Violencia sexual: razones absurdas con que archivaron denuncias a militares

Entre 1993 y 2016 se abrieron 206 procesos judiciales por presuntos delitos sexuales perpetrados por integrantes de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto, según un informe que la Fiscalía General entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz. El documento, revelado por El Espectador, dio cuenta de que 71 de esos casos terminaron en resoluciones de archivo, inhibitorias y preclusiones. Esas decisiones se tomaron por falta de pruebas, ausencias de exámenes médicos legales e incapacidad de identificar a los autores, pero también por razones que rayan en lo vergonzoso para u. Tema que exige tanta sensibilidad, como discriminación o que fueron ataques legítimos “para dar una lección de hombría”.

En el informe “Violencia basada en género cometida por miembros de la Fuerza Pública”, la Fiscalía puso en evidencia algunas barreras para poder judicializar a los posibles victimarios como la imposibilidad de identificar al agresor a través de fotos o filas de reconocimiento o por el hecho que la denuncia se interpuso tiempo después de los hechos. A estos factores se suma que, en algunos casos, se desestimaba la violencia sexual porque el examen médico legal no siempre era concluyente para “para establecer si se presentaron las circunstancias de agresión que configuran un acto de violencia sexual”. Razón por la cual los protocolos aseguran que la valoración de un hecho no se debe condicionar exclusivamente a la existencia de prueba física.