Universidades, víctimas de “hackers”

 

El estudiante de 25 años, que fue condenado en febrero pasado por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso, logró, a través de key loggers (registrador de teclas), descifrar las contraseñas de algunos profesores para ingresar a la plataforma de notas. Luego creó un correo electrónico clandestino, a través del cual contactó a estudiantes de varios cursos y les ofreció sus servicios. El fraude se descubrió cuando una alumna recibió el correo de “soluciones académicas”, en el cual le ofrecían subir la nota de sus parciales por un precio que oscilaba entre $70 y $90 mil. La joven puso en conocimiento de los hechos a las directivas de la universidad, que a su vez denunciaron ante las autoridades. La joven manifestó que no era justo que algunos estudiantes se esforzaran para sobresalir académicamente mientras otros simplemente compraban notas. En total se cree que Robayo logró manipular calificaciones de cerca de 20 cursos entre febrero y junio de 2013, cuando fue descubierto. 

 

Una vez el estudiante logró manipular la plataforma web de su universidad, intentó hacer lo mismo con el sistema informático de la Universidad La Gran Colombia, donde estudiaba su novia. Allí solo pudo infectar algunos equipos y tener acceso remoto a cierta información, pero ese momento coincidió con el allanamiento a su casa en el que se le incautó el computador desde el cual administraba el correo electrónico por medio del cual ofrecía soluciones académicas.

 

La universidad abrió también un proceso disciplinario contra el estudiante que determinó finalmente su expulsión y no podrá graduarse en esa institución académica. En la actualidad no existen procesos penales contra otros estudiantes, a pesar de que haber pagado para que alguien cometa un delito los hace coautores del mismo. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para vincularlos a la investigación judicial. Pero la universidad sí está adelantando investigaciones disciplinarias contra algunos de ellos.

 

En la actualidad la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijín adelanta indagaciones por denuncias de otras universidades, en las que no solo estudiantes, sino también empleados del área de admisiones y registro, están involucrados. Aunque no son públicos los nombres de las instituciones educativas, se sabe que las denuncias han sido interpuestas por universidades de Bogotá, Pasto y Barranquilla.

 

Estos procesos se adelantan en el marco de la Ley 1273 de 2009, que estableció siete tipos de delitos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Entre ellos, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web para capturar datos personales. Estos delitos contemplan penas de entre 48 y 96 meses de cárcel y multas de entre 100 y 1.000 salarios mínimos. Robayo fue condenado a tres años de prisión, pero fue beneficiado con pena no privativa de la libertad.

 

El estudiante de 25 años, que fue condenado en febrero pasado por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso, logró, a través de key loggers (registrador de teclas), descifrar las contraseñas de algunos profesores para ingresar a la plataforma de notas. Luego creó un correo electrónico clandestino, a través del cual contactó a estudiantes de varios cursos y les ofreció sus servicios. El fraude se descubrió cuando una alumna recibió el correo de “soluciones académicas”, en el cual le ofrecían subir la nota de sus parciales por un precio que oscilaba entre $70 y $90 mil. La joven puso en conocimiento de los hechos a las directivas de la universidad, que a su vez denunciaron ante las autoridades. La joven manifestó que no era justo que algunos estudiantes se esforzaran para sobresalir académicamente mientras otros simplemente compraban notas. En total se cree que Robayo logró manipular calificaciones de cerca de 20 cursos entre febrero y junio de 2013, cuando fue descubierto. 

 

Una vez el estudiante logró manipular la plataforma web de su universidad, intentó hacer lo mismo con el sistema informático de la Universidad La Gran Colombia, donde estudiaba su novia. Allí solo pudo infectar algunos equipos y tener acceso remoto a cierta información, pero ese momento coincidió con el allanamiento a su casa en el que se le incautó el computador desde el cual administraba el correo electrónico por medio del cual ofrecía soluciones académicas.

 

La universidad abrió también un proceso disciplinario contra el estudiante que determinó finalmente su expulsión y no podrá graduarse en esa institución académica. En la actualidad no existen procesos penales contra otros estudiantes, a pesar de que haber pagado para que alguien cometa un delito los hace coautores del mismo. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para vincularlos a la investigación judicial. Pero la universidad sí está adelantando investigaciones disciplinarias contra algunos de ellos.

 

En la actualidad la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijín adelanta indagaciones por denuncias de otras universidades, en las que no solo estudiantes, sino también empleados del área de admisiones y registro, están involucrados. Aunque no son públicos los nombres de las instituciones educativas, se sabe que las denuncias han sido interpuestas por universidades de Bogotá, Pasto y Barranquilla.

 

Estos procesos se adelantan en el marco de la Ley 1273 de 2009, que estableció siete tipos de delitos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Entre ellos, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web para capturar datos personales. Estos delitos contemplan penas de entre 48 y 96 meses de cárcel y multas de entre 100 y 1.000 salarios mínimos. Robayo fue condenado a tres años de prisión, pero fue beneficiado con pena no privativa de la libertad.