Uribe no cuenta con “valiosos recursos judiciales”: respondió Victor Mosquera al director de HRW

Álvaro Uribe VélezD

Foto: Óscar Pérez

El abogado defensor a nivel internacional de Álvaro Uribe Vélez, Victor Mosquera Marín “se vio obligado a responder” la comunicación que hizo en las últimas horas el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en la que señaló en los los errores e inexactitudes que habrían cometido los 21 exmandantarios de Latinoamérica y España que salieron en defensa del expresidente Uribe.

“Me veo obligado a dirigirme a usted (...) a propósito de la comunicación del 20 de agosto de 2020, suscrita por usted como representante de Human Rights Watch División de las Américas, en la cual censura y desaprueba la opinión de los veintiún expresidentes iberoamericanos que manifestaron su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, ante la violación sistemática de sus derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos”, señaló el defensor en su misiva.

En ese sentido, se permitió explicar punto por punto los hechos que, a su consideración, representan la forma en la que se han visto violentados y vulnerados los derechos humanos de Álvaro Uribe a lo largo del proceso penal en su contra que se avanza en la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, el abogado se refirió a la falta de competencia de la Sala Penal para investigar a su cliente.

Señaló que desde que empezó a regir el acto legislativo que creó la doble instancia en la Corte Suprema, en enero de 2018, la Sala de Casación Penal ya no tenía competencia para iniciar una investigación en contra de Uribe, pues esa labor le correspondía a la Sala de Instrucción Penal. No obstante, dijo que, entrado en vigencia el acto legislativo, fueron los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro, de la Sala de Casación Penal, quienes cerraron la investigación en contra de Iván Cepeda e iniciaron un proceso penal contra Uribe “sin tener competencia para ello y sin declararse impedidos en un proceso en el que ya habían dado su opinión desfavorable respecto al investigado”.

Por otro lado, Moquera se refirió a que el proceso penal en contra de Uribe por presunto soborno y fraude procesal, se realizó de forma oculta desde su inicio el 22 de febrero de 2018, a pesar de que el expresidente solicitó en múltiples ocasiones a la “incompetente” Sala de Casación Penal que le informaran si adelantaba alguna investigación en su contra. Pero, dice el defensor, la Sala le comunicó sobre otros procesos y “ocultó de manera premeditada el proceso 52.240 así como no le permitió rendir una versión libre pese a que la ley interna de Colombia lo establece.

En efecto, Álvaro Uribe solo tuvo conocimiento formal de ser objeto de investigación en el proceso 52.240, hasta el 24 de julio de 2018, más de 5 meses después de iniciada la investigación”, explicó. En ese sentido, argumentó, los magistrados impidieron que el expresidente y su defensa estuvieran presentes cuando se practicaron varios testimonios, negándose la posibilidad de contrainterrogarlos. Además, que esos mismos testimonios “serían el soporte de la injusta detención arbitraria en la que hoy se encuentra el expresidente Álvaro uribe”.

Otra de los hechos que, según el abogado, han vulnerado los derechos de Uribe es la interceptación “ilegal” de su número telefónico “sin contar con una decisión debidamente motivada y en manifiesta violación de su derecho a la privacidad”. Mosquera agregó que dentro de las comunicaciones interceptadas se encuentran conversaciones con abogados de su confianza que deberían estar protegidas por el secreto profesional y el privilegio abogado - cliente, no obstante, la Sala las usó como prueba su contra.

“Con base, principlamente, en interceptaciones ilegales (...) así como pruebas y testimonios que no pudieron ser objeto de contradicción o refutación por parte de la defensa y advirtiendo que algunos de estos testimonios fueron decretados, más no practicados, la Sala Especial de Instrucción dispuso la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto sin que exista sentencia condenatoria en su contra, pues el juicio ni siquiera ha comenzado, lo que evidencia una flagrante vulneración a su derecho a la presunción de inocencia”, manifestó el jurista.

Por todo lo anterior Mosquera refirió que, contrario a lo planteado por Vivanco, Uribe no cuenta con “valiosos recursos judiciales frente a esta decisión”, pues el único recurso que procede a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es el de resposición, pero este sería revisado en la misma Sala y, por tanto, considera el defensor que no existe ningún mecanismo para someter esa decisión judicial a un control imparcial.

“Resulta bastante preocupante que en su misiva pretenda coaccionar a todos aquellos que expresan apoyo al expresidente Álvaro Uribe acusándolos de atacar la independencia judicial de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando en realidad ha sido dicha Sala la que ha atentado contra los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad de la judicatura”, expresó.

Para cerrar, el defensor internacional de Uribe le recordó al director para las Américas de HRW que desde el 2018 le ha reportado las violaciones de derechos humanos y garantías judiciales de su defendido y este nunca ha emitido pronunciamiento al respecto, “razón por la cual me lleva a pensar que usted abusa del poder que ostenta en representación de la organización, para el desarrollo de su agenda personal”.

Este viernes 21 de agosto, el director de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, les remitió una carta a los exmandatarios que hace 10 días salieron en defensa del expresidente Uribe señalándoles los errores y inexactitudes que cometieron en el comunicado con el que apoyaron al ahora exsenador.

De antemano, Vivanco les alertó de los “errores fácticos y jurídicos” que, a su juicio, “incentivan una campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia”. Acto seguido enumera una a una las frases fuera de lugar recogidas en el comunicado y explica la verdadera situación en la que se encuentra el proceso judicial y el proceder de la Corte Suprema de Justicia.