La Procuraduría General realizará una acción de revisión con el fin de establecer si se están cumpliendo las medidas cautelares entregadas a un grupo de 27 mujeres afrocolombianas que fueron víctimas del desplazamiento forzado en diferentes regiones del país.
Esto con el fin de revisar si las autoridades y organismos estatales han cumplido con la protección solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar la vida y la integridad física de estas mujeres afrocolombianas y sus respectivas familias.
Debido a la violencia, estas mujeres tuvieron que abandonar sus tierras en los municipios de El Charco, Barbacoas y La Tola en el departamento de Nariño, hacia el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
Según la CIDH, "la situación de riesgo de estas mujeres persiste en la actualidad y es mayor la vulnerabilidad en la que se encuentran y, agrega, que dichas medidas son insuficientes en vista de la situación de riesgo que enfrentan sus integrantes".
Se vigilará entonces el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades las siguientes entidades: los ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Salud, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Con esta acción el Ministerio Público también busca generar un documento que contenga unas recomendaciones, si es el caso, dirigidas a la Cancillería.
Por El Espectador
