Dos de los peores escándalos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en un momento se cruzaron teniendo como protagonista a la controvertida Yidis Medina Padilla, volvieron a reactivarse paralelamente en los últimos días. De un lado, la excongresista que vendió su voto en junio de 2004 para aprobar la reelección presidencial, acaba de recobrar la libertad luego de que el Tribunal Superior de Bucaramanga la absolviera dentro de un proceso que ella siempre calificó como una retaliación por sus confesiones a la justicia. Del otro, dos personajes claves de las interceptaciones ilegales del DAS y el espionaje a la Corte Suprema de Justicia continúan delatando a sus exjefes y colaboradores.
Dos expedientes que terminaron por juntarse cuando el DAS percibió la gravedad de las denuncias de Yidis Medina sobre las irregularidades en el trámite del proyecto que le permitió al entonces presidente Uribe seguir de largo en la Casa de Nariño por cuatro años más. Desde octubre de 2007, cuando la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, el DAS empezó a desarrollar una estrategia ilegal para infiltrar el alto tribunal, conocer de primera mano sus pesquisas sobre la parapolítica y desacreditar a varios magistrados por sus relaciones insuficientemente aclaradas con dos personajes polémicos: el empresario Ascencio Reyes y el narcotraficante Giorgio Sale.
En abril de 2008, al escándalo parapolítico se le sumó el controvertido caso de la yidispolítica, conocido así por las denuncias de la exrepresentante santandereana sobre las maniobras de cuatro altos funcionarios de Presidencia para sacar a como diera lugar un proyecto de ley que prácticamente estaba hundido. Se trató de los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y de los secretarios generales de Presidencia Alberto Velásquez y Bernardo Moreno Villegas. Yidis se autoincriminó y por el delito de cohecho (soborno) fue condenada a 47 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2008. Es decir, cuatro años después de que ferió su voto. Al mismo tiempo, el alto tribunal calificó como espuria la reelección, ya que ésta se había obtenido gracias a las dádivas que entregó el gobierno a Medina. Y fue Troya.
Álvaro Uribe Vélez, el mismo día que conoció el fallo de Yidis Medina, convocó a una rueda de prensa, calificó a algunos magistrados de la Sala Penal como unos nostálgicos del terrorismo y convocó a un referendo para refrendar su reelección, una idea que pronto desechó. Ya en ese momento la pugna entre Uribe y la Corte era gigante. El DAS, según han confesado Alba Luz Flórez, más conocida como la ‘Mata Hari’, y su jefe en la Dirección de Fuentes Humanas, William Romero, han testificado que el organismo de inteligencia buscó a toda costa desprestigiar a Yidis Medina y relacionarla con grupos guerrilleros en Santander. Un contexto necesario para entender la absolución de Medina por el secuestro de dos funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja y un diputado de Santander.
Justamente cuando purgaba en su casa la pena de 47 meses impuesta por la Corte Suprema, un fiscal de la Unidad Antisecuestro le inició un proceso por el plagio ocurrido el 21 de diciembre de 2000 del secretario de Hacienda de Barrancabermeja, Ricardo Sequea, el tesorero, Juan Carlos Carvajal, y el diputado Luis Fernando Guarín, perpetrado por el Eln. En esencia, Medina fue acusada de haber promovido el secuestro de estas tres personas para “procurar el pago de las obligaciones de la Alcaldía a favor de la Cooperativa Integrar”, que asesoraba Yidis Medina. La deuda, supuestamente, era de $500 millones. Desde que volvió a prisión a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por este caso, Yidis Medina se declaró una perseguida política por sus confesiones sobre el gobierno Uribe.
“Acabaron con mi vida”, resumió Yidis Medina en múltiples entrevistas para afirmar que haber delatado a los exministros y a los exsecretarios de Presidencia, hoy en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por este escándalo, se le volvió un infierno. El Juzgado Segundo Penal de Bucaramanga la condenó a 32 años de prisión en primera instancia el año pasado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bucaramanga acaba de exonerarla al evidenciar que los testigos en su contra no fueron contundentes, que había vacíos en la investigación de la Fiscalía y que no había forma de condenar a Yidis Medina por estos hechos. El exdiputado del Valle Sigifredo López, quien organizó una fundación para defender inocentes después de que vivió su propio drama con la justicia, siempre reivindicó que lo de Medina era una retaliación. Este reciente fallo parece confirmar esa tesis.
