“Van cinco años y seguimos igual”: campesino sobreviviente de masacre de El Tandil

Las vidas de Mayerli Guanga y de José Hernán De la Cruz dieron un giro que nunca se imaginaron a partir del 5 de octubre de 2017. Ese día, campesinos protestaban en la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), contra la erradicación forzada de sus cultivos de coca. Muchos de ellos estaban emocionados con los proyectos de sustitución que prometía el Acuerdo de Paz, pero la Policía había llegado aquella mañana a erradicarles su sustento. Los uniformados dispararon sus armas y siete personas murieron. Guanga perdió a su padre. De la Cruz recibió dos disparos y tuvo que salir de su territorio.

(En contexto: Lo que dicen las necropsias de la masacre de El Tandil, ocurrida hace cinco años)

Tras cinco años exigiendo justicia, su reclamo no se apacigua. En julio de 2022 tuvieron una pequeña victoria cuando la Corte Constitucional concluyó que el expediente debía continuar su curso en la Fiscalía y no en la Justicia Penal Militar. Sin embargo, para este quinto aniversario de lo que han llamado la masacre de El Tandil, se enteraron de ese triunfo no ha rendido frutos porque el proceso penal está inactivo: el fiscal 102 contra organizaciones criminales de Pasto no ha recibido aún los expedientes de los juzgados de instrucción militar y policial que investigaban el crimen.

“Para nosotros, la gran satisfacción en este momento, para tener al menos tranquilidad, sería que estas personas fueran condenadas”, dice José De la Cruz. Él estaba presente aquel día, manifestándose junto a sus compañeros y recordar aquel momento le cuesta, le duele. “Mujeres quedaron viudas, niños huérfanos, gente con discapacidad, enfermos”, dice. Él mismo tuvo que salir de El Tandil y jamás volvió. “¿Cómo va a volver uno por allá a esos territorios donde ya no hay tranquilidad, siguen matando, siguen desapareciendo gente?”, se pregunta.

(Le puede interesar: Masacre de El Tandil “se enmarcó” en una orden de operaciones: Procuraduría)

De la Cruz recuerda así el ambiente en El Tandil el 5 de octubre de 2017: “Yo estaba liderando parte de las comunidades del territorio, socializando y tratando de conciliar con ellas para que no hubiera erradicación forzada, porque esos puntos estaban en el Acuerdo de Paz”. Los campesinos, entre los que estaba Jaime Guanga, el padre de Mayerli, se plantaron entre la Fuerza Pública y los cultivos. “Él tenía la esperanza de un cambio, de que no hubiera erradicación forzada, sino que a través de proyectos se cambiaran los cultivos. Eso era lo que teníamos acordado”, asegura la joven.

“Yo estaba andando con dos policías, cuando sentí los impactos en mi brazo izquierdo”, dice De la Cruz. No sabe muy bien de dónde llegaron los disparos, pero él de inmediato se echó al suelo. “Me tocó arrastrarme en el barro y pasar por encima de los compañeros muertos que había y una cantidad de heridos. Me tocó alejarme, arrastrándome, para que no me mataran”, añade el campesino. Además de Guanga, ese día las balas segaron las vidas de Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo Colamba, Janier Usperto Cortés, Alfonso Taicús Taicús, Iván Darío Muñoz y Aldemar Gil.

(Lea también: Masacre de El Tandil no será investigada por la justicia militar)

La Fuerza Pública dijo inicialmente que se trató de un combate contra el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc. Pronto se desmintió esa versión: se trata de campesinos, civiles. Hallazgos forenses como las necropsias revelan que a las víctimas les dispararon por la espalda; otros informes del expediente demuestran que nunca se hallaron cráteres o evidencias de explosiones en el punto donde estaban ubicados los uniformados que participaron del operativo. Por estos hechos, desde 2019 la Fiscalía llamó a juicio al capitán de la Policía Javier Enrique Soto y al mayor del Ejército, Luis Fernando González (ambos activos), los hombres a cargo aquel 5 de octubre.

“Ya completamos cinco años en que, prácticamente, no se ha hecho nada”, dice De la Cruz. No se refiere únicamente a las peripecias judiciales que han impedido que el expediente avance, sino a las promesas que les hicieron a campesinos como él. “El gobierno que terminó no hizo nada por los campesinos, vivimos en un completo abandono. Ahorita tenemos esperanzas de que el nuevo gobierno haga justicia y esto no quede en la impunidad”, añade. Guanga coincide con ese pedido: “Que los culpables paguen y no queden como si no hubieran hecho nada”.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Tandil, le llevó una copia de la sentencia de la Corte Constitucional a la Fiscalía, para pedirle que reanude el proceso. El abogado Sebastián Escobar, dijo al final del encuentro: “Hemos llegado a una serie de compromisos. El primero de ellos es que, por parte de la Fiscalía, van a dirigir comunicaciones a los juzgados de instrucción militar para que faciliten el envío del expediente. En segundo lugar, acordamos que situaciones como la que se presentó en la audiencia de acusación, a la que no fueron invitadas las víctimas, no se vuelva a presentar”.

