Viernes 8 de noviembre, el día después del holocausto

El fuego arrasó con todo en el Palacio de Justicia. El rastro del holocausto fue la primera evidencia del horror. / Archivo - El Espectador

Todo amaneció cambiado el viernes 8. El infierno de los baños y las escaleras de los entrepisos del costado norte, donde murieron civiles y guerrilleros por explosiones de granadas y boquetes abiertos con disparos de rocket. Los veintinueve cuerpos calcinados del cuarto piso, cuya causa de muerte no pudo determinarse. La intencionalidad del incendio que dejó el brumoso recuerdo del Palacio de Justicia envuelto en llamas, visto en directo o por televisión desde muchos hogares. Un bombero de la estación de Puente Aranda testificó que con gente de la Cruz Roja, a veces en platón «o a brazo limpio», envueltos en talegas plásticas, bajó entre quince y veinte cadáveres al patio del edificio en el primer piso. Sin prendas de vestir, sin pertenencias, algunos sometidos a cuidadoso lavado con manguera. Cuando Colombia constató la dimensión de la tragedia, el olor a muerte seguía intacto en los interludios de la batalla, pero sus evidencias estaban ocultas. Después de veintiocho horas de fuego cruzado entre guerrilla y Fuerzas Armadas, sin legistas expertos que habrían podido contribuir a lo correcto, la huella del holocausto era otra.

El deber no fue preservar los sitios donde los macabros hechos podían arrojar verdades, pero soldados, policías, bomberos, voluntarios, detectives o jueces atendieron órdenes. El mayor Carlos Fracica Naranjo aclaró quién las daba: «El general Arias bajó del cuarto piso y ordenó trasladar los cadáveres hasta el patio donde se encontraba la estatua de Márquez». Así que el día después de la sangrienta batalla, el momento de confrontación de las familias con sus seres queridos resultó traumatizante. Cuerpos acribillados, algunos sin cabeza, sin extremidades, desintegrados, irreconocibles. Fueron enviados a Medicina Legal con paquetes anexos con enumeraciones de prótesis, anillos, anteojos, pulseras o estilógrafos. En bolsas de plástico se juntaron restos hasta de dos o tres cadáveres, en algunos casos sin diferenciar si eran hombres o mujeres. A la hora del reconocimiento y del desconsuelo ante lo inevitable, prevalecieron más los objetos personales que los estudios odontológicos o los antecedentes quirúrgicos. Hasta huesos humanos habían sido tirados a la basura en la limpieza previa.

El día después del holocausto, mientras el rastro de dos días de batalla en el Palacio de Justicia era distinto, la tragedia se trasladó a Medicina Legal, donde el encuentro con la verdad resultó devastador. La razón adicional la dio el director del instituto, Egon Lichtemberger: «aproximadamente sesenta y cinco cadáveres de personas estaban en avanzado estado de carbonización». Así que el reconocimiento de muchos padres, esposos o hijos fue difícil de olvidar. Algunas familias de magistrados, empleados judiciales o guerrilleros tuvieron que conformarse con montículos calcinados asociados a objetos o retazos de ropa. El que correspondió a la familia del magistrado Velásquez Gaviria no tenía cabeza pero sí una pequeña placa de cobre perteneciente a un bolígrafo, encontrada bajo su cuerpo. El acta de levantamiento de los restos del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, el magistrado que clamó a Belisario Betancur un cese el fuego que nunca llegó, quedó registrada con un rótulo repetido en muchas otras: «Hombre en estado de carbonización cuya causa de muerte no pudo establecerse por autopsia».

Más de una destrozada familia salió de Medicina Legal con la esperanza de dar una despedida cristiana y honrosa a sus deudos, pero con dudas razonables que el tiempo se encargó de probar que no fueron infundadas. El caos que se precipitó desde que las autoridades militares dieron la orden de recoger armas, provisiones y material de guerra, así como concentrar los cadáveres en el primer piso, «previo despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias» —como lo resaltó siete meses después de los hechos el Tribunal Especial de Instrucción Criminal creado por el gobierno Betancur para hacer el primer recuento judicial del holocausto—, originó las condiciones para que a la impunidad naciente se sumara la desconfianza pública. La rama judicial había recibido un golpe demoledor, su cúpula fue arrasada, y su independencia para aclarar lo sucedido había quedado condicionada a disposiciones marciales. La mayoría de las víctimas eran suyas, pero apenas quedaba un retazo de indignación para manifestar desacuerdo, y rabia o desaliento para acoger el desfile de las condolencias.

