Más de 12 siglos de condena pesan sobre los hombros del último secretariado de las Farc, según las víctimas acreditadas de secuestro de la otrora guerrilla. La magnitud de esa condena, que no podrá materializarse en años de cárcel, busca convertirse en una sentencia restaurativa, o, por lo menos, esa es la apuesta que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un auditorio colmado de tensiones y expectativas, este viernes 1 de agosto continuó el segundo día de la audiencia de verificación del caso 01 estudiado por esa Jurisdicción. Este es el último pasó para proferir las sanciones propias contra siete exjefes de las Farc: máximos responsables de la política sistemática de secuestros, que causó más 21.000 víctimas en todo el país.
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Nuevamente, el espacio de la audiencia se dividió en dos: De un lado, víctimas de secuestro con preguntas aún por resolver; y por el otro, algunos de los exjefes guerrilleros a sancionar, pues solo tres de los siete hombres que encarnaron el último secretariado se presentaron de forma presencial: Jaime Alberto Parra, Pastor Alape y Julián Gallo. Milton Toncel intervino de formal virtual, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Rodrigo Granda volvieron a ausentarse alegando razones de salud. Uno de los momentos esperados era la aparición de Pablo Catatumbo. El magistrado de la JEP, Camilo Suárez, advirtió declararlo en desacato si no se conectaba antes de las 10:00 a.m., y su imagen apareció en pantalla recién a las 10:17.
El magistrado Suárez, presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad, tomó la palabra y reconoció las falencias, las demoras y las limitaciones de la sanción propia, pero pidió comprensión frente a su magnitud. “El secuestro es un fenómeno de 21.000 víctimas, en un país que tiene 10 millones de víctimas”, dijo con voz firme. La JEP no puede reparar individualmente —aclaró—, pero busca transformar colectivamente. Pero esa disposición, en la práctica, riñe con la frustración de quienes aún esperan respuestas a sus casos de secuestros individuales. A sus casos de violencia sexual vividos durante el cautiverio. Y los casos de las familias que aún buscan a sus seres queridos, que un día fueron llevados y jamás volvieron.
El eje más sensible del día fue el de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Rosemberg Leguizamón, jefe de Proyectos de la JEP, explicó que una de las líneas de la sanción podría ser una estrategia nacional, que involucra ministerios, autoridades territoriales y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), para encontrar a los desaparecidos de este caso de secuestro. Muchos de ellos cuyos rastros se perdieron en la selva, en fosas comunes o cementerios sin identificar. “Este esfuerzo no se puede detener hasta encontrar a la última persona desaparecida”, afirmó. Sin embargo, la promesa de abarcar el territorio nacional contrasta con el desafío de lograr una verdadera coordinación interinstitucional, como le reiteró el magistrado Suárez.
Entre las entidades que presentaron sus ofertas para implementar esta línea de la sanción, Andrés García, jefe jurídico de la Ubpd, expuso que esta entidad contempla elaborar balances individuales de cada caso, formular planes de trabajo articulados a nivel territorial y nacional, y gestionar información clave sobre posibles sitios de disposición de cuerpos. Para ello, enfatizó García, es crucial el acompañamiento de los comparecientes, especialmente en visitas de campo, así como garantías de seguridad por parte del gobierno nacional. García subrayó que, a pesar de las limitaciones, Colombia habría logrado recuperar cerca de 3.000 cuerpos en solo siete años.
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En este punto de la recuperación de desaparecidos, el magistrado Juan Ramón Martínez dio un crudo dato: de las 80 demandas de verdad de las víctimas, incluidas en las preguntas sobre búsqueda en el caso 01, 66 no tuvieron respuesta por parte de los exmiembros de las Farc. Además, “12 tuvieron respuesta incompleta o insuficiente, así denotado por la representación de víctimas, y solamente dos cumplieron un reconocimiento pleno. Evidentemente, dentro del universo de los 239 (casos) que logramos identificar a estas alturas, creo que tenemos un desafío enorme todavía por cumplir”, afirmó el magistrado. Agregó que la búsqueda de desaparecidos “no es una cuestión menor, no es desde ninguna perspectiva una palabra al viento, sino un compromiso real”.
