Uniandinos amenazados temen por sus vidas

Andrés Torres, el estudiante que supuestamente amenazó con quemar con ácido a varios de sus compañeros de la Universidad de los Andes, fue citado a una audiencia de imputación de cargos el próximo 25 de mayo. De acuerdo con lo que anunció la Fiscalía hace dos semanas, Torres deberá responder por el delito de amenazas por los mensajes intimidatorios que les habría enviado a más de 20 jóvenes homosexuales. Muchos de ellos hasta incluyen amenazas de muerte. La decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso formal para castigar al responsable fue celebrado por la comunidad LGBT.

Pero varios de los estudiantes amenazados le expresaron a El Espectador que siguen temiendo por su vida. “Cuando estamos cerca de la universidad, preferimos andar en grupos. Así la Fiscalía diga que va a investigar a Andrés Torres, para eso hace falta un mes. ¿Mientras tanto qué hacemos? Nosotros seguimos desprotegidos y con la duda de si sus amenazas se van a volver realidad”, señaló uno de los afectados, quien ayudó a la Fiscalía y a los hermanos Alejandro y Sebastián Lanz a recolectar las pruebas para denunciar a Andrés Torres.

“No me saque la piedra. Perra maldita. Muérase. Diga algo o le mando tirar ácido”, le dijo, supuestamente, Andrés Torres a un estudiante de derecho que recibió el mensaje en julio de 2014 y quien, a pesar de que ya pasó un año desde su amenaza, prefiere no dar su nombre por el temor a alguna retaliación. La misma prevención, la de no revelar sus identidades, la tienen por los menos 20 estudiantes más quienes, logró comprobar la Fiscalía, habían recibido mensajes similares desde 2012.

El miedo no les permite caminar tranquilos. Miran para atrás con frecuencia. Sospechan que cualquier persona que los mira fijamente por más de cinco segundos es quien les va a lanzar el ácido. Prefieren no andar solos dentro del campus o cerca de él. Y, en lo posible, no se quedan por más de una hora dentro de la universidad. “Son los mecanismos de seguridad que nos hemos inventado”, dice uno de los estudiantes que también prefiere reservar su nombre.

Los únicos que hasta ahora le han dado la cara a esta situación son los hermanos Lanz, Alejandro y Sebastián, quienes advirtieron en septiembre del año pasado las amenazas (amenaza en la red Grindr). “Yo me muero del pánico de ir al campus”, le dijo a este diario Sebastián Lanz, quien, al igual que sus compañeros de universidad, ha tenido que modificar por completo su rutina y las miradas para atrás, por encima de sus hombros, ya son un hábito adquirido.

El Espectador intentó comunicarse con los directivos de la universidad para conocer qué medidas ha tomado la institución para proteger a sus alumnos. La respuesta fue que el rector está por fuera del país y que su reemplazo no se encontraba disponible.

Aunque no hubo una respuesta oficial en esta ocasión, lo que sí se conoce es que la institución ha reiterado, en varias cartas y escritos, su total compromiso con la educación en la diversidad y la convivencia. “Los Andes pone a disposición de todos sus integrantes los medios con los que cuenta para atender casos de este tipo (…) Como saben, la universidad tiene un dispositivo de seguridad para procurar que el campus sea un lugar seguro”, le escribió a los hermanos Lanz Margarita Gómez, la ombudsperson de la universidad, un cargo común en centros educativos para vigilar y controlar los conflictos internos. Además, Gómez invitó a los hermanos a que se acercaran a la oficina del jefe de seguridad y servicios básicos para que hablaran sobre las medidas de seguridad que la universidad les podía ofrecer.

