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30 Aug 2020 - 11:50 p. m.

Violencia sexual: una pandemia que un fallo de la Corte IDH busca frenar

Con el primer caso fallado sobre violencia sexual en instituciones educativas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones sociales y Petita Albarracín, madre de una niña que se suicidó tras ser abusada sexualmente en Ecuador, esperan que este fenómeno desaparezca en este país y en la región.
Petita Albarracín, mamá de Paola Guzmán, víctima de acoso sexual en un colegio de Ecuador. / Centro de Derechos Reproductivos
Petita Albarracín, mamá de Paola Guzmán, víctima de acoso sexual en un colegio de Ecuador. / Centro de Derechos Reproductivos

Entre las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra el caso de Paola Guzmán contra Ecuador. Hace 18 años, esta niña, quien entonces contaba con 14 años, se suicidó luego de que el vicerrector de su colegio en Guayaquil (Ecuador) abusara de ella en repetidas ocasiones. Su madre, Petita Albarracín, llevó el caso a las instancias internacionales en las que el Estado ecuatoriano resultó condenado. Hablamos con ella.

(En contexto: Paola Guzmán, el primer caso de violencia sexual en un colegio que llega a la Corte IDH)

¿Cuándo empieza a pensar en llevar el caso al sistema interamericano?

Se llevó a las instancias internacionales porque aquí en mi país nunca iban a hacer justicia. Nunca se han acercado las autoridades y fue así la única manera en la que se hizo justicia.

¿Cuál fue su reacción, la de su hija Denisse y su familia tras conocer la decisión de la Corte IDH?

En la familia estamos contentos, mi hija Denisse también, todos. Las tías han sido un apoyo para mis hijas y fue una alegría porque yo sabía que sí iban a apoyarnos, que sí iban a hacer justicia.

¿Cómo espera que fallo de la Corte IDH impacte en la sociedad ecuatoriana?

Yo espero que esto que le sucedió a Paola, que el acoso y violencia no vuelvan a ocurrir en escuelas y que esto se detenga porque no es justo que los violadores destruyan la vida de nuestros hijos. El Estado debe empezar a poner unas leyes más fuertes como en otros países.

¿Qué sacrificios implicó para usted llevar el caso a la justicia internacional?

Fue una cosa que nunca esperábamos. Saber que llegamos hasta esa instancia fue una sorpresa. Yo nunca esperé llegar allá porque siempre he sido una madre humilde que, sin mis abogadas, no iba a llegar hasta allá.

18 años después de la muerte de Paola, ¿cree que ha avanzado la justicia ecuatoriana para condenar los casos de violencia sexual?

Desde que murió mi hija nada ha cambiado porque siguió la violencia incluso con niños más pequeños. Ojalá que, con este fallo, eso cambié.

En el contexto actual, ¿cree que con el fallo de la Corte IDH se evite la repetición de episodios como el de su hija?

Claro que se puede, creo que hay más conciencia en las madres en torno a la violencia sexual en contra de nuestros hijos. Esta será una herramienta para evitar que más hechos como los de mi hija Paola vuelvan a ocurrir.

¿Cree que con la decisión de la Corte IDH finalmente se hizo justicia en el caso de su hija?

Si. Siempre luchamos por justicia y con el fallo de la Corte IDH yo veo que sí se hizo justicia, pero tenía que luchar hasta lo último.

¿Qué viene para ustedes luego de la decisión de la Corte IDH?

Estaremos tranquilas y aunque la lucha por mi hija finalizó, si hay alguna madre que quiera conversar conmigo o quieren saber cómo emprender la lucha, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) siempre estará dispuesto a ayudar a las madres. Ahora viviremos una vida sin preocupaciones. Estoy enferma entonces me haré algunos chequeos médicos y viviré una vida tranquila.

(Le puede interesar: Corte IDH responsabilizó a Ecuador por suicidio de joven abusada sexualmente)

Las abogadas Catalina Martínez, coordinadora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos y Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y acción de la Mujer (Cepam), concuerdan con las palabras de Albarracín. Las dos organizaciones estuvieron detrás del proceso y aseguran que hay mucho por hacer para que la violencia sexual en los entornos educativos termine.

Las juristas hablaron con El Espectador sobre el impacto del fallo y la situación de la violencia sexual en Ecuador y América Latina, flagelo que catalogaron como pandemia. El término no es para menos. Las cifras de Unicef muestran que el episodio vivido por Paola Guzmán en 2001, y que la llevo a la muerte en 2002, está lejos de ser un caso aislado.

