Voces a favor de tesis de que altos mandos militares facilitaron ingreso del M-19 al Palacio de Justicia
La Fiscalía General citó a los ministros del Gobierno de Belisario Betancur para aclarar detalles sobre la toma de la sede de las altas cortes.
Redacción Judicial
Un día después de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación investiga si altos mandos militares facilitaron toma del Palacio de Justicia, surgen voces a favor de dicha tesis, cuestionando la falta de seguridad para la fecha y la disminución del pie de fuerza en la sede de las altas cortes días previos al holocausto.
La exfiscal tercera delegada ante la Corte, Ángela María Buitrago apoyó dicha hipótesis indicando que la veracidad de esta podría ser comprobada en tanto que existe el ejemplo “del atentado contra el General Zamudio, el 25 de oct de 1985 (…) y por tal razón todo lo que estaba anunciando el M-19 se estaba llevando a cabo” y no se tomaron precauciones, tal como señaló en entrevista con Noticias Caracol. (Vea: Exfiscal asegura que militares permitieron ingreso del M-19 al Palacio de Justicia)
El exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla Pinilla, quien conformó la Comisión de la Verdad, se manifestó por la misma vía indicando que “cuando más se necesitaba esa vigilancia militar reforzada sobre el Palacio, por las amenazas que recaían sobre los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la levantaron”.
Este martes se conoció que Enrique Parejo, Noemí Sanín y Jaime Castro, ministros del Gobierno para la época de la toma del Palacio de Justicia, tendría que comparecer ante la Fiscalía para declarar por los hechos sucedidos durante noviembre de 1985.
El ente acusador buscaría establecer si éstos tuvieron conocimiento de que el M-19 se tomaría el Palacio y lo permitieron con el fin de acorralarlos y presionar su rendición o darlos de baja en medio del fuego cruzado. Esto después de que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, diera a conocer en entrevista con Noticias Caracol que el ente acusador se encuentra actualmente investigando si altos mandos militares facilitaron toma del Palacio de Justicia.
“Este es uno de los indicios sobre los cuales trabaja la Fiscalía General de la Nación para no descartar el hecho de lo que ha denominado la operación ‘ratonera’, que consistía en permitir el ingreso de miembros del M-19 para posteriormente darle muerte en la retoma”, indicó Montealegre.
Por su puesto las voces en rechazo a la tesis de la Fiscalía tampoco se hicieron esperar. La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez manifiestó profundo rechazo por la decisión de la Fiscalía contra los funcionarios del gabinete del entonces presidente Belisario Betancur, tildando las declaraciones del fiscal como “costosas para la sociedad y ofensivas con la dignidad de quienes han servido a la Nación” (Vea: Surge defensa de Noemí Sanín por citación de Fiscal en caso Palacio de Justicia)
“La defensa de las instituciones es obligación de todo colombiano y con mayor razón de aquellos que han recibido de las mismas todos los honores. Presumir lo contrario es una acusación grave que sólo en presencia de pruebas irrefutables en proceso judicial y no con calculado protagonismo mediático, tendrían interés histórico y razón de ser”, señaló Ramírez. (Vea: “Prefiero pensar que murió pronto y no encontrarlo vivo”)
Un día después de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación investiga si altos mandos militares facilitaron toma del Palacio de Justicia, surgen voces a favor de dicha tesis, cuestionando la falta de seguridad para la fecha y la disminución del pie de fuerza en la sede de las altas cortes días previos al holocausto.
La exfiscal tercera delegada ante la Corte, Ángela María Buitrago apoyó dicha hipótesis indicando que la veracidad de esta podría ser comprobada en tanto que existe el ejemplo “del atentado contra el General Zamudio, el 25 de oct de 1985 (…) y por tal razón todo lo que estaba anunciando el M-19 se estaba llevando a cabo” y no se tomaron precauciones, tal como señaló en entrevista con Noticias Caracol. (Vea: Exfiscal asegura que militares permitieron ingreso del M-19 al Palacio de Justicia)
El exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla Pinilla, quien conformó la Comisión de la Verdad, se manifestó por la misma vía indicando que “cuando más se necesitaba esa vigilancia militar reforzada sobre el Palacio, por las amenazas que recaían sobre los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la levantaron”.
Este martes se conoció que Enrique Parejo, Noemí Sanín y Jaime Castro, ministros del Gobierno para la época de la toma del Palacio de Justicia, tendría que comparecer ante la Fiscalía para declarar por los hechos sucedidos durante noviembre de 1985.
El ente acusador buscaría establecer si éstos tuvieron conocimiento de que el M-19 se tomaría el Palacio y lo permitieron con el fin de acorralarlos y presionar su rendición o darlos de baja en medio del fuego cruzado. Esto después de que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, diera a conocer en entrevista con Noticias Caracol que el ente acusador se encuentra actualmente investigando si altos mandos militares facilitaron toma del Palacio de Justicia.
“Este es uno de los indicios sobre los cuales trabaja la Fiscalía General de la Nación para no descartar el hecho de lo que ha denominado la operación ‘ratonera’, que consistía en permitir el ingreso de miembros del M-19 para posteriormente darle muerte en la retoma”, indicó Montealegre.
Por su puesto las voces en rechazo a la tesis de la Fiscalía tampoco se hicieron esperar. La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez manifiestó profundo rechazo por la decisión de la Fiscalía contra los funcionarios del gabinete del entonces presidente Belisario Betancur, tildando las declaraciones del fiscal como “costosas para la sociedad y ofensivas con la dignidad de quienes han servido a la Nación” (Vea: Surge defensa de Noemí Sanín por citación de Fiscal en caso Palacio de Justicia)
“La defensa de las instituciones es obligación de todo colombiano y con mayor razón de aquellos que han recibido de las mismas todos los honores. Presumir lo contrario es una acusación grave que sólo en presencia de pruebas irrefutables en proceso judicial y no con calculado protagonismo mediático, tendrían interés histórico y razón de ser”, señaló Ramírez. (Vea: “Prefiero pensar que murió pronto y no encontrarlo vivo”)