Viene condena para el Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe declarar responsable al Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Esa fue la petición que la Comisión Interamericana le hizo a este tribunal internacional por el homicidio del parlamentario de la Unión Patriótica, ocurrido el 9 de agosto de 1994, cuando salía de su casa hacia el Congreso de la República.

La solicitud,  conocida por el Gobierno colombiano el pasado 3 de febrero, indica que la República de Colombia violó no sólo el derecho a la vida del legislador, sino a las garantías judiciales y a la protección. Para el organismo, es imperativo que el fallo de la Corte incluya la orden de realizar una investigación “imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales”.

Aunque la Nación ya había aceptado parcialmente su obligación en este proceso, el tema del debido proceso ha sido objeto de fuertes discusiones con la Comisión. La primera se mostró en desacuerdo con enmarcar el crimen en un patrón de violencia sistemática contra la UP y consideró este hecho un “prejuzgamiento”, que violaba el derecho a la defensa del Estado. De igual forma, rechazó que los autores intelectuales del crimen, los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, gozaran de impunidad.

Los familiares de Cepeda piensan lo contrario. El 11 de noviembre de 2004, la Corte Suprema absolvió a Carlos Castaño; sin embargo, el Estado le aseguró a la Comisión que hay dos investigaciones preliminares y un sospechoso fue vinculado al proceso en agosto de 2008. Por este caso fueron condenados los suboficiales del Ejército Hernando Medina, quien siguió al senador en una motocicleta, y Justo Gil Zúñiga, quien efectuó los disparos. Aunque fueron sentenciados a 43 años de cárcel, los detenidos apelaron y hoy sólo Medina está preso, pues Gil Zúñiga goza de libertad condicional desde 2006.

A pesar de los argumentos del Estado, la Comisión Interamericana no vaciló en señalar este homicidio como un crimen de lesa humanidad y un acto más de los tantos, hoy en estudio por parte de este mismo organismo, de persecución y hostigamiento en contra de la Unión Patriótica. Por ello, instó a la Corte para que también ordenara que la República de Colombia adopte “en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia por motivos de ideología política”.

A partir de esta recomendación hecha por la Comisión Interamericana, es sólo cuestión de tiempo para que la Nación sea condenada internacionalmente por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas. El organismo, sin embargo, ha expresado ya en repetidas ocasiones que valora el hecho de que el Estado haya reconocido su responsabilidad en el crimen, así como su disposición de reparar las consecuencias derivadas de esta admisión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe declarar responsable al Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Esa fue la petición que la Comisión Interamericana le hizo a este tribunal internacional por el homicidio del parlamentario de la Unión Patriótica, ocurrido el 9 de agosto de 1994, cuando salía de su casa hacia el Congreso de la República.

La solicitud,  conocida por el Gobierno colombiano el pasado 3 de febrero, indica que la República de Colombia violó no sólo el derecho a la vida del legislador, sino a las garantías judiciales y a la protección. Para el organismo, es imperativo que el fallo de la Corte incluya la orden de realizar una investigación “imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales”.

Aunque la Nación ya había aceptado parcialmente su obligación en este proceso, el tema del debido proceso ha sido objeto de fuertes discusiones con la Comisión. La primera se mostró en desacuerdo con enmarcar el crimen en un patrón de violencia sistemática contra la UP y consideró este hecho un “prejuzgamiento”, que violaba el derecho a la defensa del Estado. De igual forma, rechazó que los autores intelectuales del crimen, los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, gozaran de impunidad.

Los familiares de Cepeda piensan lo contrario. El 11 de noviembre de 2004, la Corte Suprema absolvió a Carlos Castaño; sin embargo, el Estado le aseguró a la Comisión que hay dos investigaciones preliminares y un sospechoso fue vinculado al proceso en agosto de 2008. Por este caso fueron condenados los suboficiales del Ejército Hernando Medina, quien siguió al senador en una motocicleta, y Justo Gil Zúñiga, quien efectuó los disparos. Aunque fueron sentenciados a 43 años de cárcel, los detenidos apelaron y hoy sólo Medina está preso, pues Gil Zúñiga goza de libertad condicional desde 2006.

A pesar de los argumentos del Estado, la Comisión Interamericana no vaciló en señalar este homicidio como un crimen de lesa humanidad y un acto más de los tantos, hoy en estudio por parte de este mismo organismo, de persecución y hostigamiento en contra de la Unión Patriótica. Por ello, instó a la Corte para que también ordenara que la República de Colombia adopte “en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia por motivos de ideología política”.

A partir de esta recomendación hecha por la Comisión Interamericana, es sólo cuestión de tiempo para que la Nación sea condenada internacionalmente por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas. El organismo, sin embargo, ha expresado ya en repetidas ocasiones que valora el hecho de que el Estado haya reconocido su responsabilidad en el crimen, así como su disposición de reparar las consecuencias derivadas de esta admisión.