Urabá, laboratorio de guerra

Reconstruir la historia de violencias cruzadas que patrocinaron los paramilitares en Urabá es una de las obsesiones de la Unidad de Análisis y Contexto (UNAC) de la Fiscalía. No basta ya con documentar la cronología de esa barbarie de retazos judiciales y expedientes impunes. Su desafío es investigar cómo las autodefensas desdoblaron sus frentes de guerra en alianzas políticas y económicas —que siguen pasando de agache— mientras gestaban una contrarreforma agraria que dejó millones de despojados. Apoyados en las confesiones de exjefes de esta organización, entrevistas con víctimas, análisis de expertos, elaboración de mapas e información de la Superintendencia de Notariado y Registro, la UNAC pretende articular el fenómeno paramilitar más allá de los fusiles, las balas y el narcotráfico.

Después de un año de trabajo, esta semana se ordenó la captura de tres personas que hace casi dos décadas se apropiaron ilegalmente de 7.000 hectáreas en Urabá que pertenecían a 14 familias que tuvieron que huir por las amenazas de estos ejércitos privados. Es el primer resultado de la UNAC en este ejercicio de desandar los crímenes del paramilitarismo en una región que lleva medio siglo agobiada por los violentos. El coordinador de esta unidad, Alejandro Ramelli, resaltó que lo importante de este operativo es que se logró desempolvar un expediente de hace 15 años del que nadie se ocupó hasta que los analistas de esta división de la Fiscalía pudieron identificar el destierro y los promotores de la usurpación.

El Espectador tuvo acceso a un informe de 54 páginas de la UNAC que detalla las dimensiones del proyecto paramilitar subdivididas en cuatro brazos que mantuvieron entre 1990 y 2007: las alianzas con políticos locales y nacionales, la expansión de su aparato militar, los enlaces económicos que los patrocinaron y los integrantes de la Fuerza Pública que cohonestaron sus estructuras de poder. Para lograr esta visión y dimensionar los estragos de la salvajada, la UNAC se concentró en los patrones de violencia ejecutados contra sindicalistas, integrantes de la Unión Patriótica y la persecución desatada contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como los procesos de despojo y apropiación de tierras que constituyeron la segunda fase de la empresa de las autodefensas.

Después de cruzar variables de estadísticas oficiales con matrices de organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía ha venido encontrando protagonistas ocultos de una organización ilegal que multiplicó sus frentes de batallas a mediados de los años 90 por orden de los hermanos Vicente y Fidel Castaño Gil, a través de la creación de los bloques Élmer Cárdenas y Bananero, y los frentes Turbo, Arlex Hurtado y Héroes de Tolová. Una estrategia que derivó en la cooptación de élites regionales cordobesas, antioqueñas y chocoanas mientras los proyectos agroindustriales de palma de cera, la explotación de caucho, maderas tropicales y la extensión de las industrias bananera y ganadera se desarrollaban en predios que justamente habían sido despojados por este grupo criminal y que ahora eran custodiados por la fachada legal del paramilitarismo: las Convivir.

Según el documento, la lucha contrainsurgente que reivindicaron los ‘paras’ cuando entraron a sangre y fuego a principios de los años 90 a Urabá fue apenas una excusa para ejecutar un proyecto “fraguado por individuos con intereses comunes” que trascendía por mucho ese mito que siempre quisieron vender las autodefensas como modelo antisubversivo. De acuerdo con el rastreo de la UNAC, entre 1982 y 1986 fueron asesinados 350 afiliados del Sindicato de Trabajadores Agrarios (Sintagro). En 1987 los grupos Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) y Muerte a Sindicalistas Revolucionarios de Urabá (MRU) provocaron el destierro de cientos de trabajadores organizados de izquierda y fueron la plataforma de las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Ya entonces Fidel Castaño ampliaba por todo Urabá los escuadrones de la muerte.

Pero sólo hasta 1995, un año después de que Fidel Castaño fuera asesinado, el proyecto paramilitar se expandió de norte a sur, es decir, desde Valencia y Arboletes las autodefensas hicieron un barrido macabro hacia el centro de Urabá, en donde se desarrollaba el eje bananero en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa. Un crecimiento que coincidió con la creación de grupos de seguridad privada, los denominados Convivir, que terminaron legalizando armas y dineros a los ‘paras’. Las confesiones del extraditado exjefe paramilitar Hébert Veloza, alias H.H. le permitieron a la UNAC rastrear alianzas y jerarquías. Por ejemplo, se estableció que el frente Turbo comenzó con 22 hombres, que entonces apodaron como Los Escorpiones, que recibieron entrenamiento militar en las fincas La 35, Jaraguay y Las Tangas en Córdoba. Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, fue el instructor de todos.

