suprema, pero no fue posible.
De Santis, aunque ha reconocido el mencionado pacto costeño, ha dicho que su candidatura no fue promovida por magistrados o exmagistrados de esa zona, como los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Luis Gabriel Miranda y Francisco Ricaurte. Sea como sea, el voto de De Santis va a ser determinante para la elección de los tres técnicos que van a componer el Consejo de Gobierno Judicial. A menos que su elección y la de la representante por los empleados, Martha Herrera, se caiga. Hay mucho en juego.
Por Juan Sebastián Jiménez Herrera
