Víctimas, prioridad para Defensoría

A menos de 15 días de la posesión del próximo Defensor del Pueblo, en medio de los reparos que se le han hecho a la terna de candidatos, por eventual violación de la ley de cuotas, al no haber sido incluida una mujer, y cuando quedan 24 horas para que se conozca su nombre, el tema central en que coinciden los analistas, y los propios aspirantes, Vólmar Pérez, Wilson Ruiz Orejuela y Alberto Casas Sánchez, es que en los próximos cuatro años la entidad encargada de la defensa y promoción de los Derechos Humanos deberá continuar de la mano con las víctimas del conflicto armado en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Ana Teresa Bernal, presidenta de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), asegura que un reto muy importante que debe ser prioritario en la agenda del próximo Defensor es acompañar de manera clara, eficaz y permanente a las víctimas que están participando en el proceso de Justicia y Paz y estar pendiente de que sean debidamente reparadas. Por otro lado, Bernal cree que es muy importante que la Defensoría vele por los niños en el país y aseguró que es escalofriante que en Colombia aún mueran pequeños por hambre. “Debe haber una actuación fuerte frente al tema de niñez”, enfatizó. Finalmente sostuvo que el elegido deberá ser muy proactivo en propender por el respeto de las culturas indígenas y ser “más autónomo” frente a la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los sectores más vulnerables.

Por otro lado, para la Misión de Observación Electoral (MOE), la Defensoría deberá investigar de oficio los hechos punibles que llevaron al desplazamiento forzado, “teniendo como gran reto ayudar y exigir a las demás entidades competentes, vencer la gran impunidad que termina cohonestando con los demás factores causantes del desplazamiento en Colombia”.

Asimismo, la Defensoría deberá promover acciones judiciales para garantizar el disfrute de los derechos de las víctimas del desplazamiento, por lo que tendrá que contribuir para que sea superado el estado de desprotección y abandono que sufren los desarraigados por la violencia.

Finalmente, en concepto de la Misión, se debe ejercer una “verdadera representación legal’ de los desplazados y demás víctimas del conflicto, especialmente en procesos como los que se adelantan contra los paramilitares, exigiendo la verdad, la justicia y la reparación. “La Defensoría del Pueblo tiene como mandato constitucional la promoción y protección de los derechos humanos. Respecto al desplazamiento forzado es una de las entidades responsables de la prevención de este delito y de la atención a las personas víctimas del mismo”, afirma la Misión.

Por su parte, los candidatos a la Defensoría han venido expresando sus propósitos en caso de ser elegidos. Vólmar Pérez, quien aspira a continuar en el cargo, aseguró que uno de sus objetivos será sacar adelante el estatuto antidiscriminación en el Congreso de la República. Además, impulsar el proyecto de ley que eleva como derecho fundamental el acceso al agua. También dijo que si continúa en el cargo seguirá en su empeño de proporcionarles asistencia, orientación y asesoría a las víctimas de la violencia en general.

Por su parte, Wilson Ruiz Orejuela insistió en la necesidad de expropiar territorios para entregárselos a los desplazados de la violencia y señaló que buscará que no sean extraditados los ex jefes paramilitares que aún no han confesado los delitos que han cometido. A su turno, Alberto Casas Sánchez señaló que en caso de ser elegido buscará que la Defensoría del Pueblo se convierta en un espacio de convergencia donde se pueden generar todas las discusiones en materia de la problemática de derechos humanos. “Debe ser el organismo que esté listo para defender esos derechos y promulgar esos derechos”, manifestó.