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La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía adelanta investigaciones en los 1.169 casos de violencia sexual cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia y la guerrilla de las Farc. En estas casi 1.200 agresiones el ente acusador ha identificado siete tipos de delitos: acceso carnal violento, acto sexual abusivo, esclavitud sexual, prostitución forzada, aborto sin consentimiento, anticoncepción forzada y tratos crueles e inhumanos.
Para el sub coordinador de esta unidad Leonardo Cabana los delitos sexuales se perpetraron con la intención clara y concisa de someter a las víctimas y lograr su obediencia. “Los dos grupos siempre siguieron el objetivo de intimidar a las víctimas señalándolas de tener vínculos con el grupo enemigo”. En esta lógica, las primeras en ser atacadas fueron las mujeres, pues “por su condición de género” se les acusó de ser las esposas o compañeras permanentes del bando contrario, explica Cabana. Además, agrega que “fueron los dos grupos los que disponían de forma arbitraria, violenta y degradante de las mujeres que ellos consideraba reunían esa condición”.
Sin embargo, aun cuando el fin era el mismo los medios variaban entre ambos actores ilegales. Mientras unos ejercían el sometimiento directamente en las comunidades los otros reclutaban forzosamente. En el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia la estrategia era la siguiente: se autoproclamaban autoridades de un territorio que controlaban y así disponían de las mujeres para sostener relaciones sexuales forzosas con ellas. Igualmente, las obligaban a realizar actividades relacionadas con el hogar como cocinar o lavar la ropa. Cabana puntualiza que era “siempre bajo la amenaza de que si no lo hacía iban a matar a sus familiares o a sus seres queridos”. Además, esta organización criminal también ejerció delitos sexuales en contra de la comunidad LGBTI, pues abusaron de varios de sus miembros para amedrentarlos y confirmar el poder que ostentaban.
En cuanto a la guerrilla, la violencia sexual se ejercía desde el reclutamiento forzado. Es decir, una vez las mujeres, en especial niñas y adolescentes, eran llevadas en contra de su voluntad a los campamentos de las Farc, debían someterse a sostener relaciones obligadas con los comandantes. Adicionalmente, señala Cabana que “dentro de la organización se establecen prácticas de aborto sin consentimiento y anticoncepción forzada”. En concreto, se les obligaba a planificar para no quedar embarazadas y en caso de estarlo se les practicaba el legrado sin su consentimiento.
Leonardo Cabana considera que estas prácticas se originan bajo la concepción de acabar con el enemigo a como dé lugar y denigrarlo en cualquiera de sus formas. Es decir, atacar a las mujeres que se asumía mantenía algún tipo de lazo familiar con el grupo contrario. Además, por una situación que define el funcionario de la Fiscalía y es que muchas veces estas comunidades víctimas no contaban con la presencia de hombres, pues los jefes de familia o se iban como combatientes de uno de los dos bandos o debían desplazarse debido a las amenazas. De esta manera “la unidad familiar quedaba sin el hombre o el esposo que ejercía alguna posición y las mujeres solas, desamparadas eran un blanco perfecto para que integrantes de cualquier grupo aprovecharan empezaran a atacarlas en las regiones”.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía adelanta imputaciones de cargos por violencia sexual en contra de los máximos comandantes de las Auc y Farc. Por ejemplo, Salvatore Mancuso tiene audiencia de imputación esta semana por 81 casos que se le atribuyen a raíz de ser el comandante del Bloque Norte, Catatumbo y Córdoba. Lo mismo ocurre con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien fue expulsado de Justicia y Paz y enfrenta 100 delitos de este tipo. Por la guerrilla se investiga a alias Martín Sombra y a alias Karina. Todos ellos protagonistas de esta barbarie.