Vacíos de memoria

El pasado 17 de mayo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó la publicación “El Derecho a la Justicia como Garantía de No Repetición” en la Universidad Externado. La labor del CNMH resulta de vital importancia para el conocimiento y entendimiento de las causas, orígenes y consecuencias de la historia política y social de Colombia. La relevancia de su trabajo no está en discusión en este escrito. Sin embargo, sigue dejando retos pendientes por enfrentar.

El primero de esos retos es la conexión con la sociedad a la que se dirige. Con frecuencia técnicos, extensos y complejos, los informes del CNMH muchas veces se limitan a un público de expertos y no suelen tener una presentación cercana, ni una difusión contundente en la vida cotidiana del país. Esto es un desafío enorme para estas investigaciones; después de todo, gran parte de lo que es la memoria se juega en su contacto con la gente, en cómo se transmite y en su discusión y apropiación. Si los informes no vencen la distancia que crea su extensión, baja difusión y poca luz narrativa, la memoria que ellos pretenden acercar habrá creado nuevas lejanías por vencer.

Ahora bien, si las investigaciones se la juegan por tener un gran volumen, alta densidad y detalle como un costo que impone la complejidad de la realidad que pretenden retratar, lo más deseable es que tengan un nivel de exhaustividad riguroso. El informe sobre justicia como garantía de no repetición, en sus 816 páginas y dos volúmenes, se traza el alto objetivo de ofrecer un retrato de las luchas por la justicia en Colombia, a través de una reconstrucción histórica y sociojurídica sobre las reivindicaciones de las víctimas, activistas y organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos, dejando a su paso varios vacíos. Al respecto me limito a dos en este escrito: un vacío histórico y un vacío de contenido.

En primera medida, es perceptible un vacío histórico dando lectura al primer volumen titulado: “Graves Violaciones de Derechos Humanos: Luchas Sociales y cambios Normativos e Institucionales 1985-2012”. Este tomo da el contenido histórico de la investigación, centrándose en los años ochenta como momento focal y tomando en consideración como contexto y antecedente algunas reivindicaciones sociales que desde los años sesenta y setenta proyectaron el surgimiento del movimiento por los derechos humanos en el país.

La selección del año 1985 en el informe recuerda la marca legislativa de la ley de víctimas que estableció que se consideran víctimas, para los efectos de dicha ley, quienes hubieran sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Aunque la misma ley establece que las víctimas por hechos ocurridos antes de dicha fecha tendrían derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición previstas en la ley, esta parte de la historia no es suficientemente tenida en cuenta por el informe.

Esto no es un simple pormenor cronológico, sino que es un problema histórico pues las luchas de reivindicación por la justicia no se entienden en Colombia, para las nuevas generaciones y la construcción de memoria, sin trazar conexiones entre la organización de un movimiento por los derechos humanos y las luchas sociales anteriores a los ochenta. Ejemplo de esto son las reivindicaciones anticoloniales que condujeron a la República, étnicas y territoriales que lideraron los pueblos indígenas y afro, agrarios que movilizaron al campesinado, contra el policlasismo y la inequidad social lideradas por los sindicatos, el estudiantado y por expresiones políticas liberales y de izquierdas, como el paradigmático movimiento gaitanista.

Fuera de esta laguna histórica, el informe tiene un vacío de contenido que se percibe en varias ausencias. Una debilidad temática es visible en el estudio frente a reivindicaciones precursoras de la lucha por los derechos humanos en el siglo pasado como la de los perseguidos políticos y los presos de conciencia, o frente a reivindicaciones fundamentales en tiempos recientes como la lucha contra las privatizaciones, la soberanía energética y alimentaria frente a las cuales el informe o bien calla o es muy escueto. Una ausencia de los actores de esas luchas se percibe cuando la investigación se centra en estudiar el movimiento de defensa de derechos humanos que se concentra ostensiblemente en las ONG y que olvida mencionar organizaciones precursoras como la Sección colombiana de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, que produjo nada más y nada menos que “El Camino de la Niebla”, y ASONALPRO, una de las primeras organizaciones jurídicas que se dedicó a la asesoría sindical y la asistencia legal de víctimas de violaciones de derechos humanos; así como olvida a personas de carne y hueso fundamentales para la creación y vida de esas organizaciones y que merecen un espacio respetuoso y honorario en esa memoria.

