“Uso de fuerza pública se volvió forma de amedrentar a quienes se movilizan”: CCCT

Más de 300 personas sufrieron heridas por el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades policiales en el paro nacional de 2019, asegura la campaña Defender la Libertad. / Mauricio Alvarado.

La gran cantidad protestas sociales que han tenido lugar en el país entre el año pasado (con el paro nacional) y el año actual (con la llegada de la COVID-19) han avivado las críticas, el descontento y la inconformidad hacia la actuación de las autoridades policivas y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en estos escenarios. Y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que en Colombia hace parte de la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT), revela hoy un informe que retrata la forma en que las autoridades habrían hecho un uso desmedido de la fuerza pública, especialmente frente a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad.

El documento, titulado “Protestas sociales y uso excesivo de la fuerza en Colombia: un análisis desde la lente de la prohibición de la tortura” analiza la actuación de las fuerzas policivas y del Esmad en dos escenarios recientes: el paro nacional y la cuarentena obligatoria por la pandemia. Ambas coyunturas en las que se, según indican, han confluido distintos tipos de vulneraciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias; el uso indebido del Código de Policía para retener y trasladar personas a estaciones de Policía o Unidades de Reacción Inmediata (URI); o violencia contra las personas que están en estado de indefensión y que habrían sido sometidas a prácticas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los procedimientos.

“Se ha convertido en una forma de amedrentar a quienes deciden movilizarse, a través de la captura, el señalamiento y la estigmatización. A modo de ejemplo, durante el paro nacional se registraron más de 300 personas heridas en su rostro, trauma ocular (pérdida de ojo), cráneo o extremidades producidas por el uso indebido de armamento y municiones para disolver manifestaciones pacíficas, como en el caso de Dilan Cruz. Estas prácticas se han vuelto reiterativas y sistemáticas, atentando directamente contra el derecho a la protesta”, apunta el informe de 27 páginas. (Tipo de muerte de Dilan Cruz es “violenta - homicidio”, señala Medicina Legal)

Para llegar a esta conclusión, en el análisis se hace un barrido por el panorama actual del país. Para la CCCT, factores como el no cumplimiento del acuerdo de Paz con las Farc por parte del gobierno del presidente Iván Duque; el asesinato sistemático de defensores de derechos humanos (845 entre 2017 y diciembre de 2019, dice el documento); las judicializaciones y señalamientos contra quienes lideran procesos de resistencia; la ruptura de la mesa de negociaciones con el Eln; la confrontación militar entre diversos actores armados en el territorio; y la presentación de proyectos de ley con reformas regresivas a las políticas sociales, laborales, pensionales, entre otros, han generado descontento social.

Por eso, dice la CCCT, numerosos sectores sociales empezaron a organizarse para salir a las calles y manifestar su inconformidad en diferentes regiones del país. “No obstante, el Gobierno Nacional respondió con medidas de represión, que incluyen el uso desmedido de la fuerza pública, la criminalización de la protesta como forma de amedrentamiento y la estigmatización de las movilizaciones en los medios de comunicación”, indica el documento, en el que se menciona que en los 35 días de movilización en el país en 2019 se pudo observar el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y del Esmad en la dispersión de las manifestaciones pacíficas a partir de dos prácticas: detenciones arbitrarias y ataques físicos o psicológicos a quienes protestan, a través del uso indebido de armamento de letalidad reducida y el empleo de la fuerza de manera innecesaria o arbitraria.

Este argumento se entrelaza con cifras de la campaña Defender la Libertad, que indican que se registraron más de 1.100 detenciones a nivel nacional en el marco del paro nacional de 2019, de las cuales solo 65 fueron con fines de judicialización. El el resto fueron personas trasladadas bajo la figura de traslado por protección y por procedimiento policivo. Con base en estas prácticas, el informe plantea cuatro patrones de detención en el paro nacional: uso excesivo de detenciones administrativas a personas que se están movilizando; incumplimiento en procedimientos de traslado por protección estipulados en el Código de Policía; tardanza en presentar personas detenidas ante las autoridades para definir su situación y uso de violencia durante las detenciones.

“Hemos visto que varias mujeres han sido obligadas a desnudarse en las estaciones de policía o en los Centros de Traslados por Protección (CTP) de manera innecesaria. Creemos que esto no responde a ninguna necesidad, dado que hay otros mecanismos para hacer dichas requisas, en algunos casos, las requisas las ha hecho personal masculino. Para nosotras es una preocupación que se esté presentando esta situación, hay otras mujeres que durante el proceso de detención las han amenazado con violarlas” señaló a la CCCT Alexandra Gonzáles, coordinadora de la campaña Defender la Libertad. (Por qué procesan a líderes sociales en protestas, según el Comité de Presos Políticos)

En ese orden de ideas, el informe menciona varios episodios bien conocidos por la opinión pública y que generaron polémica en su momento, como el caso de dos mujeres que fueron detenidas y trasladadas en un procedimiento “arbitrario y desproporcionado” el pasado 7 de diciembre, cuando se ubicaron en la salida de vuelos internacionales y, en silencio, alzaron carteles en inglés. O el caso de la pareja de jóvenes que fueron detenidos el 10 de diciembre pasado en medio de una protesta en la Universidad Nacional. Él fue agredido por un agente del Esmad y ella, al tratar de intervenir, fue subida a un carro particular, sin distintivos oficiales, y posteriormente liberada gracias a la presión ciudadana. El joven, por su parte, recibió graves lesiones en su rostro y cabeza, según valoraciones de Medicina Legal.