Otra de las intervenciones clave fue la de Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, quien hizo un llamado a reforzar el respaldo institucional y presupuestal necesario para que las sanciones propias puedan ser una realidad. También se refirió al papel del Departamento Nacional de Planeación, que, aunque no tiene presupuesto ejecutor directo, funge como entidad orientadora para asegurar que las decisiones de la magistratura se traduzcan en políticas concretas. “El Ministerio de Hacienda debe comprender que esto no es un acto marginal del presupuesto”, concluyó.
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“Soy mayora Embera, tengo 65 años, mi nombre es María Argensola Quintero. ¿Será que algún día encuentro los restos de Jhon Jairo Cantillo Quintero, mi hijo mayor? ¿O será que un día encontramos todos los desaparecidos de mi hermosa Colombia y mi departamento en Caquetá? Lo que nos dejó la guerra no tiene nombre”. Esas fueron las palabras de María Argensola Quintero, durante uno de los momentos más emotivos del día: las intervenciones de las víctimas que viajaron desde sus territorios para contar su historia. Quintero roció un líquido sobre las manos de los magistrados, iniciando un mandala de la esperanza, para armonizar la energía del escenario en el que se escucharon a continuación a las voces de quienes vivieron en carne propia los secuestros cometidos por las Farc.
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Entre el público comenzaron a levantarse carteles con los nombres de algunos desaparecidos, mientras la mayora María Argensola entregaba al magistrado Camilo Suárez un cirio, que representaba el compromiso para dar justicia a las víctimas. “Hoy nos vas a dar esa luz de esperanza, para las víctimas de esta querida Colombia. En tus manos está la verdad, la justicia, la reparación que nosotras queremos como víctimas. Es aquí donde nosotros hacemos un pacto de amigos. ¿Te comprometes?”, le preguntó la mayora, y Suaréz respondió: “Me comprometo. Por encima de todo, de mi conciencia, de mi razón y de mi corazón, me comprometo con esto”.
Del primer grupo de víctimas en la mesa, tomó la palabra Sergio López Vaquero, oriundo del departamento de Cesar, quien expuso varias preocupaciones compartidas por las más de 4.200 víctimas acreditadas. “Señores magistrados, algunas inquietudes de los compañeros víctimas [...] tienen que ver con verdad, y en la verdad nosotros queríamos hablar del tema de las justicias o las acciones restaurativas”, expresó. López Vaquero reclamó que, así como se han diseñado proyectos para los comparecientes, el gobierno nacional debe incluir a las víctimas en iniciativas concretas como bancos de empleo, acceso a tratamientos financieros especiales y becas universitarias para sus hijos.
Una historia de dolor y discriminación también fue escuchada. Se trató de Luis Fernando Jaramillo, y “en mi comunidad me llaman Mariposa”, como se presentó. Lo siguiente que relató fue como la guerrilla lo secuestro por tres meses, tiempo en el que vivió los peores abusos y torturas. “Fui secuestrado, fui violado, violentado por las Farc, por ser una persona diferente y ser de la comunidad Lgbt. Yo soñaba con una paz diferente, y fue al contrario. Llegué a colocar una peluquería, y mis sueños fueron frustrados por estas personas”. Luego del crudo relato de sus abusos, Jaramillo solo pidió una cosa: verdad y claridad en su caso, algo que a pesar de los años todavía no ha llegado.
“¡Exigimos verdad!”: vuelven las víctimas a levantar los carteles entre el público. Llegó el turno de hablar de Gloria Manrique, otra sobreviviente del abuso sexual durante el cautiverio. “Las víctimas del conflicto armado en Colombia manifestamos nuestro profundo sentir a los puntos del acuerdo. No ha habido una verdad plena. No han sometido a la justicia lo que realmente aconteció con las víctimas y en especial con las víctimas de violencia sexual donde quedaron huellas imborrables. (...) La violencia sexual fue sistemática y hasta que no la reconozcan de cara a todas nosotras las víctimas, no va a haber una verdad plena. Acá está todo el sentir de las víctimas, de todas nosotras, de muchas”, concluyó Manrique.
