Vicefiscal general no permitió que la Procuraduría se llevara información del búnker

En todo un choque de instituciones resultó el operativo que trató de realizar esta mañana la Procuraduría en del búnker de la Fiscalía. La intención del Ministerio Público, de llevarse toda la información del trabajo de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur en los últimos cinco años, se vino al suelo por instrucción del vicefiscal, Jaime Camacho: “La ley indica, eso no lo inventamos nosotros, que el único que puede autorizar la entrega de información bajo reserva es el fiscal general”, le dijo a este diario. Por eso, confirmó Camacho, la Fiscalía no permitió que de la entidad saliera información que la Procuraduría pidió.

El operativo, que nunca antes se había visto en la sede máxima del organismo investigativo, era una visita especial, o sea, una inspección para un proceso disciplinario. Comenzó en la mañana de este martes a las 9 de la mañana, con un equipo de 20 funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que entraron por el parqueadero de la Fiscalía para sorpresa de varios agentes del CTI. La génesis de esta diligencia es una indagación disciplinaria en contra de los fiscales Hernández y Betancur, quienes fueron denunciados por supuestas anomalías en algunas interceptaciones.

(En contexto: Procuraduría entra al búnker de la Fiscalía por denuncia en contra del fiscal Daniel Hernández)

El proceso lo tiene en sus manos el magistrado Alejandro Meza Cardales, quien pertenece a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y estuvo también presente esta mañana en la Fiscalía hasta después de mediodía, cuando Camacho les reiteró a él y a los funcionarios de la Procuraduría que tan solo podrían llevarse información de los casos trabajados por Hernández y por Betancur que fuera pública. “Nos pararon toda la diligencia”, le dijo a este diario un funcionario que estaba en el operativo. “Es absolutamente arbitrario e ilegal lo que hicieron. Definitivamente están temerosos”.

Los funcionarios de la Procuraduría se dividieron en tres grupos: uno se dirigió a las salas de la plataforma Esperanza, desde donde la Fiscalía realiza las interceptaciones de comunicaciones; otro fue al departamento de sistemas del ente investigativo y uno más se encargó de los despachos de los fiscales Hernández y Betancur. Pero, en palabras de una fuente del CTI, “la inspección judicial se volvió en un allanamiento. Todo fue muy raro. ¿Por qué una investigación disciplinaria llega a tanto? Y preciso hacen esta inspección cuando el doctor Daniel y el doctor Álvaro no estaban”.

Agentes del CTI que atestiguaron el operativo aseguran que “nadie sabía” que la diligencia iba a tener lugar, ni siquiera el fiscal general. El vicefiscal Camacho, no obstante, dijo que el fiscal (e) Espitia sí supo de antemano del operativo y dio una sola indicación: “que se ajustara todo el procedimiento a la legalidad”, aunque dijo también que el fiscal general encargado no sabía con exactitud de qué era la diligencia y que, “por supuesto”, no era posible entregar la información requerida. Fuentes de la Procuraduría aseguran que hicieron lo apropiado, institucionalmente hablando, para darle manejo al operativo.

El vicefiscal Camacho asegura que, en la orden de trabajo con que llegaron los funcionarios del Ministerio Público, no había ninguna mención al tema de supuestas irregularidades con interceptaciones de parte de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. “La orden hablaba de tomar copias de unos radicados cuyos números no existen”, dijo el alto funcionario de la Fiscalía, quien agrega que la decisión no se tomó para proteger a nadie: “Estamos ajustándonos al procedimiento penal”. En la Procuraduría, sin embargo, señalan: “Solo cumplimos órdenes”, pues quien lidera la indagación es el magistrado Meza.

La inspección buscaba información del trabajo realizado por los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur de los últimos cinco años porque ese es el límite de tiempo que aplica para procesos disciplinarios. Hernández, especialmente, fue clave en las administraciones de Eduardo Montealegre y de Néstor Humberto Martínez. Este último le delegó casos tan importantes como el de Hyundai o el de Odebrecht. Betancur, por su parte, tiene en su despacho el caso de las “chuzadas” que se han hecho ilegalmente desde la propia Fiscalía, entre otros. Y han trabajado algunos procesos en conjunto.

El tema generó tantos roces dentro de la Fiscalía que, según un agente del CTI que presenció la diligencia, los funcionarios de la Procuraduría decían que, si no les permitían hacer copia espejo al computador del fiscal Hernández, “se lo llevaban a la fuerza”. Una versión que quienes llevaron a cabo la visita especial desmienten. “Eso es falso. Tanto así que ahí estaban presentes los magistrados (que tienen a cargo la indagación disciplinaria)”. El Espectador intentó conseguir una versión del Consejo Superior de la Judicatura, pero, por ahora, no ha sido posible.