Para desarrollar labores de inteligencia urbana, las autodefensas comenzaron a moverse en una Toyota Hilux blanca, un Renault café y un Suzuki con los que patrullaban entre Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Así fueron identificando supuestos milicianos de las Farc y el Epl, y los fueron asesinando mientras de finca en finca les prohibieron a los trabajadores hacer paros armados que afectaran a los empresarios del banano. Para 1996 Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, consolidó las finanzas del bloque Bananero al tiempo que Carlos Enrique Vásquez, alias Cepillo, un reinsertado de la guerrilla del Epl, despachaba como comandante militar en Urabá.

Después vino el apoyo, probado ya, de multinacionales como Chiquita Brands y otras que se investigan de ganaderos y bananeros de Urabá. Al tratar de dimensionar económicamente el proyecto paramilitar, la UNAC hizo un mapeo por múltiples expedientes en donde han salido salpicadas reconocidas compañías que según Hasbún entregaban listas de activistas o sindicalistas que después eran señalados como guerrilleros. La defensa de muchas de estas firmas privadas es que fueron obligadas a pagar millonarias extorsiones —tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada en el caso de Chiquita— por estos grupos ilegales. Pero lo que se ha constatado es lo contrario, al punto de que se activó un programa en 1996 que medía la capacidad de un trabajador con machete por hectárea, y que podía rotular a cualquier campesino, según fuera el caso, como guerrillero o ladrón.

Pedro Bonito entregó una lista de 226 ganaderos y bananeros que financiaron a las autodefensas y contó que anualmente estos patrocinadores se reunían en Medellín con altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia para evaluar los avances en seguridad en Urabá. Incluso sostuvo que el polémico exsubdirector del DAS José Miguel Narváez les dio conferencias a través de varias Convivir en el Hotel Intercontinental sobre estrategias de guerra política. La piedra angular de estas empresas de seguridad privada era la Convivir Papagayo, que canalizaba los recursos necesarios para la organización. Las 13 Convivir que operaban en Urabá trabajaban en red, según las confesiones de Pedro Bonito, mientras integrantes de la Fuerza Pública les entregaban a los ‘paras’ información de inteligencia que no podían judicializar.

Fue tanto el dinero recogido por las Convivir, que hicieron dos carreteras con su propia maquinaria y su estrategia de expansión hacia el Urabá chocoano, con el objetivo de transportar armas, comida y hasta droga en rutas que controlaban. La UNAC además estableció que entre 1990 y 2007 en Urabá se produjeron 10.227 homicidios, de los cuales casi la mitad fueron ejecutados entre 1994 y 1998, es decir, cuando implantaron su régimen de terror, ubicando el pico más alto en términos de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El llamado eje bananero de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo puso la cuota más alta de asesinatos desde el auge paramilitar y su posterior desmovilización: en total 7.545 muertos.

Con otra estadística escalofriante: según la Escuela Nacional Sindical, entre 1990 y 2005 se perpetraron 2.104 asesinatos de trabajadores, de los cuales 596 ocurrieron en el eje bananero. Además, entre 1993 y 2007 las autodefensas perpetraron 73 masacres que dejaron como saldo 494 víctimas. La UNAC encontró que esta expansión paramilitar coincidió con la llegada a Urabá en 1993 de la Brigada 17. Un contexto que también explica el desplazamiento forzado que padecieron Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa durante el lapso estudiado. Un despojo que se dio en cuatro frentes: a través de la violencia física —“si no vende le compro a la viuda”, fue una frase popular en Urabá—, el uso de figuras jurídicas con la complicidad de notarios, la apropiación sin transacción comercial y el asesinato y desaparición forzada. Muchos insumos de esta radiografía fueron aportados por ONG como la Comisión Colombiana de Juristas.

El mapeo del estado de los procesos judiciales revela un panorama desolador en cuanto a la impunidad que campea en casi todos los expedientes. Por ejemplo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reportó que entre 1985 y 2011 se hallaron 205 casos de homicidio, violencia sexual, secuestro y otros delitos. De ese número, 87 están en una indagación previa y sólo tres de ellos llegaron a una etapa de juicio. En relación con el desplazamiento, la Fiscalía dio información de 1.577 casos ocurridos entre 1985 y 2011, de los cuales 1.045 corresponden al delito de desaparición forzada. Los avances también han sido escasos. En general, bastante poco ha pasado judicialmente con tanta sangre vista en Urabá. De allí la obsesión de la UNAC por reconstruir la radiografía de un conflicto que ha sido entendido a retazos y en el cual muchos de sus protagonistas permanecen a la sombra.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

