Uribe pide a Fiscalía que escuche a extraditado que aclararía magnicidio de Álvaro Gómez

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Unos quince minutos después de que la Fiscalía vinculara a Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade, Musa Besaile, José Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte en una red corrupta en la rama judicial, el senador Álvaro Uribe hizo una petición al ente acusador que poco y nada tenía que ver con la nueva notificación que se hacía sobre otro escándalo de sobornos en el país. Uribe solicitó directamente al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que considere citar a declarar a tres testigos, extraditados en Estados Unidos, que según el congresista del Centro Democrático serían vitales para resolver tres casos completamente aislados entre sí.

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El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado en noviembre de 1995, es el primer hecho que sería desenmarañado con las declaraciones de un criminal, extraditado por el propio Uribe durante su gobierno (2002 - 2010). El segundo suceso que se aclararía es el supuesto ingreso de dineros ilícitos, provenientes del narcotráfico, al Gobierno de Juan Manuel Santos. En ninguno de los casos menciona los nombres de quiénes serían esas fichas claves para desenredar los procesos.

El caso que más fácilmente se esclarecería, según pruebas que dice tener el senador Uribe, es el de su hermano Santiago, con un proceso en contra por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, que desangró parte de Antioquia en los 80’s.

“He entregado al señor Fiscal General de la Nación, con el pedido de que se practiquen, siete pruebas entre declaraciones y oferta de declaración, que apuntan todas a informar sobre la inocencia de mi hermano Santiago”, expresó el expresidente durante su anuncio, que también difundió a través de su cuenta de Twitter. Según manifestó, una de esas pruebas es una declaración que un cabecilla de “Los 12 apóstoles” entregó a la justicia en 2010, en la que asegura que Santiago Uribe es procesado sin razón por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir para promover organizaciones criminales.

Al respecto, el congresista tampoco dio nombres o pistas de quiénes serían los sujetos que pidieron rendir cuentas ante la justicia colombiana para esclarecer los hechos, y mucho menos entregó pormenores de cómo o por qué conoce de sus intenciones. Lo que sí dijo, aprovechando el reciente anuncio de la Fiscalía, fue que esa acusación contra tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, dos congresistas y un exgobernador de Antioquia -y en el sonajero de su partido para 2018- es señal de que varios de los exfuncionarios de su gobierno condenados, como María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, Diego Palacio o Sabas Pretelt de la Vega, fueron víctimas de la justicia.