Con errores protuberantes en el proceso de levantamiento de los cadáveres, «carente de todo criterio técnico y científico», ese luctuoso viernes 8, en medio del río desbordado de hombres y mujeres angustiados que buscaban a sus parientes o amigos, empezó con el saldo inicial de las víctimas mortales. Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro magistrados auxiliares y veintitrés funcionarios judiciales más, entre auxiliares, abogados, conductores, el administrador del Palacio de Justicia y una ascensorista. En total, treinta y ocho integrantes del poder judicial. Con ellos, once miembros de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad, dos vigilantes privados, dos visitantes ocasionales, quince guerrilleros reconocidos, catorce n. n., y hasta un transeúnte que fue alcanzado por el cruce de los disparos cuando caminaba frente al parqueadero del edificio, en un episodio que fue visto por millones de televidentes colombianos cuando se levantó la autocensura mediática sugerida por el Gobierno, y el mundo se percató del espantoso suceso ocurrido frente a la Plaza de Bolívar.

Mientras un centenar de familias atravesaban la línea de la congoja y recibían los cuerpos masacrados de su gente, o algunas se aferraban a un despojo reconocible para hacerle exequias o rendirle homenaje a su memoria, el país tradicional fue acomodando sus horas para trasegar este tenso momento de desolación colectiva. El gobierno de Belisario Betancur declaró tres días de duelo nacional; desde la mañana, los directorios políticos expidieron discursivas declaraciones de repudio encabezando el coro de las lamentaciones; los expresidentes se declararon solidarios con las instituciones; los columnistas repartieron sus comentarios entre la temeridad de los atacantes del M-19 y el deber de las autoridades militares; desde distintas naciones del mundo llegaron mensajes de pesar. Fue un viernes amargo, mustio, interminable. De penoso incremento en gastos funerarios, actas de defunción, féretros y honras fúnebres. La Catedral Primada dispuesta para las oraciones oficiales, los minutos de silencio al orden del día, banderas a media asta en varias oficinas, brazaletes de luto.

Y entre intervalos con voces de rechazo, enfado o pesadumbre, los testimonios de quienes sobrevivieron al horror y salieron a contarlo, sin ahorrar reclamos por la orfandad de la justicia. Como el del magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Humberto Murcia Ballén, que el día 8 narró a los periodistas su aventura con la muerte. Desde que permaneció oculto en su oficina y el humo del incendio que lo estaba ahogando lo obligó a salir con otros rehenes hasta el instante en que fue retenido por la guerrilla y sumado a un numeroso grupo de rehenes que bajo órdenes del jefe insurgente Andrés Almarales fue conminado a atrincherarse en los baños. En medio del fuego destructor, sin la prótesis que usaba en su pierna derecha, pues prefirió quitársela para huir, se arrastró por encima de cadáveres, hasta que logró salir del asedio para ser rescatado. «Yo estoy herido, pero está más herido el país. Han dejado sacrificar a las instituciones democráticas», declaró conmovido esa mañana a la cadena radial Caracol, y sus palabras se oyeron como incontrastables verdades que laceraban la conciencia de una sociedad sin palabras.

