"Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla": Procurador, al presidente Santos
El jefe del Ministerio Público aseguró que el anuncio hecho por el Gobierno y las Farc va en contravía de la Carta Política y los intereses de los colombianos.
Redacción Judicial
“Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. Este es uno de los apartes de la carta enviada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al presidente Juan Manuel Santos tras el anuncio hecho para crear un artículo con el fin de blindar los acuerdos que se firmen en el proceso de paz.
En la extensa misiva, el jefe del Ministerio Público aseguró que el anuncio hecho por el Gobierno y las Farc desde La Habana (Cuba) el pasado jueves va en contravía de la Constitución Política de Colombia, así como los intereses de la mayoría de los colombianos que hasta la fecha desconocen el fondo de los acuerdos firmados en el marco de las negociaciones.
Para Ordóñez se trata de una extralimitación de las funciones del Presidente de la República, recordando que ya en dos oportunidades se ha cambiado el modelo de refrendación de los acuerdos de paz. “Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos”.
En este sentido asegura que se está buscando blindar de todas las formas posibles los acuerdos en La Habana desconociendo la voluntad de las personas. El “Acuerdo Especial” anunciado no podría ser modificado por el Congreso de la República “ni ahora, ni en el futuro”.
“Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las Farc implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado”, señala la carta enviada en la mañana de este viernes al jefe de Estado.
Para Ordóñez el anuncio del mencionado artículo “está al margen de la Constitución y es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos”.
En este punto indicó que las leyes colombianas y los tratados internacionales le prohíben a un grupo armado ilegal responsable de delitos de lesa humanidad poder tener poder constitucional.
Debido a esto le aseguró que “actual al margen de la Constitución” tiene unas consecuencias penales y disciplinarias, “al igual que responsabilidad política” ante la sociedad. “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para harcerla de la mano con la Farc”.
Carta completa
Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E.S.D.
Señor Presidente:
En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones:
El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad.
Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.
Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional.
Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado.
Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro.
Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?
Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana.
Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno.
Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley.
Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución.
Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos.
Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular.
Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos.
Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC.
Atentamente,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
“Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. Este es uno de los apartes de la carta enviada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al presidente Juan Manuel Santos tras el anuncio hecho para crear un artículo con el fin de blindar los acuerdos que se firmen en el proceso de paz.
En la extensa misiva, el jefe del Ministerio Público aseguró que el anuncio hecho por el Gobierno y las Farc desde La Habana (Cuba) el pasado jueves va en contravía de la Constitución Política de Colombia, así como los intereses de la mayoría de los colombianos que hasta la fecha desconocen el fondo de los acuerdos firmados en el marco de las negociaciones.
Para Ordóñez se trata de una extralimitación de las funciones del Presidente de la República, recordando que ya en dos oportunidades se ha cambiado el modelo de refrendación de los acuerdos de paz. “Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos”.
En este sentido asegura que se está buscando blindar de todas las formas posibles los acuerdos en La Habana desconociendo la voluntad de las personas. El “Acuerdo Especial” anunciado no podría ser modificado por el Congreso de la República “ni ahora, ni en el futuro”.
“Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las Farc implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado”, señala la carta enviada en la mañana de este viernes al jefe de Estado.
Para Ordóñez el anuncio del mencionado artículo “está al margen de la Constitución y es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos”.
En este punto indicó que las leyes colombianas y los tratados internacionales le prohíben a un grupo armado ilegal responsable de delitos de lesa humanidad poder tener poder constitucional.
Debido a esto le aseguró que “actual al margen de la Constitución” tiene unas consecuencias penales y disciplinarias, “al igual que responsabilidad política” ante la sociedad. “Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para harcerla de la mano con la Farc”.
Carta completa
Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E.S.D.
Señor Presidente:
En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones:
El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad.
Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.
Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional.
Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado.
Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro.
Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?
Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana.
Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno.
Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley.
Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución.
Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos.
Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular.
Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos.
Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC.
Atentamente,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación