Las carpetas del expediente del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del presidente Gustavo Petro siguen llenándose de pruebas. Quienes llevan las riendas de la investigación, la primera en contra de un jefe de Estado, llevan meses recolectando evidencias que permitan fortalecer su teoría del caso: que el entonces candidato y sus alfiles en la contienda electoral violaron los topes y mintieron en sus cuentas oficiales. Mientras el caso avanza en la práctica de pruebas, la defensa del primer mandatario sigue insistiendo en que esa instancia judicial no puede investigarlo, pues tiene fuero constitucional y su juez es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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La más reciente movida en esa estrategia jurídica fue una tutela que presentó el propio Petro en contra de una decisión del Consejo de Estado que le dio vía libre al CNE para investigar al presidente. Aunque ese alto tribunal rechazó el recurso el año pasado, esta semana se conoció que la Corte Constitucional decidió seleccionarla para dirimir lo que considera un conflicto de competencias que tendría serias repercusiones en el ámbito nacional. La Corte no solo seleccionó la tutela, sino que, además, será la Sala Plena la que estudie el caso por su trascendencia jurídica. Los nueve magistrados del alto tribunal ya aprobaron que sean ellos los encargados de resolver el asunto, y no solo una Sala de Tutelas, que está compuesta por solo tres magistrados.
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Aunque hubo consenso en esa decisión, el expediente en la Sala Plena causó controversia por la participación activa de Vladimir Fernández Andrade, quien fuera, hasta diciembre de 2023, el secretario jurídico del Palacio de Nariño. El magistrado no solo fue quien seleccionó la tutela de su exjefe, sino que hace unos días presentó una polémica propuesta: suspender la práctica de pruebas y cualquier otra actividad en el CNE, en tanto la Corte Constitucional resuelve la tutela del jefe de Estado. El Espectador conoció detalles de esa proposición, que no ha sido aprobada por la Sala Plena, en parte porque hay colegas de Fernández que no están de acuerdo con que el exsecretario jurídico de Palacio participe en un proceso tan de las entrañas del presidente.
La tutela del presidente Petro
El recurso que hoy tiene encendido el debate en la Corte Constitucional es una tutela que el presidente Gustavo Petro firmó como un ciudadano más y radicó ante el Consejo de Estado el 23 de septiembre de 2024. En términos sencillos, lo que planteó fue que una decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese alto tribunal había vulnerado su derecho al debido proceso. El presidente se refería a que, cuando el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se “pelearon” el derecho a investigar al jefe de Estado, le pidieron a esa instancia judicial que resolviera quién debía hacerlo (a este asunto se le conoce como un conflicto de competencias).
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La Sala de Consulta resolvió la pelea el 6 de agosto del año pasado y despejó el camino para el CNE. No solo dijo que, al tratarse de un asunto administrativo como la investigación de las cuentas de una campaña, podía hacerlo el Consejo Nacional Electoral, sino que el fuero presidencial no se tocaba, pues era claro que, para los asuntos penales, la Comisión de Investigación seguía siendo el juez natural de los aforados. La decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil dio paso a un sinfín de discusiones jurídicas y políticas, pues hay una corriente de expertos que sostienen que el CNE no puede tocar a un presidente. Bajo ese argumento, el presidente presentó la tutela contra la decisión del Consejo de Estado.
El 2 de diciembre de 2024, la Sección Segunda del alto tribunal declaró improcedente el recurso y, con esa decisión, ya eran pocas las salidas que le quedaban al presidente para quitarle su investigación al CNE. Sin embargo, por el camino apareció un viejo conocido: Vladimir Fernández Andrade. El 28 de febrero pasado, el magistrado decidió seleccionar la tutela para la revisión de la Corte Constitucional. Lo hizo bajo dos criterios fundamentales. El primero, que se trata de un asunto novedoso, y el segundo, porque el alto tribunal podría definir una línea jurisprudencial (una especie de hoja de ruta para otros casos) que, para el magistrado, no es del todo clara: ¿hasta dónde va el fuero presidencial? ¿El CNE sí puede investigar a un presidente?
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La investigación del CNE contra el presidente Petro
Lo que están tratando de impedir el jefe de Estado y su equipo de abogados es que el Consejo Nacional Electoral lo juzgue y lo sancione. De lo que se conoce de ese expediente es que ya existen evidencias que llevaron al CNE a abrir una investigación formal en contra del presidente Petro y otros miembros de su campaña presidencial. Lo que sostiene esta instancia electoral es que la campaña presidencial de 2022 que llevó al primer mandatario a la Casa de Nariño habría recibidio dinero de fuentes ilícitas y aparentemente violó los topes permitidos por la ley colombiana. Además de Petro, el CNE ya les formuló cargos a cuatro personas naturales y a dos jurídicas.
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Entre los investigados están Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, como gerente de la campaña; Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, la tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, como auditores. En cuantos a las personas jurídicas, el CNE investiga a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica. El Consejo Nacional Electoral les puso la lupa a 12 hechos en los que, al parecer, la campaña Petro Presidente habría ocultado información y modificado facturas para reducir los precios de varios gastos y, de esta manera, no superar el tope de gasto. Según la ponencia, en el caso en cuestión, la campaña habría vulnerado ese techo presupuestal con un total de $4.400 millones. Los investigados niegan cualquier irregularidad.
El salvavidas del magistrado Fernández
Luego de seleccionar la tutela, el caso no tuvo mucho más movimiento durante un mes. El 25 de marzo pasado el expediente volvió a moverse. Ese día, María del Pilar Bahamón Falla, presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, le envió un memorial directamente a su colega de la Corte Constitucional con una petición puntual: que el expediente fuera puesto en conocimiento de la Sala Plena, pues, “dada la especial trascendencia del asunto, resulta de la mayor relevancia que la Sala Plena del máximo tribunal constitucional asegure precisión, unidad y cohesión en esta materia”. En seguida, el magistrado Fernández firmó dos decisiones. La primera, el 1 de abril pasado, en la que pidió buscar pruebas.
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Y la segunda, al día siguiente, para que la Sala Plena supiera del caso y aprobara estudiarlo entre todos. Sus colegas aceptaron. Sin embargo, en el punto en el que no han estado del todo de acuerdo es en la participación de Fernández, especialmente por ser el ponente. Las dudas en el alto tribunal se exacerbaron hace una semana, cuando el magistrado presentó la idea de suspender el proceso en el CNE en tanto la Corte se pronuncie. De acuerdo con el exsecretario jurídico de Palacio, se trata de una medida provisional que busca evitar un perjuicio irremediable e irreversible a los derechos del presidente, pues considera que se verían seriamente afectados si su exjefe es sancionado antes de que la Corte tome una decisión.
Fernández sostuvo ante la Sala Plena que la cuestión que debe resolver la Corte va mucho más allá de los intereses particulares de Gustavo Petro, pues no se trata solo de un expediente para proteger sus derechos, sino de un debate que puede afectar la investidura presidencial. Para el magistrado, es tan importante que el alto tribunal emita una decisión antes de que el CNE resuelva el caso que, en caso de no hacerlo, el país podría entrar en un escenario de crisis institucional. Una situación extrema con la que, incluso, el propio presidente ha amenazado con promover si los procesos no se resuelven como él lo busca. En la propuesta que presentó a la Sala Plena, el magistrado Fernández fue todavía más allá y dejó entrever su postura de fondo.
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Para el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la que debe encargarse de recibir y estudiar las denuncias contra el presidente. Según explicó Fernández, la Corte Constitucional ha señalado que se debe respetar un trato especial —llamado fuero constitucional— cuando se evalúan las acciones de ciertos altos funcionarios, como el jefe de Estado. Por eso, el magistrado considera que su antiguo jefe tendría razón al decir que el Consejo de Estado le vulneró el derecho al debido proceso, pues el CNE no tiene cómo investigar a una persona con fuero. Eso es, para Fernández, tarea de la Comisión de Acusación.
La propuesta de suspender toda la investigación del Consejo Electoral contra el presidente entró en reversa en la Sala Plena. No tanto por sus argumentos, sino porque hay magistrados que definitivamente no quieren a Fernández asomado en el expediente. Este diario conoció que esta semana algunos miembros de la Corte sugirieron pedir la rotación del caso, mecanismo que está previsto en el reglamento del alto tribunal que buscaría sacar al exsecrtetario jurídico de la tutela de su exjefe. Por ahora, esa propuesta no ha sido votada ni tampoco la idea de Fernández de suspender el caso del CNE. En todo caso, se avecina un candente debate que podría cambiar por siempre la investigación contra el presidente.
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