De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, tres de cada 10 estudiantes menores de 18 años han sido acosados en escuelas y 1,1 millones de niños han experimentado violencia sexual en toda América Latina. Para Martínez, la situación es preocupante pues el 80 % de las violencias sexuales contra niños y adolescentes se concentran en víctimas de 10 a 14 años. Según la jurista ecuatoriana, en este país “seis de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia en la escuela y un 16 % de estas víctimas han considerado la posibilidad de suicidarse”.

Ante este panorama, el sistema judicial ecuatoriano parece no terminar por reaccionar. Hace 18 años, Petita Albarracín llevó el caso a los estrados judiciales en busca de justicia. Lejos de encontrarla, se topó con un aparato judicial machista y lleno de estereotipos basados en género. ¿El resultado? Paola Guzmán fue tildada de provocadora (a pesar de ser una niña) y el caso quedó en la impunidad.

(Le puede interesar: Joven que se suicidó tras ser violada por su vicerrector: el caso del que hoy oirá la Corte IDH)

Según Catalina Martínez, coordinadora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos, “el sistema de justicia falló en todos los niveles. El caso prescribió y lo único que sucedió fue la destitución del vicerrector, no por el abuso a Paola, sino por abandono de cargo. En este sentido, se utilizó el estereotipo para evadir la responsabilidad de la justicia y como se habló de que era una relación amorosa, que la adolescente sedujo al vicerrector, se tomó a Paola como alguien que no merece protección”.

Entre 2015 y 2017 se creó en la Asamblea de Ecuador la Comisión Aampreta. Allí las autoridades de este país les pusieron la lupa a los casos de violencia sexual en una academia militar en Quito (Ecuador) y, además, la investigación arrojó una cifra que sigue preocupando: en ese periodo, se registraron 4.884 denuncias por abuso sexual en instituciones educativas; 2018 fue el año más crítico, pues las denuncias aumentaron en un 50 %.

De acuerdo con la abogada del Cepam, Lita Martínez, “para nosotros hay un subregistro a causa de los estereotipos. Las mujeres no van a salir a denunciar por este temor a quedar expuestas, a ser revictimizadas y a que no haya una respuesta de justicia adecuada”.

Con el fallo, ambas organizaciones esperan que la situación cambie. De acuerdo con la Corte IDH, tras el fallo, Ecuador deberá publicar la sentencia y explicarla. Según Catalina Martínez, “esto es un acto simbólico muy importante porque ahora el Estado ecuatoriano tiene que explicar cómo es que opera la violencia sexual en las instituciones y en un acto público deberá explicar por qué vulneró derechos humanos en el caso de Paola Guzmán”.

El fallo no se queda allí, la sentencia llega en el momento justo para que en Ecuador empiecen las reformas. De acuerdo con Lita Martínez, “la respuesta integral debe estar sostenida con presupuesto y con una mirada amplia de enfoque de género que permitirá que se cumplan los estándares internacionales más allá del fallo. Esperamos que al ser una sentencia emblemática se genere un mejor nivel de reflexión y análisis. Es un cambio estructural que nos llama a todos. Recibimos con mucha expectativa las medidas que impondrá el estado ecuatoriano y estamos a la espera de diseñar una ruta conjunta entre el estado y la sociedad”.

(Lea aquí: Por primera vez, Estado colombiano pedirá perdón a lesbiana por discriminarla)

Ambas abogadas tienen claro que la sentencia no cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero sí es un paso importante. “Al establecer unos estándares obligatorios para los países adscritos, el fallo de la Corte IDH sin duda alguna se vuelve una herramienta de exigibilidad y para las organizaciones sociales, una herramienta política. Creo que permite que se abra la puerta para que se utilice, no solo en el Ecuador sino en otros países de la región”.

En la misma vía, la abogada Catalina Martínez señaló que “esta es una problemática tan grave que no puede tener una respuesta solamente en ámbito de justicia. Es importante que los agresores tengan condenas y sanciones, pero esto solamente no va a solucionar el problema de raíz. Hay que erradicar los estereotipos del sistema educativo y judicial y no normalizar los abusos a nuestros niños”.

En Colombia, el suicidio de Daniel Eduardo Osorio, un estudiante del colegio San Viator en Bogotá a raíz de los presuntos abusos que sufrió cuando era niño, dejó evidencia la violencia sexual en los colegios, un tema poco discutido en el país. Antes de quitarse la vida, Osorio reveló en cartas de su puño y letra la identidad de sus presuntos abusadores: sacerdotes del mismo colegio.

(Vea: Abuso sexual: ¿Qué pasó en el colegio San Viator?)

Además del caso de Osorio, otro estudiante de esta institución educativa realizó denuncias similares. Ante los micrófonos de la emisora W Radio, Nicolás Machete, estudiante de grado 11 en este mismo colegio en 2018, aseguró que uno de los sacerdotes abusó de él. De ambos casos, poco o nada se ha sabido desde entonces.

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