Mindefensa reaccionó a liberación de Lyan Hortúa, el niño secuestrado en Jamundí

Durante 18 días, el menor de 11 años estuvo secuestrado por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en Jamundí (Valle del Cauca).

Foto: Defensoría del Pueblo

En la tarde de este miércoles 21 de mayo la Defensoría del Pueblo confirmó la noticia de la liberación del niño Lyan Hortúa, de 11 años, quien llevaba 18 días secuestrado por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

Una comisión humanitaria, encabezada por la entidad de derechos humanos, estuvo al frente de la misión para lograr su liberación. Esta semana el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional de Servicio de la Policía, señaló que la Iglesia Católica y Naciones Unidas también estaban mediando al respecto.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, celebró liberación. “Desde el corazón de nuestras Fuerzas y con el alma de la patria entera: ¡Bienvenido a la libertad, Lyan! Hoy celebramos la vida, la esperanza y el reencuentro. La libertad de Lyan, un niño que nunca debió ser separado de su hogar, representa una victoria de todos los que creemos en un país donde la niñez se respeta y se protege”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

A renglón seguido, el ministro Sánchez Suárez agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo “cuya labor fue fundamental para que este desenlace fuera posible sin más dolor ni riesgo”. Y agregó: “a la familia de Lyan, nuestro abrazo solidario. A nuestros soldados, policías y defensores de derechos humanos: gracias por no rendirse”.

A su vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la liberación. “Lyan Hortúa está en libertad, nos fue entregado a la Defensoría del Pueblo y a la familia. Advertimos que hay un buen estado de salud de parte de él, pero tendrá que ser llevado a chequeos médicos para garantizar que esté muy bien”, dijo.

También hizo un llamado a los grupos al margen de la ley, en medio de la difícil situación de seguridad que ha vivido el Valle del Cauca durante las últimas semanas. “Quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado a todos los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, la vida y la libertad de todas las personas, especialmente de los niños y niñas que tienen que estar fuera de la guerra y de la violencia”, agregó la defensora Marín.

Contenido relacionado: La guerra de las disidencias que tiene en jaque la seguridad del Valle del Cauca

El secuestro del pequeño Lyan puso bajo la lupa la situación de orden público que vive el Valle del Cauca. Especialmente en sitios como Cali, Jamundí, Bajo Calima, Bugalagrande y Andalucía. Ataques a la Fuerza Pública, atentados con explosivos, enfrentamientos entre grupos armados y constreñimientos a la población civil son de las acciones registradas durante las últimas semanas.

El subsecretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, dijo en un diálogo reciente con El Espectador que los grupos ilegales “están en una lucha frontal contra el Estado” en el departamento. Una situación que, aseguró, desborda las capacidades de las autoridades regionales y demanda mayor atención de parte del Gobierno Nacional. “El comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía es el presidente de la República, las amenazas que tiene el Valle del Cauca superan con creces las capacidades de la gobernación”, señaló el funcionario.

También la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha hecho fuertes llamados sobre la situación. “Necesitamos decisiones nacionales. Hay vías ilegales por donde transitan los delincuentes, estaciones de gasolina fuera de control, y corredores del narcotráfico que solo el Gobierno Nacional puede intervenir”, dijo recientemente a medios de comunicación.

Lea también: Siguen los combates entre Ejército y ELN en Norte de Santander: van seis capturas

A estas voces se suma la de la Defensoría del Pueblo, que emitió el 7 de mayo una alerta temprana de inminencia por disputas entre las bandas La Inmaculada y Los Rastrojos Nueva Generación, que libran la guerra del microtráfico en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. “Pese a que hay en curso entre ellos conversaciones sobre posibles acuerdos de no agresión, estos podrían ser frágiles o de muy poca duración y proliferar profundas afectaciones a habitantes de sus zonas urbanas”, se lee en el documento.

Además, tras una visita con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento de desplazados, de la Corte Constitucional, la defensora Marín, alertó que los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley están afectando a habitantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima y miembros del pueblo indígena Wounaan, del Resguardo Santa Rosa de Guayacán.

Muchos de los afectados, señaló la funcionaria, estuvieron desplazados en albergues de Cali y Buenaventura y habían retornado al Bajo Calima en diciembre de 2023 y junio de 2024. Sin embargo, los enfrentamientos entre guerrilla y Clan del Golfo allí, en sus palabras, “han generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas”.

Más contenido: Ministro de Defensa y alcalde Éder se reunieron tras ataque con explosivos en Cali

Los ataques a la Fuerza Pública, CAI y patrullas de Policía, también se han hecho comunes. El último, que ocurrió en la noche del domingo 18 de mayo, dejó a tres policías y cuatro civiles heridos, dos de ellos menores de edad. Tras el hecho, el ministro Sánchez Suárez se reunió con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y anunciaron aumento de pie de fuerza en la capital del Valle y su área metropolitana, para contener la situación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.