La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio la razón al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una tutela que presentó para que se protegieran sus derechos al buen nombre y a la honra. El caso se originó por un trino publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter) en la que lo señalaba de, supuestamente, influir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los procesos que se adelantan en contra del jefe de Estado.
El caso se remonta al 4 de diciembre del año pasado, cuando el presidente Petro publicó que el entonces magistrado del CNE, César Lorduy, fue “obligado a delinquir” por Germán Vargas Lleras. En la publicación, el jefe de Estado también sostuvo que “algunos jueces hoy esperan ser árbitros de la Cámara de Comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio. Que triste que el comercio no se subordine a la justicia y ocurra lo contrario”.
Al revisar la tutela, el Consejo de Estado encontró que Gustavo Petro vulneró los derechos a la honra y al buen nombre de Germán Vargas Lleras. Las afirmaciones del jefe de Estado en a red social, dice el alto tribunal, buscan señalarlo de un delito, sin tener verificación de la información para publicar.
“No se observa prueba alguna de que Germán Vargas Lleras esté inmerso en un proceso penal y, mucho menos, que exista una condena penal ejecutoriada por cualquier delito en la que este sea autor, determinador o cómplice y que permita establecer un sustento de lo dicho, ergo, no se observa que el emisor haya cumplido con la carga mínima de análisis o investigación”, dice la decisión.
En el estudio del proceso, el alto tribunal resaltó que tanto Germán Vargas Lleras como Gustavo Petro son figuras políticas, pero eso no es razón para que lancen señalamientos sin confirmar en contra de cualquier persona. Hacerlo, dice el Consejo de Estado, lesionaría la reputación, buen nombre y honra.
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