“Una reforma a la Constitución es imposible en este gobierno”: ministra de Justicia

La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, llega en reemplazo de Néstor Osuna, con una extensa carrera en la Fiscalía y en Derechos Humanos. Explica al público que la única directriz precisa por parte de la Presidencia es consolidar un proyecto social con las herramientas que tiene desde la cartera. En diálogo con El Espectador, manifestó que ese proyecto vendrá con una serie de reformas que serán radicadas este semestre en el Congreso y que incluyen intentar dejar el actual sistema penal sin tantas talanqueras. Se viene un periodo en el que el Ministerio dará discusiones delicadas ante el público con respecto a las penas, la cárcel y el perdón social. Y, asimismo, se compromete a confeccionar el piso jurídico del proyecto paz total, en cuanto al sometimiento de estructuras armadas.

Con su aterrizaje en el Ministerio, ¿qué misiones le ha puesto específicamente el presidente Gustavo Petro?

Lo que les ha pedido a todos los ministros es que se cumpla con el marco de paz, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y todo lo que significa estructurar los proyectos que generen humanización y vida en Colombia. Esa es la directriz general. No ha habido una orientación específica, por lo menos conmigo. Desde ese punto de vista, es cumplir todas las expectativas que se tienen en torno a un proyecto que se ha consolidado sobre lo social, el territorio y la vida de los colombianos.

El presidente Petro va por la mitad de su mandato, ¿no le ha pedido que acelere la radicación de proyectos de la cartera de Justicia en el Congreso?

La verdad, simplemente preguntó si estaban listos los proyectos. Yo le contesté que no. El tema en particular es que hay otros proyectos de gobierno que sí están listos, como el proyecto de la ley agraria, que es iniciativa de la cartera de Agricultura, que coadyuva el Ministerio de Justicia. También el de la estatutaria de agricultura y los temas particulares de la reforma laboral y pensional. Obviamente, también en el marco del Ministerio de Justicia, hay unos proyectos que se están impulsando en compañía de la Fiscalía, de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, que están dando los pasos finales para poder ser presentados.

El consenso entre las partes que integran el sistema de justicia para mí es fundamental. La articulación también significa poder acompañar iniciativas, poder proponer y que las demás personas conozcan las iniciativas y opinen. Desde ese punto de vista, hay algunos elementos bien importantes que intentaremos implementar y que tienen que ver con proyectos de justicia interseccional, justicia familiar, reformas al código procesal penal, reformas en términos sustanciales y también para el sistema carcelario. La idea es aprovechar este semestre para poder radicar todos estos proyectos.

El propio presidente ha hablado de convocar a una constituyente. En dado caso de que se quiera materializar el proyecto en el Legislativo, saldría de su cartera, ¿está entre sus planes dar ese primer paso?

No, y yo creo que ya queda bastante claro el tema de la Constituyente. Incluso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha sido bastante frontal en el tema en particular. Consideramos que la mención a una reforma a la Constitución es imposible. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha dicho el mismo presidente, lo entendemos como mirar los elementos que podrían aglutinar también a la sociedad en busca de mejoras para, no solo acceso a la justicia, sino derechos sociales y en general.

En su Ministerio también está pendiente establecer las normas el marco jurídico de la paz total, es decir, las reglas del juego, ¿dentro de eso cabría una ley de punto final como lo ha propuesto el antiguo secretariado FARC?

El marco de la paz está en la Constitución y corresponde a una decisión de hace muchos años que nunca se implementó de debida manera. Al contrario, se retrasó seis años y hasta ahora empieza a implementarse. Eso implica que generemos propuestas para cumplir. Ahora, cuando se habla de un punto final, el tema es, ¿un punto final para qué? En Colombia existen la justicia ordinaria y la justicia transicional, dividida, a su vez, en los sistemas de Justicia y Paz —creada para la desmovilización paramilitar— y la Jurisdicción Especial para la Paz —creada para la comparecencia de los exFARC—. Ambos son marcos especiales con los que, desde el 2005, se empezó a diseñar la forma de acoger grupos al margen de la ley.