Otros sobrevivientes relataron momentos para llorar amargamente o maldecir, pero el magistrado Murcia habló por todos. «Lo que no entiendo es que en un país donde se vive hablando de paz y el Gobierno manda comisionados a La Uribe o El Hobo, se haya dejado sacrificar a los más prestantes juristas de Colombia». Al Ejército le recriminó sus oídos sordos para escuchar las súplicas del magistrado Reyes. «Nosotros mendigándole que no dispararan más, que hablaran con esa gente, pero fue imposible». Luego pasó cuenta de cobro: «Perdónenme que se lo diga al país pero esta fue una toma del Palacio de Justicia anunciada y consentida por el Gobierno». Recordó entonces que menos de un mes atrás estaba advertido el ataque, pero a la hora de la verdad no hubo quién los defendiera. «Nos abandonaron totalmente», clamó el jurista. Su testimonio se escuchó como un memorial de agravios contra un Estado indolente que ahora lamentaba lo que pudo evitar. Con tono acusador, el magistrado Murcia hurgó en la llaga del abandono a su suerte del poder judicial, ahora acribillado en su propio Palacio, sin una mínima opción de Derecho Internacional Humanitario o protección de los civiles.

En contraste, en el marco de la conmemoración de los sesenta y seis años de la Fuerza Aérea Colombiana que tuvo lugar ese mismo viernes 8, con presencia de altos mandos, periodistas y autoridades civiles, pero sin la asistencia del presidente Betancur, el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, aprovechó el escenario castrense para recalcar lo que él y demás oficiales de las Fuerzas Armadas creían había sucedido la víspera: que había salido fortalecida la democracia. En su defensa, matizada con el retocado argumento del Estado de derecho, varios periódicos editorializaron exaltando el profesionalismo de las fuerzas del orden, «que en cumplimiento de su deber habían respondido a una provocación». Otras voces resaltaron el rescate de más de doscientos cincuenta rehenes a cargo del Ejército. Desde esa mañana quedó claro que la polarización política respecto a la conducta asumida por los militares en el Palacio de Justicia iba a ser eterna. Con los estragos propios de los sesgos políticos, ese iba a ser el rasero para evaluar el costo de la operación militar más errada en la historia de Colombia.

En escenarios paralelos, sin conclusiones ni pesquisas, comenzaron a aflorar los auténticos enigmas: ¿Por qué en el momento de la toma guerrillera estaba desprotegido el Palacio de Justicia? ¿Hubo alianza del M-19 y el narcotráfico para concretar el ataque? Ante el cerco del periodismo, el ministro de Justicia, Enrique Parejo González, salió también a la radio a responder los requerimientos. «Habrá que investigar a fondo por qué no había vigilancia ese día y qué fue lo que pasó para que los magistrados estuvieran desprotegidos», contestó con preguntas y evasivas el primer interrogante. Respecto al segundo, dejó entrever que no descartaba algún entendimiento o compromiso entre el grupo alzado en armas y los carteles de la droga. Al paso de las horas, en medio de crecientes rumores de rehenes y guerrilleros ajusticiados con tiros de gracia en el desenlace de la batalla, o de otros que salieron vivos y luego aparecieron muertos, la sociedad colombiana asistía estupefacta al epílogo de una película de terror donde la verdad seguía ausente y las mentiras se disfrazaban de derrotas o victorias.

Las únicas fuentes confiables eran los sobrevivientes del horror o las familias de las víctimas, que desde ese día comenzaron a aportar desgarradores testimonios a una comisión de diez jueces creada también para enmendar lo que se había barrido el día 7. A cargo de la directora de la seccional de Instrucción Criminal, Graciela Gómez de Pulido, los jueces ordinarios llegaban a un teatro de operaciones retocado, sin embalaje técnico de pruebas ni fotografías de los lugares. Sin embargo, escuchando historias de los civiles indefensos en medio del fuego de pistolas, fusiles, subametralladoras, lanzacohetes, granadas, bombas o tanques de guerra, pronto entendieron por qué fue tan grave la falta de diálogo. En la Universidad Externado de Colombia, en demostración del malestar que se respiraba en el ambiente por el desenlace de la toma del Palacio de Justicia, el presidente Betancur fue declarado persona non grata, y el rector, Fernando Hinestrosa, con «indescriptible sensación de desolación y orfandad», admitió que era difícil dar el último adiós a siete de sus profesores muertos.

