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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo una inspección en las oficinas de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La diligencia, programada para el próximo 25 de febrero a las 9:00 a.m., fue ordenada por el magistrado Francisco Farfán y busca recaudar material probatorio sobre las agendas y órdenes del día establecidas por los exlíderes legislativos, así como otros elementos de interés relacionados con el trámite de las reformas promovidas por el gobierno.
La investigación se originó tras las denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, quienes acusaron a Name y Calle de recibir un presunto soborno de $4.000 millones a cambio de facilitar la aprobación de iniciativas clave para el Ejecutivo en el Congreso. Name y Calle ya han rendido declaración ante el alto tribunal y continúan sosteniendo su inocencia frente a los señalamientos de haber recibido sobornos para impulsar dichas reformas.
Como parte del proceso, el pasado 20 de enero la Corte Suprema llamó a declarar a nueve personas y ordenó la práctica de nuevas pruebas. Entre los citados a comparecer ante el alto tribunal se encuentran Pedro Castro, quien según la Fiscalía habría proporcionado los fondos para los pagos ilícitos, y los conductores Víctor Cárdenas, Yalid Omeye Castellanos y Orlando Marín Páez, asignados a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y actualmente en prisión por lavado de activos y tráfico de influencias.
Otros convocados incluyen a Pedro Andrés Rodríguez Melo y Juan Camilo Llanos Marulanda, exasesores y excontratistas de la Ungrd, así como David Esteban López Álvarez. Además, se citó a Diego Reinel Sierra Arguello, exconductor de Sneyder Pinilla, y Miguel Darío Ángel Bejarano, exconductor de Olmedo López.
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El magistrado Farfán también solicitó a la Fiscalía remitir, en un plazo máximo de cinco días, las declaraciones y pruebas aportadas por Luis Eduardo López Rosero. Asimismo, ordenó a la Ungrd suministrar información sobre el contrato de carrotanques destinados a abastecer de agua a La Guajira, detallando la fecha y modalidad de pago del anticipo.
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