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Alrededor de 12 víctimas lograron pasar al escenario, y en medio de sus relatos propios, las intervenciones terminaban por coincidir en los mismos puntos: preocupación ante los insuficientes aportes de verdad de los comparecientes, que estas sanciones sí reparen a los que verdaderamente sufrieron por estos crímenes, y que sean proporcionales al daño que causaron las Farc. Así lo evidenció Jorge Almanza, representante de víctimas del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh), al señalar que existe un “desacuerdo total” de la mayoría de las víctimas con medidas simbólicas como la construcción de monumentos, instalación de baldosas conmemorativas o publicación de libros y cartas.
“Estas iniciativas no cuentan con su respaldo ni son percibidas por ellas como medidas restauradoras o proporcionales a la magnitud del daño. (...) Las víctimas demandan que se prioricen proyectos con impactos tangibles en sus vidas, que transformen sus condiciones materiales, fortalezcan sus proyectos de vida y les permita superar productivamente el daño sufrido”, declaró el representante. En cuanto al proyecto de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Almanza fue enfático en advertir que, tal como está estructurado, este sigue sin evidenciar un esfuerzo adicional por parte de los comparecientes, lo cual es exigido por el régimen de condicionalidad de la JEP.
“Actividades como establecer el estado de los casos, recolectar información, entregar coordenadas o apoyar procesos de georreferenciación no pueden considerarse sanciones. Son obligaciones previas”, afirmó. Criticó además que se proponga como parte del proyecto la adecuación de lugares para la disposición y custodia de cuerpos, pues “carece de contenido y proporcionalidad”. Finalmente, el representante alertó sobre el riesgo de anunciar actos de reconocimiento y arrepentimiento sin una verdad plena de base, pues estos “pueden y van a revictimizar a las víctimas y generar expectativas dolorosas e infundadas”.
Las declaraciones de los otros seis representantes de víctimas no difirieron, y agregaron otros componentes a la discusión, como las definiciones de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (Toars) que propusieron los comparecientes para cumplir con las cuatro líneas de la sanción: proyectos de memoria y reparación simbólica; búsqueda de personas dadas por desaparecidas; la acción integral contra minas antipersonales; y tareas con el medio ambiente, la naturaleza y el territorio. Las audiencias del 31 de julio y 1 de agosto, pretendieron verificar que existan las condiciones necesarias para emitir estos Toars y dar así cumplimiento a la sentencia.
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Un punto clave para emitir este fallo es que el Tribunal para la Paz debe considerar que los aportes de verdad del último secretariado fueron suficientes. Pero las víctimas y las cifras señalan lo contrario. Aun así, el Procurador delegado para la JEP, Eduardo Camelo Padilla, señaló que lo aportes de los exjefes han sido suficientes para proferir la sentencia, pero “consideramos que para garantizar la ejecución efectiva de las sanciones propias es necesario avanzar en algunos ajustes sustanciales antes de que se profiera la sentencia. Aún estamos a tiempo de fortalecer lo construido, y de asegurar que cada paso que se dé esté respaldado por condiciones que permitan cumplirle a las víctimas”.
Tras más de 10 horas de audiencia, el magistrado Camilo Suárez dio por terminada la diligencia con un compromiso a que las solicitudes presentadas por las víctimas —simbólicamente el cirio que le entregó la mayora María Argensola Quintero—, “serán resueltas en sentencia”. Ahora la JEP tiene un plazo de 20 días para emitir la sentencia final contra el secretariado de las Farc por el caso de secuestros, y en este plazo, todo un país y un universo de víctimas esperan que se expida una sanción con medidas realistas, y que el Estado se comprometa a financiarlas y ejecutarlas. Pero sobre todo, que estas medidas las restauren y las ubiquen en el centro de prioridad, como se los prometió siempre la justicia transicional.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
