La justicia le dio la razón a la periodista Vicky Dávila: el video que publicó en 2016, en el que el entonces viceministro de Interior, Carlos Ferro, sostenía una conversación íntima con un agente de policía, y que era una prueba de la existencia de la “comunidad del anillo” fue un contenido periodístico amparado por la libertad de expresión. Así lo declaró el Tribunal Superior de Bogotá, que negó en segunda instancia una demanda en la que Ferro exigía que Dávila le pagara millonarias indemnizaciones a él y a su familia por los perjuicios que les generó el escándalo sexual.
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Cuando La FM, entonces bajo la dirección de Vicky Dávila, publicó el video, Ferro renunció al cargo de viceministro y, según su demanda, tuvo problemas familiares y personales irreparables. Pero a juicio del Tribunal, “se justifica la publicación con contenido sexual porque era una evidencia física de lo que se investigaba: la conformación y operación de una red que atentaba contra la libertad sexual de subordinados. Su emisión no fue aislada sino precedida de una metodología previa y su contenido no fue desestimado y, si bien comprende un cariz íntimo, sobre ella también recaen aspectos de interés público”.
El video fue grabado cuando Carlos Ferro aún era senador y en él, conversa a bordo de un carro del Congreso con el capitán (r) Anyelo Palacios, uno de los denunciantes de la “comunidad del anillo”, la supuesta red de prostitución que se habría enquistado en las más altas esferas de la Policía. En la grabación, se les escucha hablar de su orientación sexual y el exviceministro incluso invita al policía a “ir a un sitio”. La explícita conversación llevó a la renuncia de Fierro al gobierno de Juan Manuel Santos, mientras la Procuraduría anunciaba investigaciones por el supuesto entramado sexual.
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Fierro, entonces, demandó a Vicky Dávila, pues aseguraba que sus publicaciones lo habían perjudicado. Aunque en primera instancia un juez civil de Bogotá le dio la razón, en segunda instancia el Tribunal de Bogotá concluyó que la actuación de la periodista sí puede ser cobijada por la libertad de expresión. El fallo lo expone así: “La publicación se soportó en tres aspectos importantes: i) una investigación periodística previa, iniciada en 2014 ii) lo afirmado por Anyelo Palacios en las entrevistas que rindió donde afirmó ser víctima de la ‘comunidad del anillo’ y su forma de operación iii) el inicio de la investigación disciplinaria de la Procuraduría”.
Además, el Tribunal citó a declarar al fiscal Daniel Hernández, quien tuvo a su cargo las investigaciones que abrió la Fiscalía por la “comunidad del anillo”, y al periodista Daniel Coronell, quien como testigo técnico dio cuenta de que este video se sumaba a otros indicios de la existencia de la red de prostitución en la Policía. El Tribunal concluyó: “Los anteriores testimonios dan cuenta de la existencia de la investigación periodística de un hecho de interés nacional en el marco de la denuncia de eventos de corrupción al interior de una institución que tiene a su cargo la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio nacional”.
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La sentencia también lo pone en otras palabras: “la finalidad de la divulgación no se hizo con intención dolosa de la periodista de hacer daño a una persona en particular ni a su familia”. E incluso cita la carrera que tenía entonces Carlos Ferro, pues su condición de senador y, posteriormente, viceministro, lo hacían una figura pública, que debe aceptar un escrutinio mayor a su conducta. Por lo tanto, la publicación del video de contenido explícito “no configura una intromisión grosera e injustificada a la esfera íntima de los involucrados”.
Ferro también alegaba que la publicación cuestionaba su orientación sexual y dañaba su honra y su buen nombre. Asimismo, que le trajo problemas familiares graves, especialmente con su esposa. Sin embargo, a juicio del Tribunal, el exfuncionario “participó de la conversación de manera activa y no la desmintió, aunque diga que sus respuestas fueron inducidas por Anyelo Palacios, por ello las consecuencias que pudo tener al interior de la familia es un desenlace físico de su propio actuar”. Con esta decisión se cierra otro de los coletazos de la “comunidad del anillo”, caso en el que la Procuraduría ya decidió archivarle el proceso a quien era el señalado de los mayores abusos: el exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino.
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