Víctimas piden que el general (r) Mauricio Santoyo no se quede en Estados Unidos

Ante la posibilidad de que el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, quien fue condenado en 2012 en Estados Unidos, se quede en el país norteamericano tras cumplir con su pena, surgió la preocupación de que el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez no responda en varios procesos a los que está vinculado en Colombia. Uno de ellos es la desaparición de los defensores de derechos humanos Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, en octubre de 2000 en el centro de Medellín.

Para la época de su desaparición, Quintero y Monsalve hacían parte de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). El mismo día de su desaparición, el 6 de octubre, Quintero había declarado en la sede de la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de varios familiares suyos. Horas después de su diligencia, pasadas las 10 de la noche, Quintero y Monsalve fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el cruce de la carrera Bolívar con la calle Amador, en el centro de la ciudad.

(Lea aquí: General (r) Mauricio Santoyo será deportado a Colombia).

Las indagaciones posteriores permitieron determinar que los números telefónicos de ambos habían sido intervenidos por el Gaula de Medellín, cuando su comandante era, precisamente, Santoyo. En 2013, el general retirado fue vinculado a la investigación de la Fiscalía sobre la desaparición de los dos defensores de derechos humanos, aun así, el proceso no ha tenido avances.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), ante esta situación, publicó un comunicado en el que alerta sobre la necesidad de que “con la vuelta a la libertad del exjefe de seguridad del expresidente Uribe y de su retorno a Colombia, se efectúe la indagatoria y, de ser el caso, responda por los hechos y se logre su esclarecimiento”, con el fin de que “se investiguen y juzguen debidamente y con celeridad, las conductas perpetradas por Mauricio Santoyo en estos casos y se tomen las medidas pertinentes”.

Además, la CCJ señaló que “se encuentra pendiente de esclarecer la responsabilidad de Santoyo en la desviación de la investigación producida por el asesinato de Jaime Garzón, así como su participación en la desaparición y homicidio de miembros de la banda de sicarios “La Terraza” que perpetraron el crimen del periodista”. En este caso, Santoyo fue llamado a declarar por la Fiscalía en octubre de 2017.

(También: Las 10 claves del proceso Santoyo).

Santoyo, quien hizo parte de la Policía durante tres décadas (llegando a ser jefe de seguridad de Uribe durante su primer período presidencial), fue condenado en 2012 en Estados Unidos a 13 años de prisión por ayudar a grupos paramilitares en el envío de cocaína. Logró una rebaja en su pena por su colaboración con la justicia estadounidense, por lo que su condena se redujo a 7 años y 8 meses en la cárcel.

La defensa del general en retiro podría interponer algún recurso para se pueda quedar en los Estados Unidos. Ante esta posibilidad, la CCJ alertó que “invocaría la pretensión de blindarse de los procesos que hoy en día y luego de tanto tiempo, aún tiene pendientes en Colombia”.

Ante la posibilidad de que el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, quien fue condenado en 2012 en Estados Unidos, se quede en el país norteamericano tras cumplir con su pena, surgió la preocupación de que el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez no responda en varios procesos a los que está vinculado en Colombia. Uno de ellos es la desaparición de los defensores de derechos humanos Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, en octubre de 2000 en el centro de Medellín.

Para la época de su desaparición, Quintero y Monsalve hacían parte de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). El mismo día de su desaparición, el 6 de octubre, Quintero había declarado en la sede de la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de varios familiares suyos. Horas después de su diligencia, pasadas las 10 de la noche, Quintero y Monsalve fueron retenidos por hombres fuertemente armados en el cruce de la carrera Bolívar con la calle Amador, en el centro de la ciudad.

(Lea aquí: General (r) Mauricio Santoyo será deportado a Colombia).

Las indagaciones posteriores permitieron determinar que los números telefónicos de ambos habían sido intervenidos por el Gaula de Medellín, cuando su comandante era, precisamente, Santoyo. En 2013, el general retirado fue vinculado a la investigación de la Fiscalía sobre la desaparición de los dos defensores de derechos humanos, aun así, el proceso no ha tenido avances.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), ante esta situación, publicó un comunicado en el que alerta sobre la necesidad de que “con la vuelta a la libertad del exjefe de seguridad del expresidente Uribe y de su retorno a Colombia, se efectúe la indagatoria y, de ser el caso, responda por los hechos y se logre su esclarecimiento”, con el fin de que “se investiguen y juzguen debidamente y con celeridad, las conductas perpetradas por Mauricio Santoyo en estos casos y se tomen las medidas pertinentes”.

Además, la CCJ señaló que “se encuentra pendiente de esclarecer la responsabilidad de Santoyo en la desviación de la investigación producida por el asesinato de Jaime Garzón, así como su participación en la desaparición y homicidio de miembros de la banda de sicarios “La Terraza” que perpetraron el crimen del periodista”. En este caso, Santoyo fue llamado a declarar por la Fiscalía en octubre de 2017.

(También: Las 10 claves del proceso Santoyo).

Santoyo, quien hizo parte de la Policía durante tres décadas (llegando a ser jefe de seguridad de Uribe durante su primer período presidencial), fue condenado en 2012 en Estados Unidos a 13 años de prisión por ayudar a grupos paramilitares en el envío de cocaína. Logró una rebaja en su pena por su colaboración con la justicia estadounidense, por lo que su condena se redujo a 7 años y 8 meses en la cárcel.

La defensa del general en retiro podría interponer algún recurso para se pueda quedar en los Estados Unidos. Ante esta posibilidad, la CCJ alertó que “invocaría la pretensión de blindarse de los procesos que hoy en día y luego de tanto tiempo, aún tiene pendientes en Colombia”.