Y revive otros fantasmas. Por ejemplo, el exfuncionario del DAS William Romero declaró ante la Corte Suprema que en medio del escándalo de la yidispolítica, agentes de inteligencia distribuyeron un afiche con una foto de Medina en la que aparecía la bandera del Eln. Según el testigo, esta operación tuvo el consentimiento de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, hoy asilada en Panamá y procesada por las ‘chuzadas’. Así mismo, se ha testificado que se usaron dineros de gastos reservados para pagar este descrédito a Medina. De hecho, existen evidencias de que el DAS, con conocimiento de Hurtado, le pagó $20 millones al fotógrafo Jesús Villamizar para que la relacionara con el Eln.
Mientras Yidis Medina recupera su libertad, William Romero y Alba Luz Flórez, los dos exdetectives del DAS que planearon la infiltración a la Corte Suprema de Justicia y le plantaron grabadoras a sus salas plenas, continúan con su dedo acusador enlodando a sus colaboradores. Romero ha declarado que de toda esta infiltración el beneficiario era el presidente Álvaro Uribe y que incluso, a través de María del Pilar Hurtado, el jefe de Estado les habría extendido felicitaciones por su trabajo como espías en la Corte. Contrariamente, Álvaro Uribe Vélez se ha mostrado ajeno a cualquier responsabilidad en estos episodios, ha declarado que siempre ha obrado dentro del marco de la ley y la Constitución, y ha defendido su inocencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que abrió una investigación en su contra.
Alba Luz Flórez, la ‘Mata Hari’, desde el año 2010 le narró a la Fiscalía en detalle la denominada ‘Operación Escalera’, como fue llamada este gigantesco plan de espionaje y desprestigio a los magistrados de la Corte. Según ella, reconquistó a un antiguo exnovio de la Policía de nombre Julián Laverde, exjefe de seguridad del Congreso, para que le presentara oficiales encargados de la seguridad de los magistrados y con acceso a los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Así logró infiltrarse y a todos los oficiales y suboficiales que custodiaban a los juristas les repetía lo mismo: “Usted le debe lealtad es al presidente”. Pronto obtuvo expedientes reservados, gracias a la colaboración de agentes como Manuel Pinzón Casallas, quien era el conductor del magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de las investigaciones de la parapolítica.
Después convenció a dos señoras de servicios generales de la Corte Suprema llamadas Blanca Janeth Maldonado y María Torres para que le contaran todas las infidencias de las salas plenas y de las reuniones privadas de los magistrados en la Corte. Como la información era tan buena, les entregó un pequeño dispositivo para grabar a la Sala Plena y así se lograron conocer muchas intimidades de las discusiones en el alto tribunal. De nuevo, como en el caso de Yidis Medina, se usaron dineros de gastos reservados para financiar estas actividades y las fuentes que entregaban esta información. Así se sacaron copias de los procesos en contra de los excongresistas Piedad Córdoba, Wilson Borja y Nancy Patricia Gutiérrez, así como declaraciones realizadas por paramilitares desde Estados Unidos. La ‘Mata Hari’ señaló que uno de los objetivos trazados era obtener el proceso del primo del “Uno”, es decir, de Mario Uribe.
Ambos testigos también resaltaron que había solicitudes del alto gobierno de verificar informaciones sobre magistrados que tenían supuestos nexos con el narcotraficante italiano Giorgio Sale y con el empresario Ascencio Reyes. Este último tuvo negocios con alias ‘Chepe Barrera’, un capo que resultó extraditado a los Estados Unidos. Tanto Reyes como Sale tenían buenas relaciones con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, hasta hoy, poco se conoce de investigaciones en contra de Reyes, quien en su momento se presentaba como amigo íntimo del fiscal Mario Iguarán. Las acusaciones de William Romero y Alba Luz Flórez han sido ventiladas durante el juicio a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado en los últimos días.
Hoy, tanto la yidispolítica como el escándalo del DAS vuelven a protagonizar el escenario judicial. Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, Sabas Pretelt y Diego Palacio sostienen con vehemencia su inocencia. En una declaración ante la Comisión de Acusación, el expresidente Uribe señaló que no se debía confundir el soborno con la participación en política. De todas formas este último round lo ganó la excongresista santandereana que delató a los altos exfuncionarios del gobierno Uribe. Entre tanto, sobre el caso de las ‘chuzadas’, en donde también está procesado Bernardo Moreno, este último reivindica que jamás obró ilegalmente. María del Pilar Hurtado se ha negado a dar explicaciones y se ha declarado una perseguida política.
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Por Juan David Laverde Palma