El paso siguiente sería que los uniformados Soto y González vayan a juicio por el delito de homicidio agravado. Ellos, por su parte, han dicho ser inocentes. Por jurisdicción, el juicio debería adelantarse en Tumaco. Sin embargo, dadas las particularidades y la situación de violencia de este puerto nariñense, las víctimas y la Fiscalía también evalúan si pedir un cambio de juzgado para que el proceso se adelante en Pasto, o Bogotá, y así garantizar un juicio justo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Las vidas de Mayerli Guanga y de José Hernán De la Cruz dieron un giro que nunca se imaginaron a partir del 5 de octubre de 2017. Ese día, campesinos protestaban en la vereda El Tandil, en Tumaco (Nariño), contra la erradicación forzada de sus cultivos de coca. Muchos de ellos estaban emocionados con los proyectos de sustitución que prometía el Acuerdo de Paz, pero la Policía había llegado aquella mañana a erradicarles su sustento. Los uniformados dispararon sus armas y siete personas murieron. Guanga perdió a su padre. De la Cruz recibió dos disparos y tuvo que salir de su territorio.

(En contexto: Lo que dicen las necropsias de la masacre de El Tandil, ocurrida hace cinco años)

Tras cinco años exigiendo justicia, su reclamo no se apacigua. En julio de 2022 tuvieron una pequeña victoria cuando la Corte Constitucional concluyó que el expediente debía continuar su curso en la Fiscalía y no en la Justicia Penal Militar. Sin embargo, para este quinto aniversario de lo que han llamado la masacre de El Tandil, se enteraron de ese triunfo no ha rendido frutos porque el proceso penal está inactivo: el fiscal 102 contra organizaciones criminales de Pasto no ha recibido aún los expedientes de los juzgados de instrucción militar y policial que investigaban el crimen.

“Para nosotros, la gran satisfacción en este momento, para tener al menos tranquilidad, sería que estas personas fueran condenadas”, dice José De la Cruz. Él estaba presente aquel día, manifestándose junto a sus compañeros y recordar aquel momento le cuesta, le duele. “Mujeres quedaron viudas, niños huérfanos, gente con discapacidad, enfermos”, dice. Él mismo tuvo que salir de El Tandil y jamás volvió. “¿Cómo va a volver uno por allá a esos territorios donde ya no hay tranquilidad, siguen matando, siguen desapareciendo gente?”, se pregunta.

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De la Cruz recuerda así el ambiente en El Tandil el 5 de octubre de 2017: “Yo estaba liderando parte de las comunidades del territorio, socializando y tratando de conciliar con ellas para que no hubiera erradicación forzada, porque esos puntos estaban en el Acuerdo de Paz”. Los campesinos, entre los que estaba Jaime Guanga, el padre de Mayerli, se plantaron entre la Fuerza Pública y los cultivos. “Él tenía la esperanza de un cambio, de que no hubiera erradicación forzada, sino que a través de proyectos se cambiaran los cultivos. Eso era lo que teníamos acordado”, asegura la joven.

“Yo estaba andando con dos policías, cuando sentí los impactos en mi brazo izquierdo”, dice De la Cruz. No sabe muy bien de dónde llegaron los disparos, pero él de inmediato se echó al suelo. “Me tocó arrastrarme en el barro y pasar por encima de los compañeros muertos que había y una cantidad de heridos. Me tocó alejarme, arrastrándome, para que no me mataran”, añade el campesino. Además de Guanga, ese día las balas segaron las vidas de Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo Colamba, Janier Usperto Cortés, Alfonso Taicús Taicús, Iván Darío Muñoz y Aldemar Gil.

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La Fuerza Pública dijo inicialmente que se trató de un combate contra el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc. Pronto se desmintió esa versión: se trata de campesinos, civiles. Hallazgos forenses como las necropsias revelan que a las víctimas les dispararon por la espalda; otros informes del expediente demuestran que nunca se hallaron cráteres o evidencias de explosiones en el punto donde estaban ubicados los uniformados que participaron del operativo. Por estos hechos, desde 2019 la Fiscalía llamó a juicio al capitán de la Policía Javier Enrique Soto y al mayor del Ejército, Luis Fernando González (ambos activos), los hombres a cargo aquel 5 de octubre.

“Ya completamos cinco años en que, prácticamente, no se ha hecho nada”, dice De la Cruz. No se refiere únicamente a las peripecias judiciales que han impedido que el expediente avance, sino a las promesas que les hicieron a campesinos como él. “El gobierno que terminó no hizo nada por los campesinos, vivimos en un completo abandono. Ahorita tenemos esperanzas de que el nuevo gobierno haga justicia y esto no quede en la impunidad”, añade. Guanga coincide con ese pedido: “Que los culpables paguen y no queden como si no hubieran hecho nada”.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Tandil, le llevó una copia de la sentencia de la Corte Constitucional a la Fiscalía, para pedirle que reanude el proceso. El abogado Sebastián Escobar, dijo al final del encuentro: “Hemos llegado a una serie de compromisos. El primero de ellos es que, por parte de la Fiscalía, van a dirigir comunicaciones a los juzgados de instrucción militar para que faciliten el envío del expediente. En segundo lugar, acordamos que situaciones como la que se presentó en la audiencia de acusación, a la que no fueron invitadas las víctimas, no se vuelva a presentar”.

El paso siguiente sería que los uniformados Soto y González vayan a juicio por el delito de homicidio agravado. Ellos, por su parte, han dicho ser inocentes. Por jurisdicción, el juicio debería adelantarse en Tumaco. Sin embargo, dadas las particularidades y la situación de violencia de este puerto nariñense, las víctimas y la Fiscalía también evalúan si pedir un cambio de juzgado para que el proceso se adelante en Pasto, o Bogotá, y así garantizar un juicio justo.

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