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La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción presentados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
También, el Ministerio Público abrió investigación contra los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís. Según se ha conocido en distintas investigaciones, posiblemente estarían involucrados en estas irregularidades con las que se entregaron contratos, con recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, de igual forma fue vinculada al expediente que se abrió en contra de los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, quienes supuestamente habrían recibido $4.000 millones, provenientes de un contrato suscrito por la Ungrd para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira. La entrega de este dinero, según las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, fue por orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual director Nacional de Inteligencia.
Por su parte, las pruebas del ente investigador, presentadas por la fiscal Andrea Muñoz, señalan que Olmedo López habría recibido $724 millones, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, habría recibido cerca de $300 millones por los sobrecostos del contrato de los carrotanques, adjudicados por $46.800 millones a la empresa Impoamericana Roger SAS, propiedad de Luis Eduardo López, el pastuso, contratista de dicha entidad.
Las pruebas de chats y georeferenciación, que comprobaron las reuniones de los congresistas con la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, en el Hotel Tequendama, en Bogotá, exponían que después de la entrega de los $70.000 millones en contratos, se acordó entregarles a ambos, Name y Calle, los $4.000 millones como parte del presunto entramado de corrupción correspondiente al contrato de los carrotanques para La Guajira.
Sobre los hechos que involucran al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exsubdirector Sneyder Pinilla, en un informe de Noticias Caracol, testificó que Olmedo López le habría ordenado el 26 de septiembre del 2023 en Riohacha, conseguir el dinero del soborno para entregar a los expresidentes del Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle. Pinilla supuestamente le habría preguntado a López de dónde saldrían los $4.000 millones para el pago de coimas, y este le respondió que para eso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le había enviado, el 22 de septiembre de 2023, $700.000 millones a la Ungrd. Dinero del cual se utilizó $100.000 millones para la compra de los carro tanques, y también fueron sacados las coimas recibidas por López y Pinilla, y los sobornos para Iván Name y Andrés Calle.
Con esta actuación disciplinaria, la Procuraduría busca “individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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