Víctimas de desplazamiento, con mayor tendencia a padecer trastornos de salud mental

La encuesta se realizó en el Meta por ser un departamento que ha vivido la guerra desde diferentes aspectos e históricamente. / Lena Mucha-Médicos Sin Fronteras

Investigadores de la Universidad de los Andes y de la Universidad de York (Reino Unido) analizaron las consecuencias del conflicto armado en el país en la salud mental de sus habitantes, así como la respuesta de los sistemas de salud, trabas y retos. A través de encuestas a 1.309 hogares de los 20 municipios del Meta, así como entrevistas a profundidad y trabajo de etnografía, el grupo interdisciplinario hizo hallazgos importantes. Por ejemplo, que si en la Encuesta Nacional de Salud Mental (la última es de 2015) el 6 % de la población tiene tendencia a la depresión, en su encuesta esa cifra aumenta al 22 %.

Esa encuesta se llama Conflicto, Paz y Salud (CONPAS) y fue realizada por investigadores de campo el año pasado. Al momento, el grupo busca recoger un segundo momento de estas encuentas para tener un punto de comparación, lo cuál es importante porque se trata de un escenario posterior a la firma del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc y por la existencia de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el Meta.

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El estudio titulado “Guerra y paz: las consecuencias del conflicto armado en Colombia en la salud y el sistema de salud”, da cuenta de dificultades de acceso a la salud y que, por ejemplo, las mujeres en condición de discapacidad o desempleadas tienen mayores probabilidades de presentar este tipo de trastornos. El estudio lo lidera Óscar Bernal, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Catalina González Uribe, profesora de la Facultad de Medicina; Germán Casas, profesor del Departamento de Psicología y la Facultad de Medicina; y Rodrigo Moreno-Serra, profesor del Centre for Health Economics de la Universidad de York.

El Espectador habló al respecto con Catalina González Uribe, coordinadora programas de posgrado en Epidemiología y profesora asociada Facultad de Medicina, sobre este informe.

¿En qué consiste el estudio?

Es un proyecto de investigación que se hace en conjunto entre Universidad de los Andes y la de York en el Reino Unido para estudiar los efectos del conflicto en la salud y la prestación de los servicios de salud en Colombia. Nos hemos concentrado en el departamento del Meta por tener municipios que estuvieron expuestos a diferentes niveles de conflicto armado pues hay zonas que vivieron alta intensidad de forma histórica y otras que se mantuvieron en niveles medios y bajos. Esto nos permitía tener en un solo departamento tres escenarios para comparar. 

¿Por qué salud mental?

Por ser una prioridad y un tema más bien relegado en las agendas públicas por ser un difícil de entender, de medir, porque hay barreras culturales. Hay procesos de negación de duelo que hacen que sea difícil hablar de ello. Hemos tenido la oportunidad de entender las consecuencias del conflicto en un periodo de posacuerdo en el país. 

¿Qué encontraron?

Cuando nos enfocamos a estudiar a esas personas que reportaron haber sido desplazadas alguna vez en su vida, en un periodo específico, encontramos que tienen una tendencia a presentar trastornos mentales de casi el doble en comparación con la población general que no tuvo desplazamiento. Las posibilidades de sufrir una tendencia a un trastorno mental fueron del doble para depresión, ansiedad, intención suicida y trastorno psicosomático.

¿Esto qué quiere decir?

Uno intuitivamente podría decir que las personas que han sufrido desplazamiento pueden estar con peores escenarios de salud mental, pero esto nos lo confirma la evidencia real, de primera mano, con mediciones rigurosas, pues la manera en la que estuvimos haciendo todo esto corresponde a los estándares que hay sobre el tema. Es alarmante que sea del doble. Hay otras como la psicosis y al bipolaridad que tienen una explicación diferente que, si bien no es del doble, sí es bastante alta.

¿Cómo así?

Las personas que han sido desplazadas pueden tener hasta un 46 % más posibilidades de presentar una tendencia a la psicosis. Eso nos habla de las necesidades que tienen estas poblaciones, de una realidad que fue leída el año pasado, es decir, posterior al Acuerdo, en un periodo de transición con mucha incertidumbre. Sabemos, por la experiencia en otros países, que es un espacio de tiempo en el que se puede exacerbar estos escenarios.

¿Cómo se hizo el estudio?

Desde la Escuela de Gobierno de la Universidad está Óscar Bernal, que es el investigador principal. Y desde la Facultad de Medicina estoy yo y Germán Casas. Es un grupo multidisciplinario, lo cual es importante porque en la Universidad de York la mayoría son economistas. Tenemos dos líneas de trabajo: uno que se dedica a recoger todos los datos con una encuesta (que ya se hizo) en 1.309 hogares de los 29 municipios del Meta, que es representativa a nivel municipal. No hay nada igual para el país.  Y hay otro grupo que está haciendo la parte cualitativa que se ha centrado en campo a hacer entrevistas y grupos focales en la zona. A las personas también se les preguntó en la encuesta sobre cómo recordaban su vida en el 2014 para poder tener un punto de comparación. Eso es parte de lo que todavía estamos analizando para estar seguros de que podemos dar una información real.

¿Está diferenciado por excombatientes?

En la encuesta de hogares no tenemos diferenciado por combatientes, en la parte cualitativa sí. En la encuesta está diferenciado por hombres y mujeres, por nivel de educación, por autorreconocimiento étnico, entre otros. Hay un resultado importante: las mujeres presentan tres veces más posibilidades de reportar estas tendencias, a presentar trastorno de salud mental, comparados con los hombres.

¿Por qué son tendencias?