En todo un choque de instituciones resultó el operativo que trató de realizar esta mañana la Procuraduría en del búnker de la Fiscalía. La intención del Ministerio Público, de llevarse toda la información del trabajo de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur en los últimos cinco años, se vino al suelo por instrucción del vicefiscal, Jaime Camacho: “La ley indica, eso no lo inventamos nosotros, que el único que puede autorizar la entrega de información bajo reserva es el fiscal general”, le dijo a este diario. Por eso, confirmó Camacho, la Fiscalía no permitió que de la entidad saliera información que la Procuraduría pidió.

El operativo, que nunca antes se había visto en la sede máxima del organismo investigativo, era una visita especial, o sea, una inspección para un proceso disciplinario. Comenzó en la mañana de este martes a las 9 de la mañana, con un equipo de 20 funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que entraron por el parqueadero de la Fiscalía para sorpresa de varios agentes del CTI. La génesis de esta diligencia es una indagación disciplinaria en contra de los fiscales Hernández y Betancur, quienes fueron denunciados por supuestas anomalías en algunas interceptaciones.

(En contexto: Procuraduría entra al búnker de la Fiscalía por denuncia en contra del fiscal Daniel Hernández)

El proceso lo tiene en sus manos el magistrado Alejandro Meza Cardales, quien pertenece a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y estuvo también presente esta mañana en la Fiscalía hasta después de mediodía, cuando Camacho les reiteró a él y a los funcionarios de la Procuraduría que tan solo podrían llevarse información de los casos trabajados por Hernández y por Betancur que fuera pública. “Nos pararon toda la diligencia”, le dijo a este diario un funcionario que estaba en el operativo. “Es absolutamente arbitrario e ilegal lo que hicieron. Definitivamente están temerosos”.

Los funcionarios de la Procuraduría se dividieron en tres grupos: uno se dirigió a las salas de la plataforma Esperanza, desde donde la Fiscalía realiza las interceptaciones de comunicaciones; otro fue al departamento de sistemas del ente investigativo y uno más se encargó de los despachos de los fiscales Hernández y Betancur. Pero, en palabras de una fuente del CTI, “la inspección judicial se volvió en un allanamiento. Todo fue muy raro. ¿Por qué una investigación disciplinaria llega a tanto? Y preciso hacen esta inspección cuando el doctor Daniel y el doctor Álvaro no estaban”.

Agentes del CTI que atestiguaron el operativo aseguran que “nadie sabía” que la diligencia iba a tener lugar, ni siquiera el fiscal general. El vicefiscal Camacho, no obstante, dijo que el fiscal (e) Espitia sí supo de antemano del operativo y dio una sola indicación: “que se ajustara todo el procedimiento a la legalidad”, aunque dijo también que el fiscal general encargado no sabía con exactitud de qué era la diligencia y que, “por supuesto”, no era posible entregar la información requerida. Fuentes de la Procuraduría aseguran que hicieron lo apropiado, institucionalmente hablando, para darle manejo al operativo.

El vicefiscal Camacho asegura que, en la orden de trabajo con que llegaron los funcionarios del Ministerio Público, no había ninguna mención al tema de supuestas irregularidades con interceptaciones de parte de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. “La orden hablaba de tomar copias de unos radicados cuyos números no existen”, dijo el alto funcionario de la Fiscalía, quien agrega que la decisión no se tomó para proteger a nadie: “Estamos ajustándonos al procedimiento penal”. En la Procuraduría, sin embargo, señalan: “Solo cumplimos órdenes”, pues quien lidera la indagación es el magistrado Meza.

La inspección buscaba información del trabajo realizado por los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur de los últimos cinco años porque ese es el límite de tiempo que aplica para procesos disciplinarios. Hernández, especialmente, fue clave en las administraciones de Eduardo Montealegre y de Néstor Humberto Martínez. Este último le delegó casos tan importantes como el de Hyundai o el de Odebrecht. Betancur, por su parte, tiene en su despacho el caso de las “chuzadas” que se han hecho ilegalmente desde la propia Fiscalía, entre otros. Y han trabajado algunos procesos en conjunto.

El tema generó tantos roces dentro de la Fiscalía que, según un agente del CTI que presenció la diligencia, los funcionarios de la Procuraduría decían que, si no les permitían hacer copia espejo al computador del fiscal Hernández, “se lo llevaban a la fuerza”. Una versión que quienes llevaron a cabo la visita especial desmienten. “Eso es falso. Tanto así que ahí estaban presentes los magistrados (que tienen a cargo la indagación disciplinaria)”. El Espectador intentó conseguir una versión del Consejo Superior de la Judicatura, pero, por ahora, no ha sido posible.