Era un momento extremo. En las aulas del Externado, el Rosario, la Nacional, la Javeriana, la Bolivariana o la del Cauca, entre otras universidades, era evidente que la academia lamentaba el deceso de sus maestros y asimilaba la dimensión del golpe. El poder judicial había sido menospreciado, once de los veinticuatro magistrados titulares de la Corte Suprema eran mártires, veintisiete auxiliares y empleados más completaban la lista de la justicia inmolada, y el Palacio de Justicia estaba convertido en un esqueleto humeante que debía demolerse. Aunque se anunciara estabilidad laboral en las altas cortes, con sedes provisionales en la Hemeroteca Nacional o la Casa la de Moneda, no era fácil empezar de nuevo. De cada nombre de los caídos quedaba una historia ejemplar que el país fue olvidando. Ese día salieron a relucir con honores, y Colombia supo de sus ideas y sus logros, de sus familias y pasiones, de sus vidas ilustres. La sociedad quedó debiéndoles el tributo correspondiente a su valor. Estaban amenazados, las autoridades lo sabían, inermes y en estado de indefensión encontraron la muerte.

El viernes 8 de noviembre, en universidades o iglesias, en emisiones de radio y televisión o en los periódicos, más allá de los hechos, las justificaciones o los señalamientos, los espacios fueron para exaltar a los mártires: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Luis Horacio Montoya, Ricardo Medina Moyano, José Eduardo Gnecco, Carlos Medellín Forero, Darío Velásquez Gaviria, Alfonso Patiño Roselli, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano y Fanny González Franco. Los auxiliares Emiro Sandoval, Julio César Andrade, Jorge Correa, Lisandro Romero, Ruth Mariela Zuluaga, Hermógenes Cortés y Carlos Horacio Urán. Con ellos, casi un centenar de civiles más que fueron carne de cañón en una batalla sin límites, donde el uso desmedido de la fuerza en las armas oficiales o la determinación de la guerrilla de no rendirse sin libertad para los rehenes pesaron más que las vidas meritorias de muchos hombres y mujeres que perecieron huyendo del fuego, las bombas, los disparos, o la absurda soberbia que impidió dialogar.

Cuando todo parecía consumado y el rostro de la tragedia acaparaba noticias, rompió su silencio un grito que permanecía ahogado y silencioso: la desesperación de doce hogares que apenas comenzaban una tortuosa búsqueda. La de ocho trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia que el viernes 8 seguían sin aparecer, a pesar de que investigadores o periodistas que tuvieron acceso al lugar, después del holocausto, constataron que estaba intacto. Hasta con vasos de jugo servidos porque iba a ser la hora del almuerzo. Tampoco apareció reportada como víctima ni llegó a su casa Norma Constanza Esguerra, una joven mujer que proveía pasteles a la cafetería hechos en su microempresa. Ni Gloria Anzola y Lucy Amparo Oviedo, dos visitantes ocasionales que terminaron atrapadas en la toma y de quienes se desconocía su paradero desde el miércoles 6. Poco se indagaba acerca de los guerrilleros del M-19, vivos o muertos, pero entre las familias reclamantes apareció el dirigente político Jorge Franco preguntando por su hermana, una joven que había sido vista viva y detenida en la Casa del Florero.

Dos de esas familias se conocían por treinta años de amistad. Desde que Helena Vera y Elsa Cortés, apenas adolescentes, trabajaron juntas en la Proveedora Litúrgica. La primera como secretaria, la segunda como recepcionista. Cuando llegaron a su mayoría de edad sacaron cédula el mismo día, y por eso sus números quedaron contiguos. Helena se casó con Enrique Rodríguez, un funcionario judicial de valores inflexibles. Elsa, con José Guarín, un tipógrafo liberal que escribía poemas. Desde niños, sus hijos compartieron la cercanía de sus padres. El destino terminó por unirlos a todos a la tragedia del Palacio. Carlos Rodríguez, el hijo de Helena, administraba la cafetería, y su nuera Cecilia manejaba la caja. Pero treinta y cuatro días antes de la toma nació Alejandra, y su madre Cecilia tuvo que ser remplazada. Entonces Helena llamó a su amiga Elsa para que fuera su hija Cristina. Aceptó a regañadientes porque sólo pensaba en su beca para estudiar en España. Tenía veintisiete años. Su amigo Carlos, veintiocho. Ni ella ni él volvieron a casa el día 6, tampoco el 7. Las dos familias aguardaban confiadas a que llegaran el viernes 8.