Con encuestas podemos medir según lo que la persona reporte, pero para dar un dictamen clínico necesitas un psiquiatra para que se siente con cada persona. No es un diagnóstico. La encuesta busca determinar qué está pasando a nivel de la población, qué es de lo que más sufren, lo que vemos en términos de tendencias.

¿Hay un punto de referencia?

La Encuesta Nacional de Salud Mental que se hizo en 2015 frente a estos mismos desenlaces. En todos vemos, salvo en bipolaridad e ideación suicida vemos en Conpas (su encuesta) niveles más altos que los que se registran en el panorama nacional (que son promedios). A nivel nacional decimos que casi el 6% de la población presenta una tendencia a depresión, por ejemplo, pero cuando miramos Conpas hablamos de casi el 22%. De ansiedad es del 17% a nivel nacional y en Conpas es de casi el 42 %. Esto nos da evidencia de una carga en salud mental importante de personas que viven en hogares del Meta que pueden ser comparables a otros departamentos que han estado expuestos al conflicto en su múltiples formas.

¿Se preguntó por modelos de atención?

Sí, sobre todo en las entrevistas. Es un tema complejo y muy diferente cuando se comparan hombres y mujeres, pues las mujeres tendemos a consultar más en salud que los hombres. Si bien hay servicios que se ofrecen, que las personas identifican, hay un problema con la sostenibilidad y se ve que en estos servicios lastimosamente se puede dar una revictimización de la persona.

¿Cómo así?

Por ejemplo, un profesional de la salud o una persona que pertenece a la red de prestación está en ese lugar del Meta durante un tiempo, pero no duran lo suficiente. Entonces, cuando las personas están recibiendo atención de un psicólogo, por ejemplo, a la vuelta de unos meses les toca volver a contar toda su historia porque las personas cambian todo el tiempo. Eso es muy importante: estar dispuesto a pedir ayuda implica que tiene que haber un nivel de confianza y eso es algo muy débil en general.

¿Hay aspectos positivos?

En estos espacios se pueden generar redes de personas que han sufrido estos tipos de violencia y se han formado grupos que se apoyan entre sí, que han generado un tejido social a partir de una experiencia que ha sido devastadora en sus vidas. 

¿A qué debemos ponerle más atención?

Hay un tema de discapacidad que debemos entender como país, una discapacidad que no es solo física, es también mental y social, de cómo podemos participar porque la huella que deja el conflicto es algo que no va a desaparecer prontamente. Los servicios necesitan atender mucho más en salud mental, al perfil de las víctimas y desarrollar confianza a nivel local para poder prestar el servicio es fundamental.

¿Por qué?

Si estas acostumbrado a estar en un sitio en donde te sientes amenazado, en donde no sabes en quién confiar, independiente de que haya un servicio (de salud) puede haber miedo. También hay unos resultados muy importantes: necesitamos prepararnos a nivel profesional para atender el conflicto. Puede haber una enfermera con todas sus competencias, pero estará expuesta a realidades que son muy duras, entonces esa enfermera también va a necesitar quien la ayude a ella en su proceso de atender a esta población.

¿Todo esto se subsana con más personal médico?

No. No se resolverá la atención generando más hospitales o desplegando una cantidad de profesionales a zonas donde de pronto la población es dispersa. Hay un tema de ruralidad que se debe entender y hay algo que se denomina la atención extramural, es decir, cómo desde los centros de salud salen comitivas a buscar a las personas en los hogares que pueden hacer atención primaria y generar una confianza para poder entender que necesita la población.

Ahora, ¿qué sigue?

Vamos a volver a esos mismos hogares a preguntarle a la gente como está y queremos ver si podemos medir cambios, es decir, si esos niveles de ansiedad o de trastornos psicosomáticos, están iguales, aumentando o bajando. Esos son dos momentos que tenemos, más otro en el que les preguntamos cómo se sentían en el 2014. Eso tiene problemas porque uno recuerda ciertas cosas, pero nos puede dar una idea de cómo era la vida de estas personas.

Tienen varios puntos de comparación y este año, además, es de posacuerdo...

Hay muchos cambios en el país en lo que va corrido de este año. No más en la organización de las ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que han tenido que ir adaptándose a unas necesidades, esa es información que se está recogiendo en este momento. Y estamos por publicar tres artículos, uno de ellos con entrevistas a profesionales de la salud que trabajaron en las ETCR y su experiencia, de ahí los retos que mencionaba de confianza. Detalles como que en algunas zonas pueden confiar más en profesionales de la salud que sean jóvenes y eso es algo que uno no se imagina cuando planea la provisión de servicios.

¿Cómo cambia la atención cuando hablamos de excombatientes?

Es completamente diferente. Estas personas estuvieron en una organización en donde la salud, por ejemplo, no era individual sino común (conjunta), que si se hacía algo era a todos por igual. Y ahora llega el profesional de la salud y te atiende de manera personal y tienes que adaptarse a unos trámites burocráticos como pedir un control. Y hay temas de salud sexual y reproductiva en donde no había mucha autonomía y acá el sistema de salud establece que tienes derechos a una cantidad de cosas. 

¿Qué recomendaciones se pueden hacer?

Hay que girar un foco inmenso al tema de salud mental y de discapacidad. Cuando uno habla de discapacidad hay un imaginario de una carencia física, pero esta se presenta de muchas formas. No más en estar perdido en como poder participar de la sociedad, sentir miedo, tener ansiedad, no poder dormir, tener pesadillas todo el tiempo y no confiar en el que está al lado hace que estés limitado. Por más que haya una oferta de servicios de salud, no quiere decir que la gente va a acceder a ella y buscarla.