Reconstruir la historia de violencias cruzadas que patrocinaron los paramilitares en Urabá es una de las obsesiones de la Unidad de Análisis y Contexto (UNAC) de la Fiscalía. No basta ya con documentar la cronología de esa barbarie de retazos judiciales y expedientes impunes. Su desafío es investigar cómo las autodefensas desdoblaron sus frentes de guerra en alianzas políticas y económicas —que siguen pasando de agache— mientras gestaban una contrarreforma agraria que dejó millones de despojados. Apoyados en las confesiones de exjefes de esta organización, entrevistas con víctimas, análisis de expertos, elaboración de mapas e información de la Superintendencia de Notariado y Registro, la UNAC pretende articular el fenómeno paramilitar más allá de los fusiles, las balas y el narcotráfico.

Después de un año de trabajo, esta semana se ordenó la captura de tres personas que hace casi dos décadas se apropiaron ilegalmente de 7.000 hectáreas en Urabá que pertenecían a 14 familias que tuvieron que huir por las amenazas de estos ejércitos privados. Es el primer resultado de la UNAC en este ejercicio de desandar los crímenes del paramilitarismo en una región que lleva medio siglo agobiada por los violentos. El coordinador de esta unidad, Alejandro Ramelli, resaltó que lo importante de este operativo es que se logró desempolvar un expediente de hace 15 años del que nadie se ocupó hasta que los analistas de esta división de la Fiscalía pudieron identificar el destierro y los promotores de la usurpación.

El Espectador tuvo acceso a un informe de 54 páginas de la UNAC que detalla las dimensiones del proyecto paramilitar subdivididas en cuatro brazos que mantuvieron entre 1990 y 2007: las alianzas con políticos locales y nacionales, la expansión de su aparato militar, los enlaces económicos que los patrocinaron y los integrantes de la Fuerza Pública que cohonestaron sus estructuras de poder. Para lograr esta visión y dimensionar los estragos de la salvajada, la UNAC se concentró en los patrones de violencia ejecutados contra sindicalistas, integrantes de la Unión Patriótica y la persecución desatada contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como los procesos de despojo y apropiación de tierras que constituyeron la segunda fase de la empresa de las autodefensas.

Después de cruzar variables de estadísticas oficiales con matrices de organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía ha venido encontrando protagonistas ocultos de una organización ilegal que multiplicó sus frentes de batallas a mediados de los años 90 por orden de los hermanos Vicente y Fidel Castaño Gil, a través de la creación de los bloques Élmer Cárdenas y Bananero, y los frentes Turbo, Arlex Hurtado y Héroes de Tolová. Una estrategia que derivó en la cooptación de élites regionales cordobesas, antioqueñas y chocoanas mientras los proyectos agroindustriales de palma de cera, la explotación de caucho, maderas tropicales y la extensión de las industrias bananera y ganadera se desarrollaban en predios que justamente habían sido despojados por este grupo criminal y que ahora eran custodiados por la fachada legal del paramilitarismo: las Convivir.

Según el documento, la lucha contrainsurgente que reivindicaron los ‘paras’ cuando entraron a sangre y fuego a principios de los años 90 a Urabá fue apenas una excusa para ejecutar un proyecto “fraguado por individuos con intereses comunes” que trascendía por mucho ese mito que siempre quisieron vender las autodefensas como modelo antisubversivo. De acuerdo con el rastreo de la UNAC, entre 1982 y 1986 fueron asesinados 350 afiliados del Sindicato de Trabajadores Agrarios (Sintagro). En 1987 los grupos Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) y Muerte a Sindicalistas Revolucionarios de Urabá (MRU) provocaron el destierro de cientos de trabajadores organizados de izquierda y fueron la plataforma de las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Ya entonces Fidel Castaño ampliaba por todo Urabá los escuadrones de la muerte.

Pero sólo hasta 1995, un año después de que Fidel Castaño fuera asesinado, el proyecto paramilitar se expandió de norte a sur, es decir, desde Valencia y Arboletes las autodefensas hicieron un barrido macabro hacia el centro de Urabá, en donde se desarrollaba el eje bananero en los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa. Un crecimiento que coincidió con la creación de grupos de seguridad privada, los denominados Convivir, que terminaron legalizando armas y dineros a los ‘paras’. Las confesiones del extraditado exjefe paramilitar Hébert Veloza, alias H.H. le permitieron a la UNAC rastrear alianzas y jerarquías. Por ejemplo, se estableció que el frente Turbo comenzó con 22 hombres, que entonces apodaron como Los Escorpiones, que recibieron entrenamiento militar en las fincas La 35, Jaraguay y Las Tangas en Córdoba. Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, fue el instructor de todos.