“Nada ha servido. Nosotros aquí seguimos completamente desprotegidos. Ni cuando intentamos dialogar con el CAI de Las Nieves, que es el que queda más cerca de la universidad, para que nos hicieran un acompañamiento, los directivos nos acompañaron”, explicó Sebastián Lanz

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo le aseguró a este diario que la Fiscalía envió el caso de los hermanos a la Unidad de Protección. “Todavía están haciendo el estudio de riesgos. En esos procesos se les olvida la urgencia que tienen este tipo de personas por estar protegidas”, explicó una delegada de la Defensoría.

El problema, agrega esa funcionaria, es que hay otros 20 estudiantes con el mismo riesgo y no han recibido el apoyo ni de la universidad ni de las autoridades: “¿A ellos quién los protege? Sería una lástima que tengamos que esperar a que un muchacho resulte herido dentro del campus para hacer algo”. Cuando la denuncia de las amenazas se hizo pública, la universidad rechazó las intimidaciones y recordó su compromiso con los pilares de la institución: el respeto y la tolerancia. Pero señaló que no podía tomar medidas, pues, en ese momento, no tenía la certeza de que la persona que estaba enviando las amenazas pertenecía a la universidad y las intimidaciones se habían realizado por fuera del campus –por la red social Grindr–.

“A nosotros nos han contestado cartas desde varias oficinas de la universidad. El problema es que consideramos que ninguna ha tenido una respuesta contundente ni de rechazo para la magnitud del problema”, manifestó Alejandro Lanz, quien asegura que en ningún momento la institución ha creado algún mecanismo ni protocolo para investigar o sancionar este tipo de conductas, ni siquiera después de que la Fiscalía asegurara que Andrés Torres sigue matriculado en la universidad y que estaría realizando una práctica profesional en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

El grupo de estudiantes amenazados y los hermanos Lanz esperan que, con la imputación de cargos del próximo 25 de mayo, algo de la normalidad que perdieron cuando los amenazaron regrese a sus vidas si, por supuesto, el acusado se presenta y el proceso judicial avanza sin retrasos. Pero para recurar su tranquilidad, deberán pasar 30 días más caminando en grupo, cambiando de ruta para llegar a sus casas o trabajo, y siempre mirando hacia atrás.

Andrés Torres, el estudiante que supuestamente amenazó con quemar con ácido a varios de sus compañeros de la Universidad de los Andes, fue citado a una audiencia de imputación de cargos el próximo 25 de mayo. De acuerdo con lo que anunció la Fiscalía hace dos semanas, Torres deberá responder por el delito de amenazas por los mensajes intimidatorios que les habría enviado a más de 20 jóvenes homosexuales. Muchos de ellos hasta incluyen amenazas de muerte. La decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso formal para castigar al responsable fue celebrado por la comunidad LGBT.

Pero varios de los estudiantes amenazados le expresaron a El Espectador que siguen temiendo por su vida. “Cuando estamos cerca de la universidad, preferimos andar en grupos. Así la Fiscalía diga que va a investigar a Andrés Torres, para eso hace falta un mes. ¿Mientras tanto qué hacemos? Nosotros seguimos desprotegidos y con la duda de si sus amenazas se van a volver realidad”, señaló uno de los afectados, quien ayudó a la Fiscalía y a los hermanos Alejandro y Sebastián Lanz a recolectar las pruebas para denunciar a Andrés Torres.

“No me saque la piedra. Perra maldita. Muérase. Diga algo o le mando tirar ácido”, le dijo, supuestamente, Andrés Torres a un estudiante de derecho que recibió el mensaje en julio de 2014 y quien, a pesar de que ya pasó un año desde su amenaza, prefiere no dar su nombre por el temor a alguna retaliación. La misma prevención, la de no revelar sus identidades, la tienen por los menos 20 estudiantes más quienes, logró comprobar la Fiscalía, habían recibido mensajes similares desde 2012.

El miedo no les permite caminar tranquilos. Miran para atrás con frecuencia. Sospechan que cualquier persona que los mira fijamente por más de cinco segundos es quien les va a lanzar el ácido. Prefieren no andar solos dentro del campus o cerca de él. Y, en lo posible, no se quedan por más de una hora dentro de la universidad. “Son los mecanismos de seguridad que nos hemos inventado”, dice uno de los estudiantes que también prefiere reservar su nombre.

