El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), una organización internacional que reúne a los parlamentos de 173 países admitió para su estudio una querella que presentó el exsenador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, alegando la existencia de irregularidades en la investigación que inició en su contra la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno. El organismo de índole política y no judicial se declaró competente para estudiar de fondo el recuso y solicitó a su secretario general que pida la posición oficial al respecto de las autoridades judiciales colombianas.
El expresidente Álvaro Uribe denunció a la UIP supuestas faltas al debido proceso en su contra indicando, por ejemplo, que la Sala Penal de la Corte Suprema, en donde inició una indagación preliminar en 2018 supuestamente no tenía competencia para ello, hecho que ha sido desestimado por el mismo alto tribunal en varias oportunidades. Uribe Vélez indicó que supuestamente sus investigadores no han sido imparciales, que se han ocultado pruebas e insistió en calificar de irregular las interceptaciones telefónicas realizadas.
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Como respuesta a peticiones elevadas por ese organismo, el presidente del Congreso, Arturo Char, respondió el pasado 24 de octubre indicando que era su deber respetar la separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como respetar las decisiones que la justicia emita. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes resaltó la separación de poderes y que tenía la intención de hacer un debate sobre la filtración de los expedientes judiciales a los medios de comunicación y la posible modificación ilegal de pruebas por parte de servidores públicos.
Con esos elementos, el Comité de Derechos Humanos de la UIP señaló que la denuncia del expresidente estuvo bien interpuesta y que la misma “hace referencia a presuntas amenazas, actuaciones intimidatorias, detención y arresto arbitrarios, ausencia del debido proceso en la fase investigativa y ausencia de procesos judiciales imparciales, todas ellas acusaciones que se inscriben en el mandato del Comité”. En los mismos términos, el Comité admitió la denuncia que interpuso igualmente el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada quien también es investigado por la Corte Suprema.
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Como se sabe, el caso contra Uribe y Prada inició de manera conjunta en la Corte Suprema por supuestamente intentar manipular el testimonio de testigos que han declarado ante la justicia en contra del expresidente y que lo han vinculado con grupos paramilitares. El 3 agosto de 2020, la Sala de Instrucción resolvió la situación del expresidente ordenando su detención domiciliaria y dejando en libertad, pero vinculado, a Prada. Luego, el expresidente renunció al Congreso y con eso, su expediente fue enviado a la Fiscalía General. Uribe Vélez quedó en libertad el pasado 10 de octubre y el pasado 7 noviembre un juzgado determinó que el caso deberá seguir en el punto de decidir si es llamado a juicio o no.
¿Qué dice la Corte Suprema?
En un oficio de cinco páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema indicó que como órgano jurisdiccional independiente y máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia “no fijará posición alguna frente a las “denuncias” y los “casos” tramitados por dicho Comité. La Corte respeta la actividad de la ONG Unión Interparlamentaria, en cuanto organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos a escala mundial e institución que fomenta la cooperación entre los parlamentos entre sí, a través del diálogo político. Empero, en tanto órgano judicial independiente, atendiendo el principio de separación de poderes y amparada por la soberanía jurisdiccional, se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales”.
Además, señaló que no tiene por qué rendir descargos sobre sus actuaciones a una organización política y calificó el caso como una intromisión inadmisible a la independencia judicial. “Mucho menos puede pretender la Unión Interparlamentaria, bajo la creencia de adelantar un “caso” por supuesta violación de derechos humanos, juzgar las actuaciones de la Corte Suprema de la República de Colombia y, bajo ese entendido, invitarla a “dialogar” y “cooperar” en la búsqueda de una “solución satisfactoria” a sus intereses como agremiación internacional de parlamentarios”.
“Una tal advertencia es inadmisible por cuanto representa una amenaza a la independencia judicial. La Corte rechaza ese tipo de intromisiones e invita a la Unión Interparlamentaria a cumplir su mandato de asistencia a sus miembros y promoción de los derechos humanos respetando los principios de soberanía e independencia judicial. Los jueces se pronuncian a través de sus decisiones y éstas, salvo que sean reservadas, pueden ser consultadas y sometidas a escrutinio público. Mas a una organización internacional no gubernamental no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura”, agregó la Corte.