Para desarrollar labores de inteligencia urbana, las autodefensas comenzaron a moverse en una Toyota Hilux blanca, un Renault café y un Suzuki con los que patrullaban entre Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Así fueron identificando supuestos milicianos de las Farc y el Epl, y los fueron asesinando mientras de finca en finca les prohibieron a los trabajadores hacer paros armados que afectaran a los empresarios del banano. Para 1996 Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, consolidó las finanzas del bloque Bananero al tiempo que Carlos Enrique Vásquez, alias Cepillo, un reinsertado de la guerrilla del Epl, despachaba como comandante militar en Urabá.

Después vino el apoyo, probado ya, de multinacionales como Chiquita Brands y otras que se investigan de ganaderos y bananeros de Urabá. Al tratar de dimensionar económicamente el proyecto paramilitar, la UNAC hizo un mapeo por múltiples expedientes en donde han salido salpicadas reconocidas compañías que según Hasbún entregaban listas de activistas o sindicalistas que después eran señalados como guerrilleros. La defensa de muchas de estas firmas privadas es que fueron obligadas a pagar millonarias extorsiones —tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada en el caso de Chiquita— por estos grupos ilegales. Pero lo que se ha constatado es lo contrario, al punto de que se activó un programa en 1996 que medía la capacidad de un trabajador con machete por hectárea, y que podía rotular a cualquier campesino, según fuera el caso, como guerrillero o ladrón.

Pedro Bonito entregó una lista de 226 ganaderos y bananeros que financiaron a las autodefensas y contó que anualmente estos patrocinadores se reunían en Medellín con altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia para evaluar los avances en seguridad en Urabá. Incluso sostuvo que el polémico exsubdirector del DAS José Miguel Narváez les dio conferencias a través de varias Convivir en el Hotel Intercontinental sobre estrategias de guerra política. La piedra angular de estas empresas de seguridad privada era la Convivir Papagayo, que canalizaba los recursos necesarios para la organización. Las 13 Convivir que operaban en Urabá trabajaban en red, según las confesiones de Pedro Bonito, mientras integrantes de la Fuerza Pública les entregaban a los ‘paras’ información de inteligencia que no podían judicializar.

Fue tanto el dinero recogido por las Convivir, que hicieron dos carreteras con su propia maquinaria y su estrategia de expansión hacia el Urabá chocoano, con el objetivo de transportar armas, comida y hasta droga en rutas que controlaban. La UNAC además estableció que entre 1990 y 2007 en Urabá se produjeron 10.227 homicidios, de los cuales casi la mitad fueron ejecutados entre 1994 y 1998, es decir, cuando implantaron su régimen de terror, ubicando el pico más alto en términos de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El llamado eje bananero de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo puso la cuota más alta de asesinatos desde el auge paramilitar y su posterior desmovilización: en total 7.545 muertos.

Con otra estadística escalofriante: según la Escuela Nacional Sindical, entre 1990 y 2005 se perpetraron 2.104 asesinatos de trabajadores, de los cuales 596 ocurrieron en el eje bananero. Además, entre 1993 y 2007 las autodefensas perpetraron 73 masacres que dejaron como saldo 494 víctimas. La UNAC encontró que esta expansión paramilitar coincidió con la llegada a Urabá en 1993 de la Brigada 17. Un contexto que también explica el desplazamiento forzado que padecieron Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa durante el lapso estudiado. Un despojo que se dio en cuatro frentes: a través de la violencia física —“si no vende le compro a la viuda”, fue una frase popular en Urabá—, el uso de figuras jurídicas con la complicidad de notarios, la apropiación sin transacción comercial y el asesinato y desaparición forzada. Muchos insumos de esta radiografía fueron aportados por ONG como la Comisión Colombiana de Juristas.

El mapeo del estado de los procesos judiciales revela un panorama desolador en cuanto a la impunidad que campea en casi todos los expedientes. Por ejemplo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reportó que entre 1985 y 2011 se hallaron 205 casos de homicidio, violencia sexual, secuestro y otros delitos. De ese número, 87 están en una indagación previa y sólo tres de ellos llegaron a una etapa de juicio. En relación con el desplazamiento, la Fiscalía dio información de 1.577 casos ocurridos entre 1985 y 2011, de los cuales 1.045 corresponden al delito de desaparición forzada. Los avances también han sido escasos. En general, bastante poco ha pasado judicialmente con tanta sangre vista en Urabá. De allí la obsesión de la UNAC por reconstruir la radiografía de un conflicto que ha sido entendido a retazos y en el cual muchos de sus protagonistas permanecen a la sombra.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9