Sin despegarse de la radio para escuchar listas de víctimas, heridos o rescatados, o del teléfono porque más de un amigo o conocido se sumó a la búsqueda, como todos aquellos que averiguaban por algún pariente, las familias de los desaparecidos también corrieron a Medicina Legal. Por su talante frentero y su saber judicial, Enrique Rodríguez lideró desde el primer momento el reclamo. Sin temblor en la voz, firme y tozudo, el padre del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Rodríguez, logró que le mostraran rápidamente los cadáveres. Los observó uno a uno y no encontró el de su hijo. Entonces se hizo escuchar. Habló con los legistas, los jueces, la Policía, los militares, los funcionarios, los periodistas, y a todos les hizo saber que no podía ser una coincidencia que los ocho empleados de la cafetería estuvieran entre los doce que no aparecían ni vivos ni fallecidos. Desde ese día se volvió portavoz de una alianza a la que las demás familias se fueron agregando. Hasta la medianoche se la pasó buscando contactos, preguntando en los batallones, haciendo llamadas telefónicas.

Su pelea había empezado el miércoles 6. A medida que los noticieros contaban lo que sucedía en el Palacio de Justicia, su casa se fue llenando de gente. El primero en salir a buscar a Carlos Rodríguez fue su hermano César. Partió con un amigo pero los militares no permitieron que avanzaran hasta la Plaza de Bolívar. A las dos de la tarde del jueves 7, Enrique Rodríguez ya estaba en la zona. Cuando fue evidente que la batalla había concluido, en un desliz de la guardia entró al área restringida y abordó a un investigador del das que le comentó que por sospechas, posible auxilio a los guerrilleros en provisión de armas o alimentos, a los empleados de la cafetería se los habían llevado a la Escuela de Caballería. Ya era rumor extendido porque otras familias tenían la misma versión. Entonces acudió a esa guarnición militar, y sus custodios dijeron que allá no había detenidos. Sin suerte intentó en varios noticieros, visitó el Hospital Militar con la esperanza de encontrarlo herido. Luego acudió al batallón de Inteligencia Charry Solano, al otro lado de Bogotá, pero tampoco obtuvo respuestas.

El viernes, Enrique Rodríguez ya no preguntaba, exigía explicaciones. Desde que empezó la toma, su nuera Cecilia Cabrera había contactado a las familias de los desaparecidos de la cafetería, y mientras él retornaba a la Escuela de Caballería o revisaba cadáveres en Medicina Legal, ella acudió al Palacio de Justicia. Al fin y al cabo allí trabajaba. Con apoyo de un funcionario judicial llegó hasta la cafetería que administraba su esposo. Aunque faltaban cubiertos y algunos elementos de cocina, la caja estaba saqueada y se veía en ella un orificio de bala, el resto estaba en perfecto estado. Las mesas con pocillos y vasos servidos, las sillas en adecuado orden, uno que otro objeto en el suelo pero ninguna señal de violencia. De su interés personal localizó una certificación de su esposo como empleado del Palacio y una llave de la casa. Aún confiaba en que pronto Carlos Rodríguez iba a aparecer, porque un abogado que trabajaba en la Corte le comentó que minutos antes del ataque guerrillero él había visto a Carlos tomando tinto con Jorge Tadeo Mayo, el administrador del Palacio de Justicia.