A veces la pregunta, sobre una ley de punto final, es si vamos a acabar con esa justicia transicional, pero ellas ya tienen su marco temporal. Justicia y Paz termina el próximo año y la JEP se extiende por 10 años. Más allá de ponerles punto final a esas jurisdicciones, es entender si con eso se logra la paz, teniendo en cuenta que este es un Estado con conflicto armado interno y con existencia de múltiples grupos que están ocupando en este momento los territorios. El presidente, los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia hemos reiterado elementos particulares sobre cómo han crecido estos grupos. Por eso, si el marco de la paz es sentarse a lograrla, debemos mirar quienes están dispuestos, y cómo y hasta donde está dispuesta la sociedad en este contexto.

También se adelantan conversaciones con estructuras criminales como el Clan del Golfo o la Oficina de Envigado, que no tienen estatus político, ¿habrá nueva ley de sometimiento para ellos o qué ocurrirá?

La ley de sometimiento fue entregada al Congreso el año pasado y fue una iniciativa inicial para algunos grupos, porque ya tenemos marcos que regulan a otros. De hecho, con la última sentencia de la Corte Constitucional —sobre la jurisdicción que debía conocer los procesos de Salvatore Mancuso—, es claro que el paramilitarismo tiene una vía clara que es Justicia y Paz. Ese proyecto de ley no tuvo debate y se hundió en el trámite general en el Congreso. Pero, sobre esa misma base, se exploran vías para saber si hay marcos regulatorios que puedan comprender a algunos grupos, y a otros que son amorfos y que no encajan en las jurisdicciones existentes.

Ustedes saben que este es un tema central del alto comisionado de Paz, Otty Patiño, y el Ministerio del Interior. Nosotros, desde el Ministerio de Justicia, apoyamos el tema de trabajar sobre las posibilidades y recomendaciones en el marco jurídico. Y sobre esos supuestos estamos trabajando. Esperamos entregar prontamente algunas propuestas. Mientras tanto, también es importante decirles que se está explorando opciones a partir de las solicitudes de varios grupos, entre ellos el Clan del Golfo. Para poder desmovilizar tú tienes que saber primero si las personas están dispuestas a aceptar las condiciones y a generar marcos que cumplan el acuerdo de paz.

¿Qué ha sabido del Clan del Golfo, hay una verdadera capacidad de someterse?

No estoy enterada al detalle de las conversaciones, porque yo no me siento en la mesa. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que la búsqueda de un acercamiento con el Estado, para decir que quieren desmovilizarse, entregar armas, menores de edad y generar una serie de reparaciones a las víctimas, es un elemento que no se puede ignorar dentro de un marco de paz. Sin embargo, hay que ver el compromiso. No solamente de este grupo sino de todos los grupos.

Lo que siempre digo es que esos acuerdos deben ser bilaterales. Van de lado y lado. Si no se cumple por alguna de las partes, y en particular por los grupos, pues ahí hay consecuencias, como lo hemos demostrado en la última actividad de levantamiento del cese al fuego por el ELN. Ahí, se retomaron acciones por parte del Ministerio de Defensa y del gobierno. Se están tomando decisiones de derecho que permiten seguir trabajando en el área de defensa de la ciudadanía.

Hablando sobre las múltiples características de los grupos armados, ¿podría haber marcos exclusivos para cada uno?

Esa es una división que está en el marco legal. Se habla de grupos armados, grupos organizados, grupos rurales, y las características de cada uno son diferentes. Tú no puedes homologar un Grupo Armado Organizado (GAO) con un Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Todos tienen distintas reglas aplicables desde el punto de vista jurídico y operativo de las Fuerzas Militares. Hay otros grupos que no tienen una clasificación en las normas internacionales, que son construcción colombiana, y desde ese contexto también tenemos que decidir dónde los vamos a ubicar.

