Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra María Elisa Morón Baute, vicepresidenta de Colpensiones, la entidad que se encarga de administrar el sistema público pensional en el país. Al caso también se encuentran vinculados tres directivos más, debido a presuntos sobrecostos que se habrían presentado en la contratación del servicio de atención multicanal (contact center).
La Procuraduría señaló que los funcionarios habrían hecho parte de la realización de contratos en los que hubo varias prórrogas y adiciones de recursos, de incluso más del 50% sobre el valor inicial, sin ningún tipo de justificación. Una situación que ya había sido denunciada por varios de comunicación y por la senadora Paloma Valencia.
La senadora del Centro Democrático denunció posibles sobrecostos por más de $220 mil millones de pesos, los cuales corresponderían a aumentos de nómina, contratos “innecesarios” y el alquiler de una nueva sede. Entre los señalamientos más destacados está el pago de operadores logísticos y almuerzos para la junta directiva por un valor de $192 millones entre 2023 y 2024. La senadora afirmó que se habían añadido 1.000 contratos misionales, generando un sobrecosto de más de $29 mil millones, en 2023.
Por ese motivo, el pasado 4 de mayo se llevó a cabo un debate de control político en donde algunos senadores expusieron su preocupación por los altos sobrecostos en la contratación dentro de Colpensiones. Lo que para ellos podría desencadenar “un presunto malgasto de recursos y posibles irregularidades en los procesos de contratación”, según un comunicado Congreso de la República. Estos valores se evidenciarían principalmente en los contratos de Contac Center, servicios de conectividad y terminales de acceso.
Durante el debate, la senadora expuso que “Hemos encontrado contratos que, entre 2020 y 2021, han experimentado un aumento de más del 100% en su precio”, con lo que hizo un llamado a la revisión de las prácticas de contratación para garantizar los recursos públicos. Por otra parte, el presidente de la entidad, Jaime Dussan le aseguró al senado que la entidad trabaja de manera transparente y además utiliza de manera responsable los recursos.
En el caso también serán investigados el gerente administrativo, Sergio Andrés Gómez Navarro; el vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información y al gerente administrativo, Wilson Fernando Melo Velandia. Con esta investigación esperan poder verificar los hechos denunciados y constatar si se cometió una falta disciplinaria.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