Desafortunadamente, Jorge Tadeo Mayo estaba en la lista de los muertos. Nunca se supo qué se hizo su contertulio. Descartada esa opción, Enrique Rodríguez y su nuera agotaron otra carta: un funcionario de la Alcaldía de Bogotá, conocido de la familia, que el jueves 7 estuvo cerca de la Casa del Florero y reconoció a Carlos Rodríguez cuando ingresaba al museo después de ser rescatado. El viernes 8 acompañó a Enrique Rodríguez hasta el Cantón Norte. Era la primera vez que Cecilia Cabrera tocaba esa puerta. La respuesta fue idéntica a la que recibieron todos los que llegaron a esa unidad militar a preguntar por los suyos: «Aquí no hay detenidos». Entonces el funcionario exhibió su carné. Enseguida se lo retuvieron. Una hora más tarde se lo devolvieron con un ultimátum: «Aquí no vuelvan, aquí no hay nadie». Tiempo después el empleado distrital comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes a su casa y a su despacho, exigiéndole que dejara las cosas como estaban si no quería atenerse a las consecuencias, que no averiguara más por el administrador de la cafetería.

A esa misma hora, al tiempo que la familia Rodríguez Vera afrontaba una cadena de desdenes y evasivas, la de Cristina Guarín libraba su lucha. José Guarín no abrió ese día su tipografía de la Calle 38 con 13, sino que salió temprano de su casa en La Esmeralda a indagar la suerte de su hija, en compañía de sus hijos Sebastián y René. El mismo recorrido de sus amigos. Primero al Palacio de Justicia, donde gracias a la mediación del secretario general de la Presidencia, Víctor G. Ricardo, el atribulado padre entró para verificar lo mismo que los Rodríguez, que en la cafetería no pasó nada. Eso sí, encontró un paraguas de Cristina. Antes que él, había ingresado la periodista radial Julia Navarrete, que ubicó el documento de identidad de la desaparecida. El itinerario obligado llegó a Medicina Legal.

José Guarín entró con sus hijos, y entre funcionarios con batas blancas que no musitaban palabra y funcionarios judiciales pendientes de cualquier dato revisaron decenas de cadáveres ubicados en bandejas de lata. Ninguno conocido. No sabían si agradecer a Dios o llorar por no encontrar a Cristina.

Cada familia afrontó el mismo drama. La abogada Gloria Anzola de Lanao, por gestión de su tía, la consejera de Estado Aydée Anzola, diariamente acostumbraba ubicar su carro en el parqueadero del Palacio. Después se iba a su oficina, ubicada a unos cincuenta metros. Al constatarse de que no regresó a su hogar ni el 6 ni el 7, sus hermanos fueron a buscarla el día después del holocausto. Luego de recorrer inútilmente los escombros de la batalla acompañados de un mayor de la Policía, sin encontrar indicios o hallazgos, cumplieron con la forzosa cita en Medicina Legal a ver cadáveres quemados, «cinco de ellos sin cabeza». Ninguna pista lograron. Lo mismo que sucedió a la familia de Norma Constanza Esguerra. El día 6 entró al Palacio de Justicia a entregar sus pasteles, y su hermana Amparo se quedó esperándola en el carro. Su madre Elvira salió a buscarla, y el viernes 8 encontró su bolso y su billetera en la cafetería, pero cuando acudió incisiva al Cantón Norte a preguntar por ella, un soldado que lo custodiaba comentó resignado que si tuviera un título más podía ayudarla, pero estaba muy abajo para hacerlo.

Bernardo Beltrán Hernández trabajaba como mesero. Entró por recomendación del Sena a la cafetería del Palacio y llevaba dos meses. Inicialmente su familia se mantuvo tranquila porque un conocido que laboraba en el Fondo Rotatorio llamó para contar que lo había visto caminando hacia la Casa del Florero. Además, oyeron su nombre en una lista de rescatados que dio Yamid Amat. El viernes 8, tras el mismo ritual de búsqueda, su padre y su hermano terminaron en Medicina Legal. Entre cadáveres chamuscados, Fernando Beltrán creyó ver a su hermano y se arrodilló a abrazarlo. Su padre lo contuvo porque el cadáver tenía un tatuaje desconocido en un brazo. Finalmente no apareció ni vivo ni muerto. Como aconteció con David Suspes Celis, chef de la cafetería, un emprendedor joven que trabajaba sus últimos días en el Palacio de Justicia porque se iba a laborar en diciembre al supermercado Carulla. Su asistente era Ana Rosa Castiblanco, madre de un niño y embarazada de siete meses. Ni David ni Ana Rosa retornaron a sus familias ni ellas los encontraron entre los rostros masacrados.