“Desde su creación, el Esmad ha estado relacionado con conductas de brutalidad policial y uso desmedido de la fuerza. A sus 20 años de creación, Temblores ONG ha logrado registrar 34 homicidios de personas que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta social o en zonas aledañas a donde se desarrollaba la misma. Dentro de estos casos, se documentaron 9 asesinatos de estudiantes atribuidos al escuadrón, 5 murieron por impacto de bala de un arma de fuego, 3 por impacto de otro tipo de armas y 1 más por una recalzada. El lugar donde más se han presentado asesinatos de estudiantes es en la ciudad de Bogotá”, informó la publicación.

El virus y el uso de la fuerza

En un contexto más reciente, ante la llegada del nuevo coronavirus al país, el presidente Iván Duque decretó la cuarentena obligatoria para toda la población a partir del 25 de marzo (hace casi tres meses) y, aunque en un mundo ideal todos deberían quedarse en casa para evitar la propagación del virus, lo cierto es que gran parte de la población se ha visto forzada a violar la cuarentena para obtener recursos y subsistir, o para exigir una mejor respuesta de las autoridades frente a la crisis social que ha desatado la cuarentena obligatoria.

El informe precisa que se han documentado varios casos en los cuales, particularmente la Policía, ha hecho uso de la fuerza para castigar a quienes han quebrantado de alguna manera las medidas de aislamiento, pero esta utilización de la fuerza se da de manera arbitraria, pues en ningún momento incumplir la cuarentena se considera causal de traslado por protección o judicialización, ya que las normas establecen únicamente la imposición de una multa. Entre los ejemplos está el de una vendedora ambulante agredida y detenida por realizar su trabajo o el de un adulto mayor, también vendedor ambulante, que fue agredido por varios policías en el centro de Bogotá.

Otras situaciones en las que ha intervenido la fuerza pública es en las entregas de ayudas humanitarias y programas asistenciales del Gobierno destinados para la población vulnerable que, por múltiples fallas logísticas, han llevado a ciudadanos a reclamar a las autoridades mejorar su gestión. En varios casos estos reclamos escalaron a disputas y disturbios frente a los que se priorizó la intervención policía como respuesta, asegura el documento.

“Muestra de ello ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde una protesta por la insuficiente entrega de ayudas humanitarias fue intervenida por agentes de Policía quienes hicieron uso de sus armas de fuego, hiriendo a un joven que no se encontraba armado ni representaba un peligro para la vida de los policías o de un tercero (…) La anterior situación también se repitió en el municipio de Codazzi en el departamento del Cesar, donde policías trataron de controlar con disparos de armas de fuego una protesta ante la falta de alimentos y la insuficiente entrega de ayudas (…) la situación dejó un joven de 17 años muerto”. (“Rechazamos los allanamientos y la criminalización de la protesta social”: Cartel Urbano)

Otros gravemente afectados por la llegada del virus fueron las personas privadas de la libertad pues, como indica la publicación, las precarias condiciones de detención aumentan el riesgo de contagio y el sistema penitenciario no estaba preparado para atender una emergencia de este tipo al interior de las cárceles. Ante esta realidad, los privados de la libertad de cerca de 24 cárceles colombianas desarrollaron múltiples jornadas de protesta, huelgas de hambres y jornadas de desobediencia, que en algunos casos derivaron en motines.

“El 21 de marzo de 2020, en 14 cárceles colombianas se realizó una especie de cacerolazo o portazo, demandando mejores medias biosanitarias para los establecimientos de reclusión. Lastimosamente en la cárcel Modelo de Bogotá, la situación derivó en un motín, el cual fue controlado de manera desproporcionada a través de la utilización de armas de fuego, causándole la muerte a 24 personas y 83 heridos. Se trata, hasta la fecha, de la peor masacre en la historia de las cárceles colombianas”, reseña el informe.

Ante esta situación, el documento indica que las organizaciones nacionales de derechos humanos han interpuesto acciones jurídicas para monitorear el accionar del Esmad, pedir la aplicación de los protocolos y exigir el cese de la vulneración de derechos dentro de las movilizaciones. A pesar de los llamados de la comunidad internacional para frenar el uso desmedido de la fuerza, el Gobierno ha expresado su pleno respaldo a la institución y mediante la nueva Política de Seguridad Ciudadana ha decidido aumentar el pie de fuerza del escuadrón.