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Fue hace dos años que la Corte Constitucional ordenó que los afectados por los crímenes de las bandas criminales debían ser reparados e incluidos en el Registro Único de Víctimas. No fue una sentencia más. Hoy se contabilizan 302.981 víctimas de estos grupos. Víctimas para las que urge una reparación integral y que, muy a pesar de las violencias cruzadas en medio siglo de conflicto, no fueron inicialmente beneficiarias de la llamada Ley de Víctimas del año 2011. Tras el fallo del alto tribunal, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que recalcular el presupuesto asignado para atender semejante desafío institucional. La radiografía de la guerra en Colombia arroja en la actualidad un número pavoroso de víctimas: 7’999.663, y contando.
En ese contexto, la saliente directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria Betancur, le pidió a la Fiscalía cuanto antes los bienes y dineros incautados a las bandas criminales en los últimos meses. En carta enviada al fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo, la funcionaria indicó que es preciso que al Fondo de Reparación para las Víctimas ingresen los recursos decomisados por las autoridades a esas organizaciones delincuenciales. En la misiva, Gaviria sostuvo que el Gobierno ha destinado más de $3,2 billones para reparar a ese inmenso universo de afectados por el conflicto —casi uno de cada cinco colombianos—, pero, dada la magnitud de los estragos acumulados en tantas décadas de violencia, se hacía necesario gestionar nuevas fuentes de financiación.
Lo más llamativo de la petición de Paula Gaviria Betancur es que, en representación de la Unidad de Víctimas, solicitó dineros concretos. Por ejemplo, los $613 millones incautados a Luis Javier Rojas Morera, quien pertenecía a la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista Alexánder García, del Partido de la U. Rojas Morera fue capturado en Bogotá el pasado 5 de abril, cuando se movilizaba en un vehículo adscrito al Senado y llevando ese monto de dinero. Plata que no pudo justificar ante el requerimiento de un soldado al que, incluso, intentó sobornar para que lo dejara ir, ofreciéndole hasta $100 millones. Un episodio que de inmediato prendió las alarmas sobre un presunto tráfico de dinero por parte de bandas criminales a través de vehículos asignados al Congreso.
Mientras la Fiscalía indaga ese episodio, para la Unidad de Víctimas no hay duda de que, dados los reportes públicos y la información encontrada por las autoridades, estos $613 millones deben ser enviados al Fondo de Reparación para las Víctimas de las mal llamadas bacrim. En el mismo documento, Paula Gaviria pidió también los dineros incautados en dos casos concretos. El pasado 10 de abril, en un operativo realizado en Ginebra (Valle) por el Ejército, el CTI de la Fiscalía y la DEA se logró el decomiso de $1.532 millones que serían del clan Úsuga, al mando de alias Otoniel. Asimismo, de acuerdo con la carta al fiscal Perdomo, la Policía Metropolitana de Manizales reportó el 15 de abril último la inmovilización de un carro particular que transportaba US$375.000 (unos $1.127 millones).
En este último caso, las autoridades detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda criminal que hoy están siendo procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de manera más atenta que se adelanten todas las gestiones necesarias para que los bienes incautados a las bandas criminales sean trasladados a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que puedan ser administrados por el Fondo y los recursos sean destinados a reparación judicial y administrativa, de acuerdo con lo establecido en sentencias de la Corte Constitucional”, señala el documento, conocido por El Espectador. Es la primera vez que la Unidad de Víctimas eleva una petición así a la Fiscalía.
Este diario buscó a Gaviria, quien ya se posesionó como alta consejera para los Derechos Humanos. Según ella, ante la escasez de recursos, los dineros incautados a las mafias de las bacrim tienen que ser usados para reparar a más de 300.000 víctimas registradas. “Hemos sabido por medios de prensa que se han incautado bienes y dineros a líderes de bandas criminales. Según la Corte Constitucional, nosotros tenemos que atender a las víctimas de estas organizaciones. Por consiguiente, queremos acceder a estos recursos, ya que con ellos podríamos reparar a un número importante de víctimas. Por primera vez le solicitamos al fiscal general que nos dé respuesta sobre estos bienes que, creemos, tienen que ir al Fondo para las Víctimas”, insistió Gaviria.
El Espectador se comunicó con el fiscal Perdomo para preguntarle por esta inusual solicitud, pero él señaló que todavía no tenía conocimiento de la carta de Gaviria. Por lo pronto queda claro que la reparación de más de 300.000 personas afectadas por el accionar de las bandas criminales tiene al Estado haciendo cálculos para ajustar el presupuesto requerido con el objetivo de paliar de una buena vez la deuda histórica con estas víctimas.
Por Juan David Laverde Palma