Gloria Stella Lizarazo era la empleada más antigua. Tenía a su cargo el autoservicio, y su expectativa era montar un restaurante modesto para sacar adelante a sus cuatro hijos. Luz Mary Portela llevaba diez días remplazando a su mamá, que estaba enferma y no podía ir a trabajar al Palacio. Con ellas trabajaba el mesero Héctor Jaime Beltrán, padre de cuatro hijas que el miércoles 6 se quedaron esperándolo. Ni Gloria, ni Luz Mary ni Héctor Jaime aparecieron en las listas, y sus parientes repitieron el mismo periplo inútil y agobiante: el Cantón Norte, Medicina Legal, el batallón Charry Solano, los hospitales, las estaciones de Policía. En el caso de Héctor Jaime, su hermano era escolta del das, y durante la toma se mantuvo en la zona averiguando. Oyó el mismo rumor, que a los de la cafetería se los habían llevado para interrogarlos. Cuando terminó la batalla ingresó a Palacio, encontró la ropa de los empleados colgada en percheros y puntillas y sus documentos de identidad tirados por todas partes. Recogió el de su hermano, era la prueba de que estuvo en el sitio. Pero el día 8 seguía sin aparecer.

Las últimas dos desaparecidas eran Luz Amparo Oviedo e Irma Franco. De la primera se supo que acudió al Palacio de Justicia porque tenía una cita de trabajo con el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, pues su proyecto de vida era estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Cuando estalló la toma y sus padres se enteraron de que los evacuados fueron llevados a la Casa del Florero, lograron comunicarse con el museo, y alguien les dijo que allá se encontraba y por la tarde volvía. No ocurrió así el día 6, así que el 7 varios parientes salieron a buscarla, y en el entorno de la Plaza de Bolívar contactaron a un conductor de los militares que se comprometió a ayudarles. Al caer la tarde entró una llamada telefónica a su casa preguntando por Luz Amparo Oviedo. Cuando ratificaron que era su vivienda en el barrio San Cristóbal, el desconocido confirmó que pronto estaría de regreso. Pero el jueves 7 tampoco llegó, ni el 8, entonces la familia se unió al terrible periplo a Medicina Legal, la buscó en varios batallones, en las estaciones de policía, en las clínicas, nadie supo decirles qué se había hecho.

En cuanto a la estudiante de Derecho Irma Franco Pineda, el viernes 8 testigos de la toma hablaban de ella porque la vieron activa suministrando provisiones al M-19. «La guerrillera de civil vestida de falda escocesa, blusa beige y botas café», fue la descripción de varios sobrevivientes. Así como la observaron en acción insurgente, también la identificaron como custodiada en la Casa del Florero. Su hermano, el empresario y dirigente político Jorge Franco, se enteró de la toma guerrillera y la relacionó con un comentario que el domingo anterior había hecho Irma en casa de sus padres: que se iba para un largo viaje y pedía disculpas si les causaba molestias. Entonces empezó a buscarla hasta que un coronel de la Policía conocido le avisó que estaba ilesa pero detenida. Cuando trascendió que estaba en la lista de los desaparecidos, un celador de la Casa del Florero la recordó como una muchacha que hacia las ocho de la noche del jueves 7, entre dos o tres detectives, fue subida a un jeep Nissan Patrol verde que partió con rumbo desconocido. Tiempo después lo ratificó bajo la gravedad del juramento.