Los únicos que hasta ahora le han dado la cara a esta situación son los hermanos Lanz, Alejandro y Sebastián, quienes advirtieron en septiembre del año pasado las amenazas (amenaza en la red Grindr). “Yo me muero del pánico de ir al campus”, le dijo a este diario Sebastián Lanz, quien, al igual que sus compañeros de universidad, ha tenido que modificar por completo su rutina y las miradas para atrás, por encima de sus hombros, ya son un hábito adquirido.

El Espectador intentó comunicarse con los directivos de la universidad para conocer qué medidas ha tomado la institución para proteger a sus alumnos. La respuesta fue que el rector está por fuera del país y que su reemplazo no se encontraba disponible.

Aunque no hubo una respuesta oficial en esta ocasión, lo que sí se conoce es que la institución ha reiterado, en varias cartas y escritos, su total compromiso con la educación en la diversidad y la convivencia. “Los Andes pone a disposición de todos sus integrantes los medios con los que cuenta para atender casos de este tipo (…) Como saben, la universidad tiene un dispositivo de seguridad para procurar que el campus sea un lugar seguro”, le escribió a los hermanos Lanz Margarita Gómez, la ombudsperson de la universidad, un cargo común en centros educativos para vigilar y controlar los conflictos internos. Además, Gómez invitó a los hermanos a que se acercaran a la oficina del jefe de seguridad y servicios básicos para que hablaran sobre las medidas de seguridad que la universidad les podía ofrecer.

“Nada ha servido. Nosotros aquí seguimos completamente desprotegidos. Ni cuando intentamos dialogar con el CAI de Las Nieves, que es el que queda más cerca de la universidad, para que nos hicieran un acompañamiento, los directivos nos acompañaron”, explicó Sebastián Lanz

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo le aseguró a este diario que la Fiscalía envió el caso de los hermanos a la Unidad de Protección. “Todavía están haciendo el estudio de riesgos. En esos procesos se les olvida la urgencia que tienen este tipo de personas por estar protegidas”, explicó una delegada de la Defensoría.

El problema, agrega esa funcionaria, es que hay otros 20 estudiantes con el mismo riesgo y no han recibido el apoyo ni de la universidad ni de las autoridades: “¿A ellos quién los protege? Sería una lástima que tengamos que esperar a que un muchacho resulte herido dentro del campus para hacer algo”. Cuando la denuncia de las amenazas se hizo pública, la universidad rechazó las intimidaciones y recordó su compromiso con los pilares de la institución: el respeto y la tolerancia. Pero señaló que no podía tomar medidas, pues, en ese momento, no tenía la certeza de que la persona que estaba enviando las amenazas pertenecía a la universidad y las intimidaciones se habían realizado por fuera del campus –por la red social Grindr–.

“A nosotros nos han contestado cartas desde varias oficinas de la universidad. El problema es que consideramos que ninguna ha tenido una respuesta contundente ni de rechazo para la magnitud del problema”, manifestó Alejandro Lanz, quien asegura que en ningún momento la institución ha creado algún mecanismo ni protocolo para investigar o sancionar este tipo de conductas, ni siquiera después de que la Fiscalía asegurara que Andrés Torres sigue matriculado en la universidad y que estaría realizando una práctica profesional en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

El grupo de estudiantes amenazados y los hermanos Lanz esperan que, con la imputación de cargos del próximo 25 de mayo, algo de la normalidad que perdieron cuando los amenazaron regrese a sus vidas si, por supuesto, el acusado se presenta y el proceso judicial avanza sin retrasos. Pero para recurar su tranquilidad, deberán pasar 30 días más caminando en grupo, cambiando de ruta para llegar a sus casas o trabajo, y siempre mirando hacia atrás.