Hay grupos que tienen o tuvieron una ideología política, y otros que no la tienen. Y las consideraciones jurídicas frente a ellos son muy diferentes a, incluso, los tipos penales que se les pueden aplicar y en qué base del derecho. Todo eso significa que debemos tener una vía clara para decir: sí, se van a desmovilizar. Sí, van a hacer este trámite. Sí, se van a acoger bajo esta ley.

Dentro de todas estas negociaciones y diálogos para la dejación de armas, ¿habría cárcel, por lo menos, para máximos responsables?

En justicia transicional lo que se ha dicho es: hay que pensar en que lo que se quiere lograr es, en definitiva, la paz. En la época de Juan Manuel Santos se discutía mucho sobre el tema de si había, o no, sanción punitiva durante el proceso en la JEP. Se llegó al acuerdo de que sí, que había un mínimo de ocho años para las personas que acepten, es decir, los comparecientes que se desmovilicen. Pero también una posibilidad de condenar a 20 años de cárcel a las personas que no acepten los crímenes investigados en esa Jurisdicción.

Es que esto no es fácil. Trabajar sobre la base de la complejidad del conflicto, la violencia, el número de grupos, la forma como se tiene que trabajar desde la legislación, la forma de derecho que tienes que aplicar. No es lo mismo trabajar con un delincuente ordinario, que con una persona que está en un sistema transicional. Cuando a mí me hablan de punibilidad, uno tiene que ser consciente de que estos marcos son creados transicionalmente para generar una serie de procesos que permitan que el sujeto comparezca a la justicia y sea él el que diga que hizo.

Precisamente, el tema de cárceles en el país actualmente es alarmante por el hacinamiento y la violación de derechos. ¿Cómo tienen planeado desde el Ministerio mitigar el problema?

Hay que pensar en tres niveles. Primero, el hacinamiento es histórico. Eso no se soluciona de la noche a la mañana. Pero, la función legislativa ha sido y es punitivista a morir. Tú puedes lograr liberar algunas personas y liberar centros carcelarios, pero salen más proyectos punitivistas que prohíben la libertad. El derecho penal en Colombia pareciera que soluciona todo, pero no es así. Lo segundo es que hay que impulsar la idea de que hay personas que, sin lugar a duda, sí tienen que estar en un centro carcelario por razones de política criminal.

Por último, esperamos entregar en el 2025 otros centros carcelarios. Pero, aun así, la idea no es volver a Colombia un centro carcelario. Porque, para mí,la parte más importante no es la infraestructura, es la realidad de un ser humano que está detenido en condiciones infrahumanas, y sobre el que, además, tiene una serie de obligaciones el Estado. Ese condenado tiene derecho a resocializarse y a aprender. Estamos generando un 50% de oferta educacional. La mayoría de los detenidos no tienen primaria o bachillerato, y por eso se está generando la posibilidad de hacer hasta las pruebas del Icfes, para que puedan salir con una formación.

Al sector justicia se le reclama que combata la reincidencia carcelaria, pues se supone que son centros de superación de este tipo de errores y crímenes, en todos los niveles que puede haber, pero la verdad es que son universidades del crimen...

Sí y no. La responsabilidad desde el punto de vista es compartida. El posponeado es rechazado por la sociedad. No le dan trabajo, es una persona que no consigue hacer nada y que tiene que volver a delinquir en algunos casos. También estamos intentando mirar si hay posibilidades de generar un apoyo en esos casos, porque la sociedad es discriminante. Entonces, el tema no es que el Inpec no resocializa, es que el Inpec tampoco puede socializar a la sociedad. La gente que delinque es gente que no ha tenido una sola oportunidad en su vida, en algunos casos, porque en otros son delincuentes de cuello blanco. Pero las personas que no han tenido oportunidad delinquen por varias razones y esa responsabilidad no es del sistema de justicia. Es de la sociedad que no le ha brindado oportunidades ni opciones.