Salvo la familia de Irma Franco, que por ser guerrillera tenía otra connotación, las demás familias de los desaparecidos afrontaban la misma encrucijada. No aparecían entre los cadáveres llevados a Medicina Legal, tampoco entre los rescatados ilesos, lesionados o heridos, y el Ejército negaba capturas. Tenían un líder natural que hablaba por todos, el exjuez Enrique Rodríguez, pero necesitaban quién abriera puertas para seguir indagando. Entonces una amiga cercana de la familia Guarín sugirió hablar con un abogado y defensor de derechos humanos. La mayoría aceptó, y esa misma tarde se reunió con él. Era Eduardo Umaña Mendoza, quien asumió la misión. Hacia las ocho de la noche, Umaña presidió un encuentro con familiares de los ocho empleados de la cafetería, y entre las pullas de Enrique Rodríguez, que desde entonces no dejó de fustigarlo por defender guerrilleros, se tomó a pecho aclarar el mayor misterio de la toma. Pronto se sumaron las demás familias de los que no aparecieron. Desde esa noche fueron uno en la incesante brega por conocer la verdad sobre sus padres, esposos o hijos.

El día terminó en un llanto largo que atravesó de norte a sur a Colombia, y muchos mensajes de solidaridad con el poder judicial, que había visto caer violentados a varios de sus magistrados y a decenas de servidores. Los rumores iban y venían pero ninguno confirmado. Que algunos guerrilleros habían logrado escapar como supuestos rehenes, que a otros los habían ajusticiado luego de rendirse, que a dos estudiantes de la Universidad Externado y algunos funcionarios judiciales los habían tenido detenidos en guarniciones militares pero ya estaban libres, y que los desaparecidos seguían ocultos en batallones. En el hogar Guarín Cortés, Elsa reprochaba a su esposo que llorara porque lo que debía hacerse era exigir respuestas en voz alta. El matrimonio Rodríguez Vera debatía cómo proceder sin exponerse. En cada casa hubo vigilia hasta la medianoche. Todos pendientes del último reporte radial o de cualquier llamada telefónica. Unos orando a Dios y encendiendo velas, otros juntando documentos; los niños no entendían la angustia de los adultos pero preguntaban acuciosamente dónde estaban sus padres.

De lo que ni adultos ni menores se enteraron fue de que ese día, mientras la comisión judicial emprendía el compendio probatorio para establecer los preparativos de la toma, su ejecución, la intervención de la fuerza pública, el incendio, el infierno de los baños o el espanto del cuarto piso, un juez de Instrucción Penal Militar, Darío Morales Álvarez, se aprestaba a adoptar una insólita decisión: ordenar la inhumación, en una fosa común del Cementerio del Sur, de veintiséis de los cadáveres llevados a Medicina Legal. Al día siguiente, sin tener a su cargo el expediente ni abrir un proceso alterno, el funcionario finiquitó su propósito. Lo justificó con un argumento: que el comandante de la Policía de Bogotá, general José Luis Vargas Villegas, le advirtió que el M-19 preparaba un asalto a esta dependencia para recobrar los cadáveres de sus combatientes. Según declaró tiempo después el oficial de la Policía Félix Gallardo, ese viernes 8, mientras conversaba con el general Vargas sobre los enigmas de la toma, el oficial le dijo que dejara eso quieto, que la Policía ya había cumplido, que era mejor dejarlo en manos de los jueces y el Ejército.

Cuando se abría camino la noche y todos trataban de descansar con la certeza de que se iniciaba una lucha infinita, a la casa del desaparecido Héctor Jaime Beltrán, uno de los desaparecidos de la cafetería, entró una llamada extraña. La contestó su esposa, Pilar Navarrete. Un hombre que se identificó como integrante del b-2 de Inteligencia Militar aseguró que había grabado un casete con voces de los empleados de la cafetería porque le daba pesar que los estuvieran torturando siendo personas inocentes. El desconocido agregó que los habían llevado a la Casa del Florero y luego al Cantón Norte. Llamadas parecidas se repitieron días después a otros hogares. Algunos las atribuyeron a desinformación promovida por seres desalmados. Otros, a datos confiables por investigar. Tiempo después, cuando trascendieron las comunicaciones de los altos mandos militares durante la retoma, la frase pronunciada por uno de ellos, ante la incertidumbre de que guerrilleros huyeran con cédulas de muertos, resumió la validez de todas las sospechas: «esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco».