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La Fiscalía General de la Nación concretó un principio de oportunidad con inmunidad total a favor de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, dentro del proceso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Benavides, quien fue imputada en mayo pasado como cómplice del delito de interés indebido en la celebración de contratos, se comprometió a colaborar como testigo en contra de los demás implicados en el millonario entramado de corrupción. Su testimonio es considerado clave para la Fiscalía, especialmente en la línea investigativa que involucra al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La audiencia para legalizar el principio de oportunidad fue programada para el próximo martes 22 de julio a las 12:00 del día, ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. De ser aprobado, la Fiscalía procederá de inmediato a radicar la solicitud de imputación de cargos contra el exministro Bonilla, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el material probatorio recolectado, Benavides habría servido como enlace entre el Ministerio de Hacienda y seis congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público. En esa función, habría facilitado la aprobación de operaciones de crédito externo, a cambio de direccionar contratos utilizando como canal de ejecución a la Ungrd.
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Entre los proyectos que habrían sido manipulados para beneficiar a congresistas aliados se encuentran iniciativas de inversión en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), que en total sumarían más de $92.600 millones. Los legisladores salpicados (Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique) ya fueron llamados a indagatoria por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Las pruebas indicarían que el entonces ministro Bonilla impartió instrucciones directas a Benavides para que priorizara esas solicitudes y las gestionara a través del presupuesto de la Unidad, lo que comprometería su responsabilidad en el caso. La exfuncionaria le contó a los investigadores del búnker que ella siguió órdenes del entonces jefe de cartera y obedeció las instrucciones de Andrea Ramírez, a quien se encontraba reemplazando porque estaba en licencia de maternidad.
En sus declaraciones ante la justicia, la exasesora Benavides contó que, antes de entrar a reemplazar a Ramírez, se reunió con ella en diciembre de 2023 y en ese encuentro le habló de la presunta entrega de contratos a congresistas. “A mí Andrea Ramírez desde el primer día me dijo: tú te entiendes con el Congreso, y ¿qué significa eso?: garantizar la gobernabilidad” de las comisiones económicas.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, le preguntó: “¿Y Andrea Ramírez se enteró de la existencia de unos contactos para el direccionamiento de la contratación?”. A lo que Benavides respondió: “Yo en diciembre tuve una reunión con ella, el primero de diciembre tuve una reunión con ella en la que yo le dije, yo le dije que habían tres cupos indicativos, que eran para tales congresistas. Yo se lo dije, ella lo sabía”.
Benavides también ha señalado que de las irregularidades tenía conocimiento el exministro Bonilla, quien niega tajantemente los señalamientos en su contra. “El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo Benavides a la Fiscalía.
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Además, la exfuncionaria también explicó que durante su gestión recibió presiones constantes de Jaime Ramírez Cobo, quien fuera el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con el Congreso para agilizar la entrega de los convenios. Y, finalmente, añadió que el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, también tenía pleno conocimiento de la entrega de los cupos indicativos a congresistas.
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