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Las víctimas acreditadas de Montes de María (Bolívar y Sucre) ampliaron un informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante la diligencia judicial, los participantes, junto con los magistrados, reconstruyeron los hechos violentos vividos y describieron las afectaciones que el conflicto dejó en esta zona del país. El informe pertenece al caso 08, el cual investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
La presentación de la información se dio ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, allí 20 víctimas, además de representantes de colectivos y organizaciones, participaron en el evento y reiteraron su compromiso con la búsqueda de la verdad y la restauración del tejido social. Durante las intervenciones, las víctimas socializaron con la magistratura las expectativas y propuestas que tienen en este proceso. Expresaron que estarían en búsqueda de un proyecto de vida colectivo para las comunidades de la zona.
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Debido a que la audiencia Judicial tenía un enfoque restaurativo, se llevó a cabo una reunión previa entre las víctimas y los magistrados, con lo que se buscaba facilitar el diálogo. En dicha reunión se discutieron temas centrales enfocados en el avance de la investigación y las reflexiones alrededor de la justicia transicional restaurativa. La magistrada María del Pilar Valencia les informó que el caso se encuentra en una fase de escucha de versiones de los presuntos responsables.
“Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, las personas sobrevivientes de Montes de María y sus municipios cercanos, hicieron aportes que permitieron que la Sala de Reconocimiento viera a esta región como un territorio crítico de victimización. Como una región con un alto grado de impunidad y una justicia incompleta” afirmó la magistrada Valencia, relatora del Subcaso Montes de María y municipios cercanos.
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La diligencia también coincidió con la conmemoración de la masacre de El Salado en El Carmen de Bolívar, perpetuada por paramilitares, entre el 16 y el 22 de febrero en el año 2000. En este hecho murieron cerca de 63 personas, 23 continúan desaparecidas y aproximadamente 4000 personas se desplazaron forzadamente a otras zonas del país.
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