Sobre el crimen de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica que sucumbió ante las balas de sicarios en Bogotá el 9 de agosto de 1994, todavía queda mucho por aclarar, en especial la participación concreta de los paramilitares en el magnicidio. Es por esto que la Fiscalía remitió a la Cancillería colombiana un extenso interrogatorio de 68 preguntas, que se espera sea tramitado ante el gobierno ruso para que el mercenario israelí Yair Gal Klein, bajo arresto en ese país, responda lo que sabe de este asesinato.
El Espectador conoció la totalidad de las preguntas que fueron formuladas para Klein hace un par de semanas por la parte civil del proceso, y que se encuentran en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, en espera de luz verde para ser enviadas a Rusia. “¿Tuvo conocimiento del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, quien era líder del Partido Comunista? (...) ¿Conoce de quién provino la orden de asesinarlo? (...) ¿Conoce las razones por las que fue perpetrado el homicidio? (...) ¿Tuvo conocimiento de que el comandante paramilitar Vicente Castaño tuviese alguna participación?”.
La responsabilidad de jefes paramilitares en este crimen, desde la óptica de la justicia, aún es difusa. El 11 de noviembre de 2004, por ejemplo, la Corte Suprema absolvió a Carlos Castaño por este crimen. Por eso la parte civil aprovechó el cuestionario para preguntarle a Klein si era cierto lo que uno de sus más “prominentes” alumnos, Alonso de Jesús Baquero (Vladimir), le dijo a la revista Semana en agosto de 1997: “Al enemigo había que exterminarlo de raíz. Nos dijeron que un guerrillero o un auxiliador de la guerrilla, ubicado en un sitio clave, nos podía hacer mucho daño. Entonces salimos como locos a perseguir a los colaboradores y al brazo armado de las Farc. Y les dimos muy duro”.
En la misma providencia en que se absolvió a Carlos Castaño, los suboficiales del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador fueron ratificados por la Corte Suprema como autores materiales del crimen. En diciembre de 2008, el Consejo de Estado ordenó a la Nación indemnizar a la familia del parlamentario y en el transcurso de este expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado aceptó su responsabilidad por esta muerte. De hecho, hace seis días, en una audiencia ante el tribunal internacional, el Estado colombiano volvió a admitir su responsabilidad en el crimen públicamente y pidió perdón.
Dado el papel que desempeñó el Estado en este magnicidio, la parte civil, representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, hizo diversas preguntas acerca del papel que tuvieron agentes estatales en este episodio. Le preguntó a Klein por sus contactos en la Policía; si sabía del apoyo que los grupos paramilitares recibían de la Fuerza Pública y demás organismos de seguridad; si conoció qué personajes de la vida nacional conformaron “los intelectuales del paramilitarismo”, que Carlos Castaño refirió como el “Grupo de los Seis” o el “Grupo de los Ocho”; y con nombre propio, le preguntó si el general (r) Rito Alejo del Río y un ex comandante del Ejército participaron en la muerte de Cepeda.
Los primeros registros sobre la entrada de Klein al país datan de 1988. El ex militar fue contratado por el capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, para instruir militarmente a los grupos de autodefensas que éste patrocinaba en el Magdalena Medio con el fin de proteger de la guerrilla sus extensas tierras en esa zona, que incluían cultivos ilícitos y laboratorios de coca. Por esa posición que ocupó Klein en el fortalecimiento del paramilitarismo, en el cuestionario se incluyeron preguntas sobre cómo fue contactado para llegar a Colombia, sus actividades desarrolladas, los cursos que dictó y la gente que conoció, incluidos líderes políticos, empresariales y jerarcas de la Iglesia Católica.
En los últimos meses, en el marco de este expediente, la Fiscalía ha tomado algunas determinaciones, como la vinculación del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, en octubre pasado, por lo que Klein también fue interrogado al respecto. En las preguntas 46, 47 y 48 se preguntó si el ex coronel israelí tiene algún conocimiento de que Narváez formara parte de “los intelectuales del paramilitarismo” o de que éste hubiera intervenido en el plan para asesinar a Manuel Cepeda Vargas. Narváez, hoy llamado a juicio por el escándalo de las “chuzadas” en el DAS, ha sostenido públicamente su inocencia y calificado los procesos en su contra como un complot.
Cuando Klein fue capturado en Rusia el 28 de agosto de 2007, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, aseveró que pasarían entre 60 y 365 días para que el ex coronel israelí llegara a responder ante la justicia colombiana por su responsabilidad en el entrenamiento militar de grupos de autodefensas en el Magdalena Medio. Precisamente, el Tribunal Superior de Manizales ratificó una condena contra Klein y dos israelíes más a 10 años de cárcel por haber dictado cursos militares a grupos terroristas. Desde hace dos años y cinco meses el Gobierno solicitó oficialmente la extradición del controvertido ex mercenario, sin embargo, ésta continúa en el limbo.