Víctimas de masacre de Chengue perdieron pelea por indemnización “irrisoria”

En la masacre de Chengue fueron asesinados 31 civiles (imagen de referencia).

Foto: Cortesía - El Universal

Las víctimas de la masacre de Chengue (Ovejas, Sucre), perpetrada por paramilitares, deberán conformarse con la indemnización que ellas mismas calificaron de “irrisoria”. Tras una batalla judicial, el Consejo de Estado se negó a subir el monto que les concedió la justicia por los daños sufridos, luego de que el frente “Héroes de Montes de María” de las Autodefensas llegó el 17 de enero de 2001 hasta su corregimiento y asesinó a 31 civiles.

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Según explicó en un comunicado la alta corte, “si bien está acreditado que las víctimas fueron desplazadas por la masacre, no se aportaron elementos que permitieran precisar el tiempo durante el cual se prolongó esta calamitosa situación. Además, teniendo en cuenta que hubo habitantes de Chengue que retornaron al corregimiento antes de los demandantes, no se probó si estos últimos no lo hicieron por razones de seguridad o por su libre decisión”.

En 2019 el Tribunal Administrativo de Sucre condenó en segunda instancia al Estado por la masacre. Según explica la sentencia, la Armada y el Ministerio de Defensa, “conocían sobre un posible ataque por parte de grupos al margen de la ley que operaban en esa región; sin embargo, reaccionaron de forma tardía y no adoptaron medidas para garantizar el retorno de los demandantes a sus hogares”. Así que ordenó que les reconocieran una indemnización a un grupo de 22 víctimas.

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Sin embargo, las víctimas interpusieron un recurso llamado “recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia” pidiendo un nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado. Según explicaron, el Tribunal les otorgó “una suma inferior” a la autorizada por sentencias previas del alto tribunal, con lo cual resultaba “irrisoria” la indemnización, pues la masacre de Chengue fue una grave violación a los derechos humanos y una infracción al Estatuto de Roma, según ha declarado la Fiscalía.

No obstante, el Consejo de estado señaló: “el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no constituye una instancia adicional, a través de la cual resulte procedente imponer una interpretación de las normas aplicables al asunto debatido en el proceso ordinario, ni tampoco para que se especifique una determinada valoración probatoria, a efectos de que esta Corporación coincida con el raciocinio de las partes”. Según el alto tribunal, los daños y la indemnización concedida son discusiones que ya había dado el Tribunal de Sucre en segunda instancia y no podría levantar ese fallo.

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Además, el fallo señaló que, “la sola conducta del desplazamiento forzado no impone que los perjuicios morales deban tasarse automáticamente en un monto superior a los 100 smlmv, porque ello está condicionado a que en el proceso se demuestre un daño moral más gravoso e intenso, lo cual no ocurrió en este caso, por lo que el Tribunal Administrativo de Sucre, en ejercicio de su autonomía, tasó las sumas que estimó conveniente para los actores”.

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