En este diario tenemos conocimiento de que algunas reformas plantean ajustes al Código Penal y de procedimiento con los que las personas no llegarían tanto a la cárcel y para que los internos tengan más beneficios que les den la libertad. ¿Qué viene en la materia?

Yo recuerdo un ministro que pasó por aquí que es el doctor Yesid Reyes (2014-2016). El doctor planteó y en el Congreso aprobaron una ley que decía que la regla era la libertad, y la fueron cercenando poco a poco hasta que se convirtió en la excepción. Entonces, aquí el tema también es preparar a una sociedad para que entienda que no todo tiene que ser carcelario. El derecho penal no soluciona los problemas de abandono histórico del Estado. Nosotros estamos acostumbrados a subir las penas creyendo que así se soluciona todo, y no es así. Ahora, bajar las penas, sin ninguna racionalidad, tampoco soluciona el problema.

Lo que estamos impulsando son mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Porque son más prácticos y tienen mejor solución que un proceso de seis, siete u ocho años sin ningún rendimiento. Ahí viene una discusión interesantísima y es: ¿esta sociedad está preparada para empezar a hablar de no imponer penas en delitos x, y o z ? Nuestra tarea a partir de ahora es la socialización de la eficacia de esto y explicar la necesidad de despenalizar las acciones sociales.

Por ejemplo, en uno de los borradores en nuestro poder, se establece que delitos como las lesiones personales podrían ser objeto de justicia restaurativa...

Sí, que el victimario pague el hospital, le genere la compra de la medicina, que si es con lesión permanente sufrague los costos. Y fíjese que muchas veces ese tipo de procesos terminan en absolución. Entonces, ahí hay elementos que a uno le permiten decir que compensarían el daño causado, pero hay que mostrarle a la sociedad los beneficios. Porque nosotros somos una sociedad punitivista.

¿Cómo preparamos a una sociedad para eso?

Yo creo que dialogando con la sociedad. Mostrándole la realidad desde el sistema. Yo lo digo siempre: si nosotros miramos el tema de impunidad, de la congestión laboral, de imposibilidad de procesar todos los delitos, hay que racionalizar y decir qué es más efectivo para el denunciante o la víctima. Que le atienda todo lo que le causó o que espere unos 10 años para que el caso prescriba o termine el proceso con absolución.

¿Qué es la justicia terapéutica?

Este proyecto está realizado con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Es entender las causas que llevaron a cometer los delitos y solucionarlas. El proyecto está pensado para ayudar al sistema de justicia a que reflexione sobre cuáles son las medidas adecuadas para cada persona. Incluye medidas terapéuticas muy interesantes, que ya las vi en el Buen Pastor de Bogotá, y son la posibilidad de apoyos emocionales para estas personas.

Aquí hay otro problema social de fondo: cuando tu miras la sociedad colombiana, donde hay un alto número de hijos no queridos, desintegración familiar, donde nadie vela por esas personas, se crea un fenómeno de abandono y de rabia contra la sociedad, que en muchas ocasiones podría explicar desde el punto de vista criminológico algunas acciones. Entonces, esa reparación del individuo es entender qué le hace falta y qué se le pueda dar como apoyo o como muleta psicológica.

En otros temas, ¿está pensando en reformar la Procuraduría?

La Procuraduría General tiene un mandato constitucional que es más o menos el ‘Ómbudsman’ —representante del pueblo— en términos de protección de derechos humanos en otros países. Nuestra Procuraduría interviene para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, y la están tratando de sacar del esquema colombiano desde el 2005. Y hay elementos para evaluar, desde luego. Como que, dentro de algunos procesos, la entidad se convirtió en un elemento que puede romper la armonía del sistema acusatorio.

Pero también la Procuraduría participa en muchos procesos que creo que son importantes y donde no hay otras instituciones que actúen. Ahora, el problema disciplinario, que es otro tema, es que la jurisdicción tiene vacíos. Es un sistema sancionatorio y debería tener una serie de regulaciones y obligaciones internacionales, como la incapacidad para inhibir a funcionarios de elección popular.

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