¿Cómo no mencionar el aporte de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna o del padre Javier Giraldo en la organización del movimiento de derechos humanos en el país del siglo pasado? ¿Cómo ignorar a Eduardo Umaña Mendoza, mi padre, prestigioso defensor de los derechos humanos asesinado por su labor y a quien ni siquiera se menciona cuando se hace un recuento de los asesinatos de defensores ocurridos entre 1997 y 1998? ¿Cómo vamos a ofrecer formas de no repetir la historia si no sabemos a quiénes les ocurrieron las violaciones, quiénes son sus actores?

Desconocer a los sujetos de esta memoria crea un vacío, una doble ausencia y entra en la tónica de invisibilización de sus reivindicaciones. Esto no sólo emerge ante los nombres que no están, sino que también en quienes se nombra (Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado, Pedro Nel Jiménez, Luis María Calderón, Silvio Cortés Mesa, Alberto Alava, César Flórez González, Álvaro Ulcué Chocué, Héctor Abad Gómez o Leonardo Betancourt), pues sobre ellos no se dice nada sobre su labor, ni sus luchas. ¿Por qué fueron asesinados estos defensores? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Cómo vamos a ofrecer formas de no repetir la historia si no sabemos qué es lo que no tenemos que repetir?

Tras referir estos vacíos y ausencias, dejo esta idea como conclusión: no existe un informe de memoria total, ni es deseable que exista. Los ejercicios de memoria deben dejar espacios de apertura, de reflexión, de reconstrucción. Sin embargo, estos espacios de construcción no deben ser espacios de penumbra, pues deben habilitar un entendimiento de los hechos históricos que ocurren en la sociedad y nos deben permitir pensar en la no repetición de la violencia, como dice el título del informe aquí referido. Para esto, los ejercicios de memoria que provienen de la institucionalidad deben ser lo suficientemente rigurosos, claros y exhaustivos como para encontrarnos en la discusión de la complejidad de nuestra historia y en el desafío enorme de su comunicación, pedagogía y debate. Al respecto, es importante que los ciudadanos no nos limitemos a ser simples consumidores de las versiones de memoria institucionales sino que nos comprometamos en su construcción y debate crítico, respetuoso, tolerante e incluyente. Por esto: larga vida al CNMH y larga discusión a su producción.

*Profesor de derecho constitucional en el Externado y candidato a doctor de la Universidad de Ottawa en Criminología. Hijo de Eduardo Umaña.

El pasado 17 de mayo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó la publicación “El Derecho a la Justicia como Garantía de No Repetición” en la Universidad Externado. La labor del CNMH resulta de vital importancia para el conocimiento y entendimiento de las causas, orígenes y consecuencias de la historia política y social de Colombia. La relevancia de su trabajo no está en discusión en este escrito. Sin embargo, sigue dejando retos pendientes por enfrentar.

El primero de esos retos es la conexión con la sociedad a la que se dirige. Con frecuencia técnicos, extensos y complejos, los informes del CNMH muchas veces se limitan a un público de expertos y no suelen tener una presentación cercana, ni una difusión contundente en la vida cotidiana del país. Esto es un desafío enorme para estas investigaciones; después de todo, gran parte de lo que es la memoria se juega en su contacto con la gente, en cómo se transmite y en su discusión y apropiación. Si los informes no vencen la distancia que crea su extensión, baja difusión y poca luz narrativa, la memoria que ellos pretenden acercar habrá creado nuevas lejanías por vencer.

Ahora bien, si las investigaciones se la juegan por tener un gran volumen, alta densidad y detalle como un costo que impone la complejidad de la realidad que pretenden retratar, lo más deseable es que tengan un nivel de exhaustividad riguroso. El informe sobre justicia como garantía de no repetición, en sus 816 páginas y dos volúmenes, se traza el alto objetivo de ofrecer un retrato de las luchas por la justicia en Colombia, a través de una reconstrucción histórica y sociojurídica sobre las reivindicaciones de las víctimas, activistas y organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos, dejando a su paso varios vacíos. Al respecto me limito a dos en este escrito: un vacío histórico y un vacío de contenido.

En primera medida, es perceptible un vacío histórico dando lectura al primer volumen titulado: “Graves Violaciones de Derechos Humanos: Luchas Sociales y cambios Normativos e Institucionales 1985-2012”. Este tomo da el contenido histórico de la investigación, centrándose en los años ochenta como momento focal y tomando en consideración como contexto y antecedente algunas reivindicaciones sociales que desde los años sesenta y setenta proyectaron el surgimiento del movimiento por los derechos humanos en el país.

La selección del año 1985 en el informe recuerda la marca legislativa de la ley de víctimas que estableció que se consideran víctimas, para los efectos de dicha ley, quienes hubieran sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Aunque la misma ley establece que las víctimas por hechos ocurridos antes de dicha fecha tendrían derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición previstas en la ley, esta parte de la historia no es suficientemente tenida en cuenta por el informe.

Esto no es un simple pormenor cronológico, sino que es un problema histórico pues las luchas de reivindicación por la justicia no se entienden en Colombia, para las nuevas generaciones y la construcción de memoria, sin trazar conexiones entre la organización de un movimiento por los derechos humanos y las luchas sociales anteriores a los ochenta. Ejemplo de esto son las reivindicaciones anticoloniales que condujeron a la República, étnicas y territoriales que lideraron los pueblos indígenas y afro, agrarios que movilizaron al campesinado, contra el policlasismo y la inequidad social lideradas por los sindicatos, el estudiantado y por expresiones políticas liberales y de izquierdas, como el paradigmático movimiento gaitanista.

Fuera de esta laguna histórica, el informe tiene un vacío de contenido que se percibe en varias ausencias. Una debilidad temática es visible en el estudio frente a reivindicaciones precursoras de la lucha por los derechos humanos en el siglo pasado como la de los perseguidos políticos y los presos de conciencia, o frente a reivindicaciones fundamentales en tiempos recientes como la lucha contra las privatizaciones, la soberanía energética y alimentaria frente a las cuales el informe o bien calla o es muy escueto. Una ausencia de los actores de esas luchas se percibe cuando la investigación se centra en estudiar el movimiento de defensa de derechos humanos que se concentra ostensiblemente en las ONG y que olvida mencionar organizaciones precursoras como la Sección colombiana de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, que produjo nada más y nada menos que “El Camino de la Niebla”, y ASONALPRO, una de las primeras organizaciones jurídicas que se dedicó a la asesoría sindical y la asistencia legal de víctimas de violaciones de derechos humanos; así como olvida a personas de carne y hueso fundamentales para la creación y vida de esas organizaciones y que merecen un espacio respetuoso y honorario en esa memoria.

¿Cómo no mencionar el aporte de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna o del padre Javier Giraldo en la organización del movimiento de derechos humanos en el país del siglo pasado? ¿Cómo ignorar a Eduardo Umaña Mendoza, mi padre, prestigioso defensor de los derechos humanos asesinado por su labor y a quien ni siquiera se menciona cuando se hace un recuento de los asesinatos de defensores ocurridos entre 1997 y 1998? ¿Cómo vamos a ofrecer formas de no repetir la historia si no sabemos a quiénes les ocurrieron las violaciones, quiénes son sus actores?

Desconocer a los sujetos de esta memoria crea un vacío, una doble ausencia y entra en la tónica de invisibilización de sus reivindicaciones. Esto no sólo emerge ante los nombres que no están, sino que también en quienes se nombra (Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado, Pedro Nel Jiménez, Luis María Calderón, Silvio Cortés Mesa, Alberto Alava, César Flórez González, Álvaro Ulcué Chocué, Héctor Abad Gómez o Leonardo Betancourt), pues sobre ellos no se dice nada sobre su labor, ni sus luchas. ¿Por qué fueron asesinados estos defensores? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Cómo vamos a ofrecer formas de no repetir la historia si no sabemos qué es lo que no tenemos que repetir?

Tras referir estos vacíos y ausencias, dejo esta idea como conclusión: no existe un informe de memoria total, ni es deseable que exista. Los ejercicios de memoria deben dejar espacios de apertura, de reflexión, de reconstrucción. Sin embargo, estos espacios de construcción no deben ser espacios de penumbra, pues deben habilitar un entendimiento de los hechos históricos que ocurren en la sociedad y nos deben permitir pensar en la no repetición de la violencia, como dice el título del informe aquí referido. Para esto, los ejercicios de memoria que provienen de la institucionalidad deben ser lo suficientemente rigurosos, claros y exhaustivos como para encontrarnos en la discusión de la complejidad de nuestra historia y en el desafío enorme de su comunicación, pedagogía y debate. Al respecto, es importante que los ciudadanos no nos limitemos a ser simples consumidores de las versiones de memoria institucionales sino que nos comprometamos en su construcción y debate crítico, respetuoso, tolerante e incluyente. Por esto: larga vida al CNMH y larga discusión a su producción.

*Profesor de derecho constitucional en el Externado y candidato a doctor de la Universidad de Ottawa en Criminología. Hijo de